MADRID // “Tanto los medios de comunicación como la opinión pública consideran que la ley integral contra la violencia de género fue un éxito, cuando la realidad esconde una violencia silenciada de una parte del sistema judicial hacia las mujeres maltratadas». Con esta contundencia, el colectivo feminista Las Tejedoras ha querido denunciar la ineficacia en la aplicación de esta norma para proteger y apoyar a las víctimas de malos tratos que denuncian su situación por la vía penal.
Con el objetivo de dar a conocer esta realidad, las integrantes de este colectivo presentaron el pasado domingo un cortometraje, protagonizado por ellas mismas, en el que, a partir de casos reales, aparece como paradigmática la historia de una mujer maltratada. La falta de apoyo, la ausencia de un asesoramiento especializado y los prejuicios de los que parten algunos de los agentes judiciales son el hilo conductor de La última gota que, mediante una parodia, desnuda la incompetencia de un sector del sistema judicial a la hora de luchar contra la violencia de género.
La Última Gota (trailer) from Las Tejedoras on Vimeo.
Según una de las integrantes de Las Tejedoras, Rocío Lleó, su objetivo es “visibilizar que no se atiende de manera adecuada a las mujeres que denuncian un maltrato. La Ley 1/2004 Integral contra la Violencia de Género, aunque con algunas carencias, es un texto bastante completo, y sin embargo las promesas que esa norma contiene respecto a la especialización no se están cumpliendo». Entre otras cuestiones, la ley contempla que desde el momento en el que se interpone una denuncia las mujeres cuenten con el asesoramiento de un abogado pero, entre los recortes y la ineficiencia en la aplicación de la norma, en muchos de los casos la primera vez que se ven es en los juzgados el día de la vista.
Otro de los puntos en los que incide esta norma es en la especialización de los fiscales, los abogados y los jueces. Según afirma este colectivo, “a los letrados se les exige acudir a cursos presenciales de 60 horas y a los jueces, aprobar un cursillo online mientras que los especialistas hablan de, al menos, dos años de formación para especializarse». María Naredo, otra de las personas que forman parte de Las Tejedoras, añade que “lo ideal sería que desde las universidades existiera una rama de especialización como lo hay con menores o derecho laboral. Pero también deberían de recibir formación sociológica, antropológica y cultural para entender en profundidad sobre qué problema están trabajando».
Más grave aún de la falta de preparación específica por parte de quienes se dediquen a resolver casos de violencia de género es la actitud de una parte de estos profesionales. Beatriz Sevilla, también de Las Tejedoras, cuenta que “nadie habla sobre la violencia que el propio aparato judicial ejerce sobre las mujeres. Hay muchos casos de prejuicios entre quienes trabajan en los juzgados, que condenan a las víctimas porque las ven como sospechosas que van con la intención de sacar algún tipo de ventaja o provecho».
Y es que, a pesar de que menos del 0,1% de las denuncias que se han realizado por malos tratos son falsas, es uno de los mensajes que más ha calado en la sociedad. Según cuenta Naredo, la mayoría de las veces no es que las denuncias sean falsas, sino que se acaban archivando. De hecho, desde la implantación de los juzgados de violencia de género, hace siete años, se han incrementado los sobreseimientos (archivo de denuncias por falta de pruebas) en un 158%. “Es un círculo vicioso», explica Naredo. “Desde la fiscalía no se impulsa lo suficiente la investigación, como puede hacerse en el caso de un atraco, para averiguar si efectivamente ha habido maltrato. Y cuando no se investiga, los jueces obligan a las mujeres agredidas a aportar las pruebas. Sin embargo, los casos de violencia psicológica o sexual son complicadísimos de probar. Este proceso tiene como resultado que el agresor quede impune, lo que alimenta la leyenda de las denuncias falsas, y al final las víctimas son quienes se quedan sin protección judicial sobre la base de un prejuicio».
Una de las exigencias clave de este colectivo es la de la necesidad de poner medios para evitar que el proceso de denuncia suponga para las mujeres una nueva experiencia de maltrato. Beatriz Sevilla lamenta que en algunos juzgados partan de prejuicios que “cuestionan la veracidad de la versión de las víctimas desde el primer momento y al final la mujer termina siendo víctima de nuevo porque se sospecha de ella y se la hace sentir culpable por haber denunciado».
