MADRID // Joan Garcés (Llíria, Valencia, 1944) es el abogado que en 1998 derribó las fronteras que hasta entonces protegían a muchos criminales amparados en el poder que un día detentaron. Gracias a un proceso iniciado y dirigido por él, el hombre que arrebató su soberanía a los chilenos en 1973, Augusto Pinochet, fue detenido en Londres el 10 de octubre de 1998 por crímenes de lesa humanidad quedando así retratado como lo que era: un dictador sanguinario responsable de la muerte, tortura y desaparición de miles de personas. Garcés, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas, había sido amigo y estrecho colaborador de Salvador Allende, con quien compartió alguna de sus últimas horas en el palacio de La Moneda. En 1976, publicó un ensayo sobre el gobierno del presidente chileno, Allende y la experiencia chilena, una obra convertida en un clásico que Siglo XXI acaba de reeditar cuando se cumplen cuatro décadas del golpe de Estado en Chile.
¿El gobierno de Allende representó un punto de inflexión en la aplicación del socialismo?
Sí, pero la causa de esa inflexión no fue única. Una de ellas fue la preocupación que causó en algunos centros de poder financiero, político y estratégico lo que la sociedad chilena estaba intentando hacer a comienzos de los años 70, que era abrir nuevas vías de desarrollo social y económico en un sentido socialista. Socialismo en Chile quería decir más democracia participativa, más pluralidad política, más libertades y una libertad de prensa absoluta. En lo económico, la nacionalización, por decisión del Parlamento, de recursos estratégicos de la economía chilena, en particular las grandes minas de cobre, y de sectores cruciales, por ejemplo, el conjunto de la banca privada que cotizaba en Bolsa, cuyas acciones fueron compradas por el Estado, lo que significó que el sistema financiero chileno se puso al servicio de los intereses de la comunidad. Este proyecto que se llevó a la práctica entre 1970 y 1973 entraba en conflicto con el diseño estratégico de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos y sus aliados, que vinculaban socialismo con dictadura y libertades restringidas. El proyecto del gobierno de Allende suscitó muchas esperanzas en partes del mundo donde se buscaban los mismos fines; es decir, encontrar maneras de combatir la lógica capitalista del sistema económico desarrollando las libertades. De ahí que el golpe de Estado en Chile fuera visto como una necesidad para preservar los supuestos básicos de la guerra económica, ideológica y política que se estaba desarrollando en la Guerra Fría.
¿Estados Unidos temía que cundiera el ejemplo chileno?
Chile es un país pequeño, sin embargo, la proyección internacional que tenía la acción del gobierno de Allende no guardaba ninguna relación con el peso demográfico ni económico de ese país. Y las medidas adoptadas por los grandes centros de decisión capitalista para evitar que se volviera a reproducir un intento como el que buscaban los chilenos se concretó luego en las políticas iniciadas por las administraciones Thatcher, en Reino Unido, y Reagan y sus sucesores en EEUU. La concreción de esta voluntad ha sido el desmantelamiento de los mecanismos de control por parte de las autoridades públicas responsables del interés general, en particular sobre las actividades financieras. La expansión de estas medidas económicas ha desembocado en la mayor crisis económica del sistema capitalista desde los años 30, la que estamos viviendo y que aún está en pleno desarrollo. Nadie sabe cuándo y cómo va a terminar pero sí se ven las consecuencias extremadamente dañinas para más del 80% de la población de los países afectados por esta crisis y el beneficio que está extrayendo el 1% de sus habitantes.
En el prólogo de su libro, usted hace un paralelismo entre la impunidad en Chile y en España.
La impunidad de las dictaduras españolas y chilena es debida a que ambos cambios de régimen, como consecuencia de la muerte del dictador en España, en 1975, y del final de la Guerra Fría en Chile, en 1990, se hacen bajo la tutela de las propias potencias que propiciaron los respectivos golpe de Estado en 1936 y en 1973 y sostuvieron a las subsiguientes dictaduras. Cuando se produce el cambio de régimen, estas potencias procuran que éste se lleve a cabo manteniendo la absoluta impunidad de lo que hicieron aquellas, tanto en el terreno económico y social de apropiación de medios de producción y de la estructura económica como de destrucción de personas y grupos sociales mediante el exterminio físico y la tortura generalizada.
