BARCELONA // La brutal carga policial que se llevó a cabo en la acampada del 15-M en la plaza de Cataluña de Barcelona sólo ha conllevado, hasta la fecha, un juicio de faltas contra un agente de los Mossos d’Esquadra. Este lunes se ha celebrado la vista contra el subinspector del Área de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos Jordi Arasa, acusado de una falta de lesiones y otra de vejaciones por ser el autor de los golpes que recibió el diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) David Fernández durante el desalojo.
Se da la circunstancia de que sólo en este caso, una de las muchas agresiones policiales que se vivieron en la mañana del 27 de mayo del 2011 en la céntrica plaza barcelonesa, ha sido posible identificar al agresor. La querella colectiva presentada por 57 afectados por las cargas, entre ellos el propio David Fernández, continua su proceso en los tribunales, pero de momento no ha conllevado la imputación de ningún otro policía. Según fuentes judiciales, el juez ha practicado las diligencias oportunas para identificar al presunto autor de los golpes de forma rápida y eficaz en el caso que afectaba a Fernández, pero esta diligencia no se ha dado también con el resto de afectados.
“Que a estas alturas no haya ningún mosso expedientado por lo que pasó el 27 de mayo en el desalojo de plaza de Cataluña avala la impunidad en este país”, ha criticado Andrés García, representante de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. “Que de tantas agresiones, vulneración del derecho de manifestación y reunión, y situaciones de maltrato psicológico que se vivieron en la plaza, haya sólo un juicio de faltas, es un insulto a la ciudadanía”, ha sentenciado.
La querella colectiva se dirigía principalmente contra el entonces conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, y el director de los Mossos d’Esquadra, todavía en activo, Manel Prat, los máximos responsables de una operación que justificaron por motivos sanitarios alegando la necesidad de limpiar la plaza. La querella fue archivada en un primer momento por el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, y posteriormente reabierta por la Audiencia de Barcelona, aunque no se han derivado nuevas imputaciones.
Desalojo por “intereses políticos”
Fernández ha recordado al salir de la vista la responsabilidad que los cargos políticos tuvieron en los hechos. “No fue sólo un agente de policía, fue un conseller que ordenó una carga de limpieza política, por intereses políticos; fue un mando policial, Manel Prat, quien ordenó hacerlo, a pesar de que la División Central de Información de los Mossos desestimase hacerlo porque no había criterios para ello; no había argumentos que justificasen aquella carga”.
“Lo que hemos visto hoy aquí no es la norma, lamentablemente es la excepción”, ha reiterado Fernández, en alusión a las extremas dificultades que encuentran las víctimas de maltrato policial para poder identificar a los autores y llevarlos así ante el juez. “Le pedimos al juez que la celeridad, profesionalidad y diligencia que ha demostrado en el procedimiento del juicio de faltas la demuestre también en la causa general colectiva”, ha declarado Anaïs Franquesa, una de las letradas de la querella colectiva contra los Mossos. “Hemos hecho un trabajo titánico de mirar las imágenes, darle el trabajo al juez con el fotograma a fotograma, minuto a minuto, nombre y apellidos, y partes médicos de cada una de las personas, solicitando que se hiciese una pericial fisonómica”, ha apuntado.
Una pericial fisonómica que sí que se ha realizado en el caso que afectaba a Fernández, y que ha permitido reconocer a Arasa como el autor de los golpes de porra, e incluso una patada, pero que el juez se ha negado a realizar en el resto de casos. “El poder judicial es cómplice necesario de esta impunidad y del establecimiento de un sistema de indefensión”, ha criticado Mar Bastida, una de las víctimas que participa en la querella presentada el 13 de octubre de 2011. “Pedimos que el juez que visualice la totalidad de las pruebas que aportamos a la querella, y que no se niegue alegando que los archivos no se pueden abrir o reproducir. Con mucho gusto le ayudaremos a abrirlos”, ha sostenido Bastida.
Durante la vista, Arasa se ha reconocido en las imágenes aportadas a la causa pero ha alegado que su actuación, que en el caso de Fernández conllevó 23 golpes de porra y una patada, fue totalmente proporcionada. También han declarado los profesionales sanitarios que atendieron a Fernández, que han acreditado que las lesiones que sufrió fueron consecuencia de los golpes recibidos.
Actitud “inquisitiva” de la Fiscalía con Fernández
La Fiscalía ha pedido la absolución del policía. Los denunciantes han criticado que esta haya actuado más como abogado de la defensa que como debería corresponder al Ministerio Público. “La Fiscalía ha tenido una actitud contemplativa respecto a los hechos, y un tono inquisitivo contra el denunciante. En lugar de tratarlo como víctima lo ha tratado como acusado”, ha criticado el letrado Jaume Asens, abogado defensor de Fernández.
“Fiscalía actúa con mucha dureza cuando se trata de personas a las cuales se acusa de haber participado en desórdenes públicos, pero en los casos de agentes que han cometido excesos se convierten en un abogado de la defensa”, ha señalado Asens. “El tercer grado al que ha sometido a la víctima ha sido vergonzoso”, ha sostenido Fernández. “En mi caso yo sabía el número de placa, pero no puede ser que la fiscalía nos obligue a nosotros a buscarlo, a que seamos nosotros los fiscales”, ha añadido.
El único policía imputado, Jordi Arasa, que se enfrenta a una posible multa, no es la primera vez que pasa por los tribunales. En la anterior ocasión lo hizo como denunciante contra un hombre en silla de ruedas al que detuvo en una protesta en Barcelona, acusándolo de agresión a la autoridad. El acusado fue absuelto y presentó una denuncia contra Arasa por lesiones, que no ha tenido consecuencias para el policía.
Las imágenes de la policía catalana golpeando a personas sentadas en el suelo en actitud pacífica dieron la vuelta al mundo y provocaron la condena de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) condenó la actuación policial y el hecho de que los agentes no llevaran visible su número de identificación personal, como obliga la ley. Hoy, Fernández ha señalado que los golpes que recibió, que le dejaron secuelas físicas en una pierna, no provocaron principalmente un dolor físico, “sino colectivo, político, de ver qué policía tenemos que soportar en la calle. Dos años y medio después, lo único que podemos decir a la ciudadanía es que el resumen se llama impunidad”.
