Cuando la denuncia no protege

Ya forma parte de la retórica sobre la violencia de género pedir a las mujeres maltratadas que denuncien porque ésta es la única manera de entrar en el sistema de protección. Sin la denuncia, se escucha habitualmente, el sistema no puede detectar el maltrato y tampoco ponerse en marcha.

La denuncia de la violencia de género es importante, sin duda, para acabar con la impunidad de los agresores, para saber a qué magnitudes nos enfrentamos, para visibilizar esta forma de tortura que las mujeres sufren en sus propios hogares, en las relaciones de pareja. Unos delitos tan silenciados como tolerados socialmente. Pero todos los estudios, así como el porcentaje de mujeres que son asesinadas todos los años sin que hubiesen interpuesto ninguna  denuncia contra los asesinos, coinciden en que la violencia escondida, la que no se denuncia, supone alrededor del 73% de la violencia real que sufren las mujeres. Un porcentaje que refleja, además de otras realidades, la poca confianza de las mujeres en la justicia.

En los últimos años, mientras el número de denuncias desciende aumenta el número de sobreseimientos, el número de solicitudes de protección denegadas a las mujeres así como el número de sentencias absolutorias para los agresores. La falta de respuesta de los juzgados frente a la violencia de género –también de los juzgados especializados- explica esa falta de confianza de las mujeres en la justicia. Las razones son numerosas: falta de formación del personal de los juzgados especializados (desde jueces y juezas hasta equipos psicosociales), carencia total de investigación en estos delitos que se convierten en la palabra de una contra el otro, resistencias machistas en una sociedad que prefiere creerse el mito de las denuncias falsas a remangarse para acabar con una violencia que ha asesinado en los últimos diez años (desde que tenemos cifras oficiales) a 702 mujeres -una cifra tan bárbara como incompleta porque nadie sabe el número de mujeres que se suicidan por no soportar más violencia ni el número de mujeres que fallecen por las enfermedades y lesiones que les provocan los malos tratos-; y las estrategias de los maltratadores que en los últimos años practican la denuncia cruzada, así, muchas mujeres acuden a denunciar y salen denunciadas. O los que utilizan las facilidades que les da la custodia compartida en manos de jueces que no tienen formación en violencia de género para seguir maltratando a sus parejas a través de los hijos y las hijas.

Frente a esta realidad, el gobierno prefiere la propaganda a las soluciones. Esta semana, por ejemplo, se anunciaba en los medios de comunicación, con amplio despliegue informativo en la televisión pública, un protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos (brazaletes) de las medidas de alejamiento. Y se daba una cifra triunfalista: 721 dispositivos están funcionando, lo que supone que 721 mujeres están mejor protegidas. Sin embargo, nada se decía sobre la cifra real: existen desde julio del 2009, tres mil brazaletes a disposición de los jueces (que son los únicos que pueden ordenar su uso). Es decir, que 2279 dispositivos permanecen guardados en cajas, sin que los jueces consideren que son necesarios, mientras 44 mujeres ya han sido asesinadas en lo que va de año.

Y la pregunta más demoledora: ¿cómo es posible que a pesar de haber denunciado no se consiga salvar la vida? Esta semana, una mujer de 36 años era asesinada por su pareja en Torremolinos. La víctima contaba con dos denuncias previas por malos tratos respecto a dos parejas anteriores, en 2004 y 2011. En ambos casos las agresiones se judicializaron y dieron lugar a órdenes de protección. La última de estas denuncias, fechada en 2011, dio lugar a una orden de alejamiento que continuaba vigente. Sin embargo, la Policía no consideraba a la víctima como de alto riesgo, ya que no se producían visitas ni amenazas de su pareja anterior, y no constaban denuncias al que después sería su asesino. Tres relaciones de maltrato. Es obvio que el espíritu de la Ley Integral no se aplicó con ella. A pesar de haber “entrado en el sistema de protección”, nadie trabajó para que se pudiera recuperar y rehacer su vida. Una relación tras otra con las mismas características. En cuanto al asesino, con él también fallaron los sistemas de valoración de riesgo puesto que tenía una denuncia por malos tratos, fechada el pasado 3 de junio, y una orden de alejamiento respecto a su anterior pareja que continuaba vigente.

En 2011 fueron asesinadas 65 mujeres, dieciséis habían presentado denuncia. La memoria de la Fiscalía de Violencia de género del ese año relata qué ocurrió, qué respuesta obtuvieron de los juzgados:

SMGA asesinada en Málaga el 15 de febrero de 2011. Había convivido cinco años con el asesino y habían tenido una hija en común. Se separaron en abril de 2010. En julio, tres meses después de la separación, él fue condenado por dos delitos de amenazas y uno de maltrato. La condena se suspendió y en su lugar, el 8 de noviembre se aprobó un curso de igualdad. La pena de alejamiento se encontraba en vigor. La asesinó en la vía pública con un hacha.

MW asesinada el 7 de marzo de 2011 durante el proceso de divorcio de su asesino. El 9 de noviembre de 2010 se dictó sentencia condenatoria por delitos de amenazas que fue recurrida aunque la medida de alejamiento se encontraba en vigor. El 13 de enero fue condenado por delito de quebrantamiento de pena. Tenía suspendida esta condena al no tener antecedente penal computable. La mató apuñalándola en el jardín de la vivienda.

PAV fue asesinada el 25 de marzo de 2011. Matrimonio en trámites de separación. El asesino había sido condenado en tres ocasiones, sin embargo, las penas de alejamiento se encontraban canceladas y la que estaba en vigor era una pena de aproximación al agresor que recaía sobre la víctima, condenada por sentencia del 17 de marzo de 2010 a tres años de alejamiento. Le cortó el cuello y la golpeó con un martillo.

AEN fue asesinada en Almería el 8 de mayo de 2011. Mantenían una relación de pareja con dos hijos en común, aunque no convivían desde un mes antes. No existía en vigor ni medida cautelar ni pena de prohibición de aproximación. Sí existía una denuncia interpuesta por la víctima en el año 2002 que fue sobreseída. Por su parte, el agresor había denunciado a la víctima el día 24 de abril de 2011 por delito de coacciones. La asesinó en la calle asestándole 19 puñaladas.

IDR asesinada el 27 de diciembre de 2011. El 13 de abril de 2009 el asesino había sido condenado por malos tratos. Posteriormente fue absuelto por sentencia de la Audiencia Provincial en junio de 2010. Le asestó 15 puñaladas.

La Fiscalía no ha vuelto a incluir, en su memoria de los años posteriores, las circunstancias que rodearon los asesinatos de las mujeres que sí presentaron denuncia.