La llegada al poder de Allende fue posible gracias a la alianza de socialistas y comunistas, una alianza que fue recabando luego apoyos crecientes. ¿En qué se sustentaba ese consenso?
Primero, en que la democracia en Chile no había experimentado un corte, como sí sucedió, por ejemplo, en España, con la dictadura franquista, en 1936, o en Francia, con el gobierno del mariscal Pétain en Vichy en 1940. El gobierno del Frente Popular elegido en 1938 en Chile, cuando la hegemonía en América Latina la detentaba la Administración Roosevelt, pudo gobernar sin intervenciones extrajeras, al contrario de lo que sucedió en España con la de Alemania e Italia, que provocaron la Guerra Civil y la dictadura. Esta democracia ininterrumpida permitió el desarrollo de las organizaciones políticas y sindicales en las cuales se sustenta la fuerza del gobierno Allende, que se manifestó primero en su elección y después en la derrota del intento de golpe militar de octubre de 1970 impulsado por el dueño del grupo mediático El Mercurio y la administración Kissinger y Nixon en EEUU. En segundo lugar, un factor importante, es que los grupos políticos y sindicales chilenos tenían una dimensión internacionalista que les hacía pensar que la lucha contra los aspectos negativos del capitalismo no podía ser en un solo país, lo que no impedía que la toma de decisiones se produjera dentro del país, de forma totalmente endógena. Los partidos políticos chilenos no eran la sucursal en Chile de partidos exteriores, que proyectaran dentro del país los intereses de esas potencias; por eso desarrollaron ese proyecto con perspectiva universal pero leal al pueblo chileno. Eso no se dio al término de las respectivas dictaduras, en España, en 1977, y en Chile en 1990, sino que los nuevos partidos que se crean entonces tienen sus centros de decisión último fuera de estos dos países: son el instrumento de las potencias que estaban financiando el nuevo sistema político.
¿Cuáles eran los intereses de esas potencias?
Esas potencias tenían un interés obvio: que no hubiera una unidad de las izquierdas que creara un sistema alternativo al construido por las dictaduras. Lo que buscaban era evitar una nueva elección como la de 1931 en España que, sin causar ni una sola víctima, proclama la República, y una nueva elección como la de Chile en 1970 que permitió la instauración del gobierno de Allende. En el caso de España, a partir de 1977, la unidad de la izquierda se ve rechazada absolutamente por estos partidos teledirigidos durante la Transición. Vea cómo se diseñó en España el sistema electoral, un sistema en el que se establece la circunscripción electoral de la provincia y listas electorales cerradas, de manera que el peso demográfico mayor de los centros urbanos, donde tiene su base electoral la izquierda, se infravalora. Las listas cerradas y bloqueadas remiten a núcleos de personas cooptadas por esas potencias para controlar a quienes se sientan en el Parlamento.
En la estrategia de acoso y derribo hacia Allende, un aspecto clave fue lo que usted describe como una crisis económica inducida por Washington
Hubo una pluralidad de acciones. Quienes lo diseñaron lo llamaron desestabilización de la democracia y del sistema social chileno. La desestabilización tenía componentes económicos, financieros y de comercio exterior, pero también un componente político, que se traducía en el soborno de representantes políticos, en corrupción en sobornos de militares, así como un componente terrorista a través de atentados que debían favorecer la insurrección contra las instituciones republicanas. Ese programa lo reconoció el entonces director de la CIA, [William] Colby, que en su obra Honorable Men: my life in the CIA, explica que el plan de desestabilización en Chile fue el más vasto que EEUU llevó a la práctica en todo el mundo. La política internacional intervencionista hay que verla no tanto en función de los Estados, sino en función de los intereses dentro de los Estados. El presidente Roosevelt no interfirió en el gobierno chileno del Frente Popular. La tragedia de Chile fue que, entre el año 70 y el 73, mandaba la derecha del Partido Republicano, Richard Nixon y Kissinger. La intervención y su dimensión criminal está vinculada a esa derecha norteamericana. No hay que confundirla con los otros sectores norteamericanos, particularmente dentro del partido demócrata, que se opusieron a esa política de Nixon.
