BARCELONA // En una de las últimas intervenciones en la comisión de investigación del Parlament sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras, le ha tocado el turno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Después de que hayan pasado por la cámara catalana gestores y exresponsables de entidades como Rodrigo Rato (Bankia) y Alfons Todó (CatalunyaCaixa), este lunes ha sido el turno de la portavoz de la PAH, Ada Colau.
Tras exponer un crudo relato de la extrema situación que afecta a los casi ya 500.000 desahuciados que ha habido en España desde que se inició la crisis, Colau ha pedido a la Generalitat de Catalunya que se persone como acusación particular en los procesos judiciales abiertos por ejecuciones hipotecarias. En ese sentido, ha criticado que la Administración catalana se esté personando en procesos derivados de “pequeños disturbios” en manifestaciones “y no cuando las entidades financieras han hundido la vida de miles de personas en Cataluña”.
Y es que Cataluña concentra dos de las situaciones que afectan especialmente al Estado español en materia de vivienda. Es la región donde ha habido un mayor número de ejecuciones hipotecarias y también la zona que concentra más viviendas vacías. “Somos tan excepción que incluso países muy neoliberales (EEUU) se escandalizan por lo que están pasando en el Estado español”, ha señalado Colau.
Colau ha vuelto a poner sobre la mesa las demandas de mínimos que lleva defendiendo la plataforma en los últimos años y que se incluyeron en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la mayoría absoluta del PP acabó esquilmando en el Congreso de los Diputados. “El alquiler social, la moratoria de los desahucios y la dación en pago es algo imprescindible, y que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno”, ha indicado Colau, que ha puesto como ejemplo los seis meses de moratoria que se aplican en Francia durante la época de frío.
La venta de pisos públicos, “una nueva burbuja”
La portavoz de la PAH ha pedido que se pare la venta de pisos públicos que, entre otras administraciones, está llevando a cabo la Generalitat; y ha instado a los representantes políticos catalanes a que “actúen”. “La gente no puede esperar más. No tienen donde vivir a pesar de que miles de viviendas vacías se acumulan en manos de entidades financieras y fondos buitres”. Colau ha alertado de que la venta de edificios a fondos buitre, que convierten las viviendas en nuevos productos financieros, conllevará que se genere una nueva burbuja y provocará más desahucios. «Están sentando las bases de una nueva burbuja y una nueva oleada de desahucios», ha sentenciado.
La representante de la PAH ha vuelto a denunciar la “estafa organizada, con responsables concretos del sector financiero, y también del ámbito político” que se ha materializado en cláusulas abusivas, maltrato al cliente y engaño, no solo en los contratos hipotecarios, sino también en la venta de productos como las participaciones preferentes. “Ha habido periodistas de multitud de países que no nos creían hasta que han visto de primera mano lo que está sucediendo aquí”, ha asegurado Colau.
“Desde la ciudadanía actuaremos cada vez más organizadamente para garantizar la tutela de derechos”, ha asegurado Colau, que ha extendido una “invitación sincera” a los representantes para que acudan a las reuniones de las plataformas, “a título individual y sin cámaras”, “para que sean testigos del drama al que nos enfrentamos en el día a día y la lección de dignidad y de apoyo colectivo”.
En la sesión de esta mañana también comparecerán en el Parlament representantes de organizaciones de consumidores como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras (Adicae), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Cataluña, Facua, Consumidores en Acción, la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y la Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC). El secretario general de esta última, Jofre Farrés, ha denunciado la “dejadez” de los mecanismos supervisores y reguladores de las entidades, “que han dado carta blanca a las entidades financieras para que hicieran lo que quisieran”.
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