El martes 19 de noviembre el Gobierno de Extremadura anunció la concesión de un préstamo de 125 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a las arcas públicas de la región. El consejero de Hacienda, Antonio Fernández, describió ante los periodistas la finalidad de este préstamo, de forma sumamente genérica, como “para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, empleo, formación y en menor medida, obras”.
En la -escasa- documentación que el BEI pone a disposición en su web, este préstamo parece tener un carácter finalista mucho mejor definido. De hecho, parecen ser dos, y no uno, los préstamos solicitados por Extremadura y concedidos por el BEI, y ambos coinciden en tener como finalidad el sistema público extremeño de salud:
1. HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA, por valor de 65 millones de euros, solicitado el 4 de marzo de 2013 y concedido el 12 de julio del mismo año, dedicado a la construcción del nuevo hospital Don Benito-Villanueva y la adecuación urbanística y productiva de su entorno:
El proyecto consiste en el reemplazo del anticuado edificio existente y la construcción en el mismo lugar de un edificio adecuado para prestar un moderno servicio de salud. Pretende, además, incrementar el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, además de apoyar la renovación y regeneración urbana (incluyendo el apoyo al sector sanitario).
Se indica además que la entidad se halla a la espera de la definición y negociación del proyecto para la liberación del crédito.
2. EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL, por valor de 150 millones de euros, solicitado el 5 de septiembre de 2013 y aprobado el 25 de octubre del mismo año, descrito inicialmente como de finalidad diversa [“multi-sector multi-scheme operation”], en unos términos que podrían aproximadamente coincidir con los empleados por el consejero de Hacienda extremeño, pero que en un segundo párrafo especifica su finalidad en la sanidad pública:
Los principales objetivos de este plan son un desarrollo más sostenible de la prestación de servicio público mediante la integración de servicios sanitarios a través de los distintos niveles de cuidados y el refuerzo de la investigación y desarrollo
El contraste entre la información ofrecida por el Gobierno de Extremadura y la ofrecida por el BEI resulta, cuando menos, llamativo. Respecto al préstamo EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL, llama la atención que el consejero de Hacienda soslaye toda referencia al que el BEI define como uno de sus “objetivos prioritarios”, el Servicio público Extremeño de Salud (SES). ¿Por qué?
Quizás esa pregunta encuentre también su respuesta en las circunstancias que envuelven el préstamo HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA, donde la intervención del BEI viene a entroncar con el proceso de apertura al sector privado del SES emprendido por el ejecutivo del Partido Popular presidido por José Antonio Monago, con la complicidad necesaria del grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura.
En septiembre de 2012, el presidente Monago anunció que los nuevos hospitales de Cáceres (ya mediada su construcción) y Don Benito-Villanueva (aún en proyecto, tras un prolongado conflicto entre ambos ayuntamientos por su ubicación definitiva) se abrirían al capital privado para su construcción y para la explotación de sus servicios no sanitarios. La presentación del pliego de condiciones para el hospital Don Benito-Villanueva, prevista por el Gobierno regional para comienzos de 2013, no se ha producido al momento de redactar estas líneas.
Este retraso en la licitación parece responder al desinterés o incapacidad del sector privado de acometer una inversión de este calibre (según la ficha del BEI, 136 millones de euros), y la posterior petición del préstamo al BEI, a la necesidad del Gobierno extremeño de enmendar su estrategia de financiación. Es oportuno recordar que, entre otras medidas de recorte en la sanidad pública, el cierre o restricción de servicio de varios Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales ha motivado importantes protestas contra el gobierno del PP, que han terminado por salpicar también a la oposición complaciente de Izquierda Unida, y para ambos partidos resultaría sumamente beneficioso encarar el próximo ciclo electoral con las obras de ambos hospitales en progreso visible. Pero, del mismo modo que la sociedad extremeña no ha recibido ninguna información acerca de las propuestas y procesos negociadores de su Gobierno frente al BEI, tampoco ha tenido noticia de que su financiación pública suponga también la reversión de aquellos planes de privatización.
En este sentido, es importante también hacer algunas precisiones sobre la naturaleza y actividad del BEI. En los análisis y programas económicos (incluso en los elaborados por parte de la izquierda política y sindical) el BEI, dedicado a la financiación de la actividad productiva, parece gozar de mayor prestigio y confianza que el profundamente desacreditado Banco Central Europeo y sus tejemanejes monetarios y financieros. Sería un retrato parcial de la institución y su trayectoria. Creado el 1958 como entidad de promoción territorial y desarrollo humano, el BEI ha incurrido en prácticas opacas de resultados dudosos, como documenta la organización independiente CEE Bankwatch Network en un informe [http://bankwatch.org/our-work/who-we-monitor/eib], que detalla como el organismo “frecuentemente desatiende los aspectos medioambiental y social de sus inversiones, mantiene una fuerte reticencia a compartir información con el público y carece de una plantilla suficiente como para monitorizar efectivamente sus proyectos”. Asimismo, una coalición de oenegés internacionales publicó en 2006 un informe titulado El Banco Europeo de Inversiones en el Sur. ¿En interés de quién?, que sometía a un exhaustivo análisis las inversiones del BEI fuera de la UE, denunciando su tolerancia ante la explotación laboral y la devastación medioambiental, y su papel de caballo de Troya de las multinacionales europeas, sistemáticamente afín a los postulados neoliberales de privatización de bienes comunes y servicios públicos y depreciación de la fuerza de trabajo, además de su sistemático secretismo:
El BEI es una de las instituciones de la UE menos transparente y menos responsable en materia de rendición de cuentas. En este informe se demuestra como el BEI niega la información pertinente al público, incluso cuando el Banco está revisando la posibilidad de financiar un proyecto, o la información relativa a las evaluaciones de impacto ambiental y social. El Banco considera que son sus clientes quiénes tienen el control sobre el acceso a la información relacionada con los proyectos.
La financiación de servicios e infraestructuras sanitarias públicas no figura entre los objetivos propios del BEI, como el propio organismo reconoce en sus fichas: “los hospitales no están específicamente mencionados en la Directiva comunitaria 2011/92; sin embargo el proyecto puede ampararse en el Anexo II de la directiva en relación al desarrollo urbano”. Sin embargo, el caso de Don Benito-Villanueva no es excepcional: el BEI ha concedido un préstamo de 180 millones a la Xunta de Galiza para la construcción del nuevo hospital de Vigo, un Titanic sanitario de 1.000 millones de euros, iniciado como proyecto público por el gobierno bipartito PSdG-BNG, transformado en IFP (Iniciativa de Financiación Privada) por el actual gobierno del PP y aún por concluir a falta de empresas interesadas, lo que ha provocado importantes protestas en la ciudad, y otro préstamo de 85 millones al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, igualmente envuelto en un proceso de privatización (apenas) encubierta contestado por fuerzas políticas progresistas, sindicatos y entidades de la sociedad civil cántabra con protestas en la calle.
¿Son suficientes estos tres casos para preguntarse si el BEI está, con estas decisiones de crédito, fomentando estratégicamente los procesos de privatización de la sanidad pública en España? ¿Puede estar el BEI trasladando al interior de la UE las mismas prácticas denunciadas en sus inversiones en África o América Latina? De ser así, el Gobierno de Extremadura habría encontrado un estimulante socio de 190 millones de euros para acompañar su estrategia de privatización del sector público sanitario de la región más empobrecida de España.