¿El presidente infravaloró las ideas reaccionarias de un sector del Ejército?
Allende era un chileno con 40 años de vida pública y, si llegó a Presidente, fue porque su conocimiento del país era profundo. Si se contempla lo sucedido con la distancia del tiempo, puede parecer que existía un cierto determinismo, cuando, en realidad, las cosas pudieron haber sido de otra forma. Dos ejemplos, uno, el propio Pinochet, en uno de sus libros posteriores al golpe, un libro lleno de mentiras, dice sin embargo una verdad, como es que no podría haber dado el golpe en el 73 si no hubieran dimitido dos generales fundamentales: el Jefe de la Segunda División con base en Santiago y el Jefe de los institutos militares, [Mario] Sepúlveda y [Guillermo] Pickering. Si esos dos militares no se retiran en la última semana de agosto, no hubiera habido golpe, porque eran generales que tenían mando de tropa estaban comprometidos con la legalidad constitucional. Hubo factores imprevisibles, como también lo fue el propio cambio de personalidad de Pinochet que, dos días antes del golpe, era otra persona [Pinochet era considerado un militar leal, una lealtad que había expresado a Allende en reiteradas ocasiones], como reconoce el propio general Carlos Prats [el predecesor de Pinochet como comandante en jefe del Ejército].
Que fue quien lo recomendó a Allende…
Sí. Gracias a Prats fue designado como su sucesor. La de Pinochet fue una mutación de personalidad.
Y usted, ¿cómo se explica dicho cambio?
Como el de un oportunista que ante una coyuntura singular cambia de postura para apropiarse él del poder. En ese momento aprovecha esa situación, antes de la cual él no contaba nada para cambiar de bando, traicionar por la espalda a quienes le habían dado su misión y quedarse con el poder.
La personalidad de Pinochet fue, entonces, clave
Sin duda, dada la estructura del ejército de Chile. Napoleón decía que un ejército es su cabeza, el resto son ejecutores de las órdenes que da esa cabeza. Si el jefe del ejército no se hubiera sumado al golpe, éste no hubiera triunfado, se hubiera quedado en una mera asonada. Visto desde fuera pueden parecer ingenuos los chilenos que pensaban que el ejército era constitucionalista. Pero es que ese constitucionalismo no era una cuestión de fe ni de ideología sino de la propia evolución histórica de la República de Chile que, desde su institucionalización en los años 30 del siglo XIX, establece en su Constitución que el mando de tropas no puede confiarse a oficiales que no tuvieran el visto bueno previo de los representantes de la soberanía popular. Usted tenía un país donde ningún coronel, es decir, ningún oficial con capacidad de mandar a un regimiento, había sido nombrado nunca sin el acuerdo del Senado. Y nadie podía llegar a ser general sin decisión libre del jefe del Estado elegido por los ciudadanos. Esos militares eran constitucionalistas porque fueron gestados en ese sistema de control de la soberanía popular sobre el mando militar.
En sus últimas horas, el presidente decide no abandonar.
