Esta semana han comenzado en la Audiencia Nacional dos juicios contra miembros de la izquierda abertzale. El primero afecta a 40 jóvenes acusados de formar parte y de dirigir el colectivo Segi –ilegalizado en 2002 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- y que fueron imputados a raíz de la operación impulsada por otro juez del mismo tribunal, Fernando Grande-Marlaska, en 2009. En el segundo de estos procedimientos judiciales, están imputados por su parte 36 exdirigentes de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, a quienes la Fiscalía acusa de haber financiado a ETA a través de las herriko tabernas .
El lunes arrancó el juicio contra los 40 imputados, aunque cuatro de ellos no se presentaron. Durante la vista, los acusados afirmaron haber sido torturados y vejados durante los interrogatorios policiale. De los 36 imputados que comparecieron ante el juez, 32 han denunciado torturas. Sus abogados solicitaron por ello al tribunal que no tuviera en cuenta las declaraciones efectuadas bajo custodia policial, unas confesiones en las que la Fiscalía ha basado sus acusaciones.
Oier Zúñiga, uno de los imputados, describió a este medio las torturas de las que asegura fue objeto: “Me detuvieron el 24 de noviembre de 2009 junto a otras 34 personas. El primer momento de la detención fue lo que es una detención incomunicada, con el nerviosismo y el no saber muy bien por qué te están deteniendo, pero el primer día, el de la llegada a Madrid, fue bastante tranquilo. Fue a partir de la primera noche en las comisarías de Madrid donde empezaron una serie de interrogatorios sin presencia de ningún abogado”.
Según Zúñiga, fue sometido a dos tipos de interrogatorio: «Unos más tranquilos donde había amenazas y gritos, pero en ningún momento fuerza física, y donde se realizaban una serie de preguntas continuas, una y otra vez: información sobre mi vida, sobre mi actividad, sobre mis amigos… Más tarde fueron combinándose con otra serie de interrogatorios donde me obligaron a hacer ejercicio físico y continuaron con golpes, tanto en la cabeza como en los genitales; me obligaron a ponerme en el suelo con la camiseta quitada, a abrir la mano y luego me pusieron una pistola suya que me hicieron apretar, todo ello acompañado de amenazas… Me pusieron una bolsa en la cabeza y me practicaron lo que se conoce como ‘la bolsa’ un par de veces”. ‘La bolsa’ es un método de tortura que consiste en obligar al detenido a introducir la cabeza en una bolsa de plástico para asfixiarlo.
Confesiones en comisaría
Como la mayoría de los imputados, Zúñiga firmó una declaración inculpatoria: “Por la desesperación y el intentar salir de esa situación acabé firmando una autoinculpación donde aceptaba que yo era de Segi”, asegura. Se da la circunstancia de que esas confesiones las firmaron únicamente los jóvenes detenidos por la policía durante la macrooperación, y no otros que fueron arrestados posteriormente en Italia.
Todos los acusados han negado el cargo de integración en organización terrorista, el delito del que se les acusa y por el que el fiscal reclama para ellos entre 7 y 9 años de cárcel. Los imputados sostienen que su labor era únicamente política y que el juicio supone un “paso atrás” en el proceso de paz en Euskadi. “Cuando nos detuvieron en 2009 fue por nuestra actividad política y creemos que, por lo tanto, las motivaciones son absolutamente políticas. Muestra de ello es que todas las pruebas que presentan tanto las investigaciones policiales como la Fiscalía son reuniones, asambleas, actos políticos… además de las declaraciones en sede policial obtenidas bajo presiones, amenazas y malos tratos”, señala Zúñiga. Los acusados describieron durante la vista su actividad en asambleas juveniles, festivales, sindicatos o colectivos culturales.
La versión de la Fiscalía
El jueves comenzó el macrojuicio contra bares y asociaciones de la izquierda abertzale . Once años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara la investigación que ha desembocado en este juicio, la sala se llenó a rebosar con 36 encausados y más de un centenar de responsables de las herriko tabernas y asociaciones que comparecieron como responsables civiles en la causa. También acudieron a la vista representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia, personados como acusación particular.
El Ministerio Público sostiene que los locales llevaban a cabo “en distintos frentes una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta”.
El exdirigente de la izquierda abertzale Floren Aoiz, uno de los encausados, denunció a este medio las contradicciones de la acusación durante el proceso: “Ha mantenido dos tesis totalmente contradictorias entre sí: que mediante estas ‘herrikos’ ETA financiaba a Herri Batasuna; que eran como una pantalla para ocultar un supuesto tráfico de dinero negro; y también al revés, que Herri Batasuna financiaba a ETA. Lo curioso es que gran parte de estas asociaciones han estado intervenidas judicialmente a lo largo de estos 11 años y nadie ha detectado ningún movimiento sospechoso”.
En las intervenciones realizadas en los últimos años por la policía, destacan la retirada de fotos de presos de ETA y de huchas de las gestoras pro-amnistía. Por este motivo, algunas herriko tabernas han sido imputadas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Dirigentes de Herri Batasuna
El histórico dirigente de Herri Batasuna Karmelo Landa declaró antes de entrar en la Audiencia que los 36 imputados están deseando «que esto acabe pronto para volver a Euskal Herria y seguir trabajando por la paz”. En opinión de los procesados, la causa tiene una “evidente motivación política”. “El Gobierno no acaba de asimilar que la izquierda abertzale es legal», afirmó Landa.
El fiscal solicita 12 años de prisión para el exdirigente de Batasuna Joseba Permach y el de Sortu Rufi Etxeberria. Este último negó durante la vista haber recibido órdenes de ETA, así como haber ejercido de intermediario en el cobro del impuesto revolucionario a los empresarios. «Las herriko tabernas no eran sedes sociales de Herri Batasuna, sino unos instrumentos sociales, locales de cada pueblo con los que Herri Batasuna mantenía relaciones», aseguró Exteberria.
Además, el Ministerio Público reclama penas de 8 a 10 años de cárcel para el resto de los imputados, entre los que figuran otros dirigentes de la izquierda abertzale como Kepa Gordejuela o el propio Karmelo Landa. Las defensas alegan que los procesados no actuaban bajo órdenes de ETA, sino que, por el contrario, pusieron en marcha en 2009 una estrategia orientada al fin de la actividad armada de la banda y la asunción de vías exclusivamente pacíficas.
