MADRID // A partir de enero de 2014, los franceses podrán acceder de forma totalmente gratuita a la Justicia pues su gobierno ha decidido suprimir la tasa judicial de 35 euros para las personas físicas que el anterior Ejecutivo conservador, presidido por Nicolas Sarkozy, impuso por ley. La decisión, impulsada por Christiane Taubira, ministra de Justicia del gabinete del socialista François Hollande, obedece, en palabras de Taubira, al objetivo de eliminar una disposición que «penalizaba a las personas más vulnerables y restringía su acceso a la Justicia», un derecho fundamental reconocido por la Constitución francesa.
También la Carta Magna española incluye en el primer punto de su artículo 24 lo que se reconoce como un principio inalienable: el derecho a ser tutelado de forma efectiva por la Justicia, un derecho que, según han denunciado asociaciones profesionales de abogados y jueces, se ha visto menoscabado por la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales (ley 10/2012) impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, de cuya aprobación se cumple un año el próximo 20 de noviembre.
Ya antes de la aprobación de la norma, Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales advirtieron en un comunicado de la “grave privación de derechos” que conllevaba la ley promovida por Ruiz-Gallardón, una ley que compararon con la legislación franquista en la materia.
Tras conocerse la anulación de esa tasa judicial en Francia -cuyo importe fijo era de 35 euros, un importe notablemente inferior al de las tasas españolas, que oscilan de 100 a 1.200 euros según el tipo de procedimiento-, otra organización profesional, el Consejo General de la Abogacía Española, ha reclamado al Gobierno español que siga el ejemplo francés y derogue esta ley, explicó un portavoz del Consejo a La Marea.
En un comunicado de la organización profesional, se precisa que su presidente, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, instándole a «agilizar en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales» de forma que se palíen los «efectos muy graves» que ésta está teniendo.
La carta alude a los recursos presentados ante el Alto Tribunal por el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias, la Diputación de Aragón, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía, que ya han sido admitidos a trámite por el Constitucional.
A estos recursos, se suman cuestiones de inconstitucionalidad incoadas por juzgados de lo social, de primera instancia, y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por su parte, ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece que no se exigirán tasas judiciales al trabajador, sindicato o beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatutario en recursos de suplicación o casación.
El portavoz de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente y decano de los jueces de Zaragoza, Ángel Dolado, recalcó en declaraciones a este medio que la actual Ley de Tasas Judiciales «penaliza a las clases medias» y expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional, una vez admitidos a trámite los recursos, dicte sentencia «con urgencia».
Dolado aseguró que su asociación no se opone a las «tasas judiciales disuasorias y educativas» en aquellos casos, como determinados juicios de faltas, donde «no se dé asuntos de entidad jurídica, que se podrían dirimir, por ejemplo, mediante arbitraje», pero criticó las «cuantías desproporcionadas» que establece la ley de tasas impulsada por Ruiz-Gallardón.
El afán recaudatorio que, según diversas asociaciones profesionales, se esconde tras la norma impulsada por el actual ministro de Justicia, no se ha revelado además muy eficaz atendiendo a este supuesto fin. De acuerdo con los datos del Consejo General de la Abogacía, hasta el 30 de septiembre de este año, en España se habían recaudado por estas tasas sólo 101 millones de euros, una cantidad que el Consejo describe como «muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia, que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascendería en 2013 a 306 millones de euros».
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