Aquel 11 de septiembre Allende sostuvo una batalla política. Hubiera debido ser político-militar porque, con la información que él tiene entre las 6.30 y las 8 de la mañana, cree que el mando del Ejército y de Carabineros es leal al gobierno por lo que contaba con dirigir el restablecimiento de la autoridad pero cuando, a partir de las 9, la información que le llega es que el golpe ha triunfado en el seno del Ejército y también en los Carabineros, entonces tiene conciencia de que no cuenta con ningún respaldo militar. Pese a ello, combate hasta cerca de las dos, durante más de cuatro horas. Esa batalla de cuatro horas es política, militarmente no tenía sentido, ya no había misterio en el desenlace. La defensa de la legitimidad democrática de las instituciones republicanas que hizo Allende automáticamente deslegitimó, no sólo a quienes estaban bombardeando sino también a quienes estaban detrás e hicieron posible el ataque y ahí estaban partidos políticos e intereses económicos y estratégicos. Allende venció esa batalla política que tenía una proyección en el futuro. La ganó al precio de su vida, pero la ganó.
Allende sabía que se estaba preparando un golpe
Estaba tomando las medidas, había destituido a generales y otros cinco iban a ser destituidos en esas fechas.
Pero no a Pinochet, al que acababa de nombrar como jefe del Ejército.
No, claro. Porque, como decía el periodista mexicano, Julio Sherer, contra la traición no hay defensa. Su estrategia estaba dirigida a frustrar el diseño de los golpistas pero ante la traición por la espalda que se produce el día 11 se encontró sin defensa en la batalla política que dio en sus últimas cuatro horas.
El presidente fue clarividente al ordenarle a usted que saliera de La Moneda para dar testimonio, a usted, la persona que años después logra que se detenga a Pinochet
Yo era su más directo colaborador en materia política y la persona que mejor conocía por qué se tomaron las decisiones en los tres años de gobierno. De entre quienes estábamos a su lado dentro del palacio presidencial, se dirigió a mí para conminarme a que saliera. Yo no quería y entonces me dio varias razones, entre ellas que alguien tenía que contar lo que había pasado allí y que yo era el “único” que podía hacerlo. El único en el sentido de que conocía esa información interna a nivel de decisiones personales del presidente. Allende razonó así en ese instante y, por mi parte, podía haber muerto horas después. Además, yo no podía saber que Pinochet fuera a durar tantos años ni que yo iba a tener la posibilidad de encausarlo.
¿Sentía una responsabilidad por ese mandato que le dio Allende?
No es una cuestión de responsabilidad sino de compromiso con las propias convicciones. Yo fui testigo involuntario de un gran crimen colectivo contra todo un país. Cuando uno ha visto y es testigo de semejantes hechos, si tiene la oportunidad de que se haga justicia, debe hacerlo. Yo tuve esa oportunidad y la llevé adelante. Yo sentía lealtad hacia él, pero lo que sucedió en Chile trascendió a esa amistad, porque no sólo se llevó a la muerte al jefe del Estado, era todo un pueblo el que estaba siendo destruido, toda una sociedad, todo un sistema de convivencia y, en la medida en la que ello era posible, había que enjuiciar y sancionar esos hechos. No solamente pensando en los crímenes que se cometieron ayer sino también con una visión de futuro. Sólo en la medida en que se sanciona el crimen, se puede esperar que otros no cometan el mismo crimen: la impunidad llama a nuevos crímenes.
Esto se podría aplicar en España, donde se denosta a las víctimas de la dictadura.
Negar la justicia a las víctimas del franquismo es legitimar el sistema político actual en España: son las dos caras de la moneda.
¿El presidente intentaba salvarle la vida cuando le pidió que saliera de La Moneda?
