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sábado 21 abril 2018

Opinión

Un año de movilizaciones en la sanidad madrileña, un año sin miedo

Con todo, no hay que ser triunfalistas y conviene recordar que una parte del Plan se ha llevado a cabo

<em>Un año de movilizaciones en la sanidad madrileña, un año sin miedo</em>
Un hombre se manifiesta contra los recortes en sanidad. FERNANDO SÁNCHEZ

Hace ahora un año que se iniciaron las movilizaciones en la Sanidad Pública de Madrid en respuesta al anuncio de la Consejería de Sanidad del denominado por el Gobierno del PP como “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la comunidad de Madrid” y que, en realidad, bajo este titulo eufemístico encubría el mayor embate privatizador de la Sanidad Pública madrileña, que el PP madrileño denominaba con un término que ni siquiera esta en el diccionario “externalizaciones”.

La réplica, conviene recordarlo, se inicio en el hospital de La Princesa y se generalizó posteriormente a toda la red de hospitales y centros de salud de la Comunidad, con una respuesta masiva y unitaria de trabajadoras de la Sanidad y ciudadanía, que no se había producido nunca antes. Seguramente, fue esta implicación entre los profesionales y la población lo que ha favorecido la fuerza y la persistencia de las movilizaciones, que continúan, un año después.

Conviene no olvidar que las movilizaciones han tenido resultados muy positivos: el euro por receta fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional hasta día de hoy, se paralizó la conversión del Hospital de La Princesa y del Instituto Carlos III en geriátricos, aunque las competencias, funciones y servicios de este último hospital pasan a depender de la Dirección Gerencia del hospital La Paz; la supresión de los laboratorios, el freno en la privatización de los Centros de Salud de Atención Primaria (a pesar de que la Consejería de Sanidad ya había rebajado el objetivo de 27 a “solo” 4) y, por fin, está paralizado por lo juzgados el proceso de privatización total de los 6 Hospitales (centros semiprivados) y los centros de especialidades dependientes de ellos (incluidos los Centros de Salud Mental), porque el seudoconcurso privatizador estaba lleno de irregularidades y por la propia presión social y profesional, porque es evidente que, probablemente, el mayor éxito de las movilizaciones ha sido la “hegemonía social”, es decir, el convencimiento que hoy tienen la inmensa mayoría de la población y de los profesionales madrileños de que la privatización de la Sanidad es profundamente negativa para la calidad de la atención sanitaria y que sólo responde a intereses personales y empresariales espurios.

Con todo, no hay que ser triunfalistas y conviene recordar que una parte del Plan se ha llevado a cabo: se cerró el Instituto cardiológico, se eliminaron 27 categorías profesionales, se realizo la jubilación forzosa de los mayores de 65 años, y, sobre todo, se ha seguido una línea continuada de recortes (cierres de camas, infrautilización de quirófanos, de consultas de tarde, disminuciones de personal de todas las categorías, etc.) que han producido un incremento notable de las listas de espera de todo tipo (de consultas externas, de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, etc.), es decir, de una manera mas lenta y solapada se continúa con la privatización, el deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública.

Por supuesto, también debemos tener claro que sin la respuesta social y profesional ahora estaríamos muchísimo peor y que la Sanidad madrileña habría recibido golpes de difícil recuperación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está jugando la baza de alargar el conflicto con la esperanza de que el tiempo irá haciendo mella en el ánimo de los implicados que, a la postre, acabarán asumiendo que no hay salida. Sin embargo, los cálculos no les están saliendo porque, a pesar del lógico cansancio, las movilizaciones continúan con fuerza y sin miedo puesto que los problemas de fondo no se han resuelto, siendo conscientes de que las agresiones no han disminuido y la cercanía, cada vez mayor, de las elecciones incrementa la capacidad de presión.

Sergio Fernández Ruiz es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (FADSP)

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Sergio Fernández Ruiz

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1 comentario

  1. ateo666666
    ateo666666 06/11/2013, 00:48

    Si nuestra actual ministra de Sanidad Ana Mato y el propio presidente del gobierno Mariano Rajoy tuvieran que acceder obligatoria y exclusivamente a los servicios sanitarios públicos cuando enfermaran, seguramente no estarían desmantelando la sanidad pública de la manera tan criminal que lo están haciendo con el único propósito de enriquecer a las grandes multinacionales privadas.http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/09/sobre-servicios-publicos-sanitarios-y.html

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