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Bruselas zanja con multas la manipulación del Euribor

La Comisión Europea impondrá una sanción del 10% de sus ingresos a seis grandes bancos. La iniciativa #opeuribor reclama poder anular las hipotecas referenciadas a este indicador

Brais Benítez

06 noviembre 2013 Una lectura de 3 minutos

La Unión Europea prepara sanciones para seis grandes bancos del continente por la presunta manipulación del índice bancario Euribor, al que están referenciadas, por ejemplo, el 82% de las hipotecas en España. La Comisión Europea considera que las entidades habrían manipulado en beneficio propio el índice de referencia en la zona euro y, según han apuntado a Reuters fuentes financieras, les impondrá una sanción del 10% de los ingresos globales de cada entidad.

En concreto, los bancos sancionados serán el Deustche Bank, HSBC, JP Morgan, RSBC, Crédit Agricole y Societé Générale. Barclays, que también estaría implicado en estas prácticas, no será sancionado por, apuntan dichas fuentes, haber sido la entidad que alertó de la trama.

La decisión de las autoridades europeas llega tras un proceso que ha durado más de dos años, y que se inició después de que la Comisión detectase prácticas sospechosas que indicaban que el Euribor podría haberse manipulado. La multa representa la primera sanción que impone Bruselas por manipulación de índices bancarios.

En este periodo estalló el escándalo por la manipulación del índice interbancario ligado a la libra esterlina y el dólar, el líbor, por el que varias entidades, entre ellas Barclays, recibieron sanciones.

La Comisión Europea abrió entonces una investigación para determinar si existía un cártel bancario que podría haber estado manipulando a su antojo el Euribor, incidiendo con ello en los pagos de millones de ciudadanos. Tras visitar sin previo aviso las instalaciones de empresas de productos financieros vinculados al Euribor, Bruselas concluyó: “La Comisión teme que las empresas en cuestión pueden haber violado las normas comunitarias de defensa de la competencia que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas”.

Al arbitrio de los bancos

La iniciativa #opeuribor, impulsada por abogados activistas vinculados al 15M, hizo público en febrero de 2012 el resultado de una exhaustiva investigación realizada en red en varios países. La conclusión que extrajeron de las indagaciones concuerda con el dictamen de la Comisión: el Euribor, la referencia utilizada para fijar los precios de activos por valor de 250 billones de dólares, había sido manipulado, alterando así la neutralidad de un índice que debería basarse en un cálculo aritmético e imparcial del precio del dinero.

Sin embargo, #opeuribor no comparte del todo la decisión de las autoridades europeas, que califica de “pose, un gesto que nos haga creer que se va a hacer justicia, que se va a castigar a la mafia financiera, pero que no supondrán para estos bancos más que una pequeña parte de las ganancias que vienen acumulando con sus prácticas mafiosas”.

Anulación de hipotecas

Los activistas, que presentaron una demanda para reclamar la nulidad de una hipoteca (y por consiguiente del desahucio que se estaba tramitando) alegando que los intereses que había estado pagando el demandante (basados en el Euribor) estaban basados en las decisiones arbitrarias de los bancos, reclaman que la constatación de estas prácticas irregulares debería conllevar que se pudiesen anulasen todas las hipotecas y otros contratos que se hayan suscrito vinculadas a este indicador.

“Hemos de recordar que en un contrato de préstamo, el tipo de interés es el elemento esencial y, en caso de estar falseado, la parte perjudicada está legitimada para pedir su anulación. Esto afecta a todos los contratos vinculados al Euribor, donde las hipotecas son los más conocidos, pero también, por ejemplo, a contratos de la Administración Pública, que a fin de cuentas, gestiona y dispone del dinero recaudado en impuestos”, señalan.

Según los abogados, también se debería podría abrir la puerta a reclamar a los bancos millones de euros cobrados de forma ilícita, o bien servir de base para suspender procesos de desahucio.

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