Sí, pero no sólo eso porque yo hubiera podido morir al cabo de unas horas [varios colaboradores del presidente fueron fusilados en los días posteriores]. Él era un humanista que, durante sus 40 años de vida pública, luchó por salvar vidas, por mejorar la educación, la salud, el nivel social, cultural y las libertades de los ciudadanos. Un ejemplo, Allende asume la presidencia el 4 de noviembre de 1970 y, una semana después, en una ocupación de tierras, los carabineros se enfrentan con campesinos y uno es muerto. Allende llama entonces al Director General de ese cuerpo y lo destituye diciéndole: “En mi gobierno, los Carabineros no matan campesinos”. Para él el ejercicio de la autoridad tenía que hacerse de manera humana y preservando la vida, y el 11 de septiembre, lo aplica cuando dice que el pueblo debe defender su dignidad, no dejarse humillar, pero tampoco masacrar. En las cinco alocuciones que hace por radio, en ningún momento llama a sus partidarios, que son muchos, a que vengan a defender al gobierno porque sabe que es exponerlos a una masacre cuando el ejército está desplegado y atacando al gobierno. Su visión era evitar muertes inútiles, sin embargo, su combate y su muerte sí la ve útil, en función de sus responsabilidades pasadas y presentes, con proyección de futuro. Lo que se ha demostrado cierto, pues su huella sigue muy viva, en Chile y fuera de Chile.
En esta última alocución, Allende hace hincapié en la idea de la traición y pronostica una “sanción moral” para los golpistas, ¿la detención de Pinochet cumplió este prónostico?
Sí. Hablamos de una sanción moral universal; eso es lo interesante del fenómeno que se produce en torno a la detención y enjuiciamiento de Pinochet. Fueron millones de personas, centenares de millones de personas en el mundo, que vieron en esa detención y enjuiciamiento una sanción moral y también legal, puesto que estaban interviniendo los tribunales de Justicia. Yo tenía esa sensación pero como uno más dentro de esa inmensa masa humana que compartía la misma convicción y, desde luego, quien más lo sufrió así fue el propio Pinochet.
Esa sanción moral no se tradujo en un ingreso en prisión.
Uno hace lo que debe y consigue lo que puede. Lo conseguido era mucho; la fase final de verlo sentado ante un tribunal y ser juzgado no se consumó debido a las combinaciones políticas entre el gobierno de Eduardo Frei, en Santiago, el de Aznar en Madrid y el de Tony Blair en Londres pero 500 días en arresto domiciliario en Londres para una persona que tuvo en sus manos la vida y la hacienda de millones de sus conciudadanos, créame usted que fue una sanción que el propio Pinochet sintió mucho más que cualquier otra persona, sobre todo a causa de la exposición y la desautorización universal de sus crímenes. En Chile, después, le fue levantada la inmunidad como senador autodesignado y fue procesado. De modo que muere como un fugitivo de la Justicia internacional y como un procesado por los tribunales internos, poco más se necesitaba teniendo en cuenta su edad.
España, que en este caso fue pionera de la Justicia Universal, dio un paso atrás en 2009 al limitar la jurisdicción universal a los casos donde hubiera víctimas españolas.
Los tribunales son uno de los brazos del Estado y no pueden ir más allá de lo que llega éste. Son instrumentos de ejecución de la política legislativa. La persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado a través de los instrumentos del Estado está íntimamente imbricado con el poder político. Y cuando la política de los Estados busca la impunidad, los tribunales y las normas que los rigen son adaptadas a esa voluntad política. Pinochet es detenido después de la Guerra Fría, que termina en 1990; durante la Guerra Fría hubiera sido imposible. El proceso lo inicié yo en 1996 y la detención fue en octubre de 1998. ¿Qué ocurre? Pinochet regresa a Chile en marzo de 2000 pero, por desgracia, el 11 de septiembre de 2001 tiene lugar el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y a partir de ese momento, el espacio que hubo a partir de 1990 para que pudieran aplicarse las normas del Derecho Internacional con el fin de sancionar los crímenes de lesa humanidad, se cerró por parte de Estados Unidos. La política que lanza la Administración Bush a partir de 2001 está basada en hacer lo que quiera el gobierno norteamericano al margen de la legalidad, incluidos crímenes contra el Derecho Internacional, los que presuponen la impunidad. La jurisdicción universal ha sido atacada sistemáticamente por EEUU y alguno de sus aliados para reducirla, precisamente porque así lo precisaban los diseños estratégicos que se ponen en marcha desde septiembre de 2001. La modificación de la ley española, en el año 2009, es una de las manifestaciones de esa ofensiva.