La vía penal como única salida
A este problema hay que añadirle que, como se afirma desde la mayoría de los ámbitos, la única salida que tienen estas mujeres es la denuncia penal. María Naredo señala que las instituciones o los medios de comunicación empujan a las mujeres a la denuncia con frases como “si no denuncias no puedes hacer nada“ o “otra mujer muerta sin denunciar», como si ella fuera la responsable de su asesinato. Pero para Naredo “el Estado no son solamente los jueces y la policía. Las instituciones responsables de garantizarnos los derechos también son los centro de salud, las escuelas donde van los hijos de los maltratadores o los servicios sociales“.
Asimismo, considera que la vía penal debería ser el último recurso del Estado para abordar una situación de violencia de género, no el único. “Nos rebelamos contra la verdad asumida de que si las mujeres no denuncian no hay nada que hacer. Claro que se puede hacer mucho. Por ejemplo, mientras que a la denuncia penal únicamente llega el 23% de las mujeres maltratadas, el 100% acude a su médico de cabecera. Por tanto es en todas esas otras vías en las que tiene que estar la respuesta del Estado, además del sistema penal».
Por otro lado, también puede darse el caso de que haya victimas de violencia de género que no quieran denunciar. María Naredo habla de que, aunque el maltrato es una violación de los derechos humanos, un delito, hay mujeres que no quieren llegar a la vía penal para emanciparse de esos agresores. Por ejemplo las migrantes en situación irregular, que tienen miedo de que las expulsen del país, o las que llevan 60 años conviviendo con el maltratador y no tienen fuerza para afrontar el proceso judicial.
Desde Las Tejedoras consideran que la orden de alejamiento, en muchos casos, parece un “título habilitante» para acceder a las garantías que contempla la ley integral, como el acceso a ayuda psicológica, a recibir atención de los servicios sociales o a ingresar en casas de acogida. Cuando se da esta situación, las víctimas del maltrato más difícil de probar quedan desprotegidas. Es el caso de la violencia social (aislar a la mujer del su círculo de amigos y su familia), la psicológica y la sexual, así como el de aquellas que prefieren, simplemente, separarse de su agresor. Es decir, que la vía penal como la única solución se muestra incompleta para la magnitud de esta realidad.
La contra-denuncia
Existen todavía otras dos situaciones adversas a la que deben enfrentarse muchas mujeres cuando deciden denunciar a su agresor. La primera pasa por la presión que reciben por parte de algunos agentes judiciales para que se retracten. En Las Tejedoras conocen varios casos en los que, una vez que la denuncia se resuelve a su favor, les advierten de las consecuencias que la orden de alejamiento puede tener. No para ellas, sino para su agresor. En muchas ocasiones les advierten de que van a ponerle una orden de alejamiento a su pareja, y les piden que se lo piensen porque es una medida que coarta su libertad. También hay algunos que insisten en que, según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tiene obligación de testificar, lo que puede llegar a generar un sentimiento de culpa en las víctimas.
Por otro lado, según aseveran desde este colectivo, existen foros en los que participan los maltratadores donde se les aconseja sobre las diferentes formas que tienen de librarse de una condena. Una de ellas es la contra-denuncia. Esto quiere decir que los agresores, una vez saben que han sido denunciados, se presentan a su vez en los juzgados para hacer lo propio contra sus víctimas con pruebas de arañazos o mordiscos, producto de los intentos de las mujeres por defenderse de las palizas. Una estrategia que, a juzgar por las 651 victimas de maltrato condenadas entre 2011 y 2012, parece ser eficaz.
Uno de los casos de los que hablan en este colectivo es el de una mujer dominicana que fue condenada por violencia de género a ocho meses de cárcel. A su agresor lo condenaron a nueve meses de prisión. Como ninguno de los dos tenía antecedentes penales, conmutaron sus respectivas penas por un curso para maltratadores al que los dos tuvieron que acudir. Su agresor realizaba los talleres previstos en un aula, junto al resto de hombres que habían sido condenados. Ella, la única mujer, la víctima de los malos tratos, tuvo que dedicarse a realizar test en una habitación aparte en lugar de dedicar su tiempo a recuperarse de la agresión sufrida.
La Marea es editada por una cooperativa de periodistas y lectores
Suscríbete aquí para ayudarnos a hacer sostenible este proyecto
