Juristas y sindicatos acusan a Rajoy de querer “limitar” el derecho a la huelga

Mariano Rajoy ha anunciado que el Gobierno estudia modificar el decreto que regula este derecho recogido en la Constitución

La iniciativa del presidente del Gobierno de reformar la ley de huelga para regular los servicios mínimos no ha caído bien. Ni los sindicatos, ni los colectivos de abogados y juristas encuentran apropiado el contenido de la reforma ni tampoco el momento en el que se ha decidido emprenderla. Tampoco los partidos políticos de la oposición que le acusan de “oportunista” y de seguir los mandatos de Ana Botella, que abogó por limitar ese derecho tras el éxito de la huelga de los servicios de limpieza de Madrid.

“Soy partidario de una ley de servicios mínimos, para que se cumplan”, explicó Rajoy para quien “hay que hacer compatible el derecho a la huelga y la libertad de los ciudadanos”, unas declaraciones Estas declaraciones que Raúl Maillo, de la asociación libre de abogados (ALA), ve como una “forma de imponer unos servicios mínimos que los tribunales, una y otra vez, declaran excesivos”.

Para Maillo, “se busca limitar el derecho a huelga” . El portavoz de ALA  vincula esta idea “con el momento en el que se hace, con el éxito de la huelga de basuras y cuando se pretenden coartar otros derechos con la Ley de Seguridad Social Ciudadana o la reforma del Código Penal”.

Comisiones Obreras y UGT también han rechazado la reforma. Para el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Gorriz, ésta “no puede hacerse en caliente” y hay que preservar “el derecho a huelga, que es un derecho constitucional”. Desde UGT, aseguran que imponer este tipo de normas sería “claramente antidemocrático e ineficaz socialmente” y apuntan a que se buscan soluciones rápida “para los problemas sociales provocados por la mala gestión de los poderes públicos”.

Los partidos políticos de la oposición también han mostrado su oposición a la reforma. Tanto desde el PSOE, que pide un gran pacto social “en frío”, como desde la Izquierda Plural, que acusa al Ejecutivo de “intentar acabar con las huelgas y criminalizar la protesta”.

Quien sí ha apoyado a Rajoy -además de Ana Botella, de quien parte la propuesta-, es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ironizó al asegurar que “a veces no pasa nada por regular el sentido común”.

Una ley de 1977

El Real Decreto 17/1977 es la norma que regula el derecho a la huelga. En su articulado se establece que “el comité de huelga habrá de garantizar durante la misma, la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa”.

A continuación se establece que “corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios”. Este artículo fue declarado inconstitucional por una sentencia de abril de 1981 al considerar el Tribunal Constitucional que “atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones”.

Éste es precisamente el artículo que ahora pretende modificar el gobierno de Mariano Rajoy aduciendo que la ley está obsoleta al datar de 1977. Los juristas consultados por La Marea aseguran que “hay muchas leyes más antiguas, por lo que eso no es el problema, sino el momento elegido”.

El abogado Raún Maillo se pregunta si la nueva norma, “ya constitucional”, exigirá “que no se excedan los servicios mínimos” o si a, través de ella, “dará mecanismos a los jueces para que actúen contra las coacciones de las empresas a los trabajadores”.

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