La reforma de la Administración local, que el Gobierno impulsa con el nombre de “Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local” ha superado este jueves su primer examen en el Congreso de los Diputados con la oposición de todos los grupos parlamentarios excepto el PP.
El proyecto, presentado en la Cámara por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, nace con la advertencia de varios grupos de presentar recursos al Tribunal Constitucional, y con la previsible derogación en caso de cambio de Gobierno. Además, motivó un demoledor informe del Consejo de Estado. Y es que todos los grupos de la oposición, excepto el PNV, han presentado enmiendas de devolución a la totalidad del proyecto, es decir, han solicitado que se eche para atrás.
La mayoría de los alcaldes de la oposición, y algunos ediles del PP, se oponen a la reforma ante la posibilidad de que los servicios básicos que hasta ahora veían ofreciendo los ayuntamientos puedan desaparecer. El proyecto da potestad a las diputaciones para gestionar una serie de servicios básicos, como las basuras y el agua, de los municipios de menos de 20.000 habitantes -la mayoría de municipios españoles-, lo que para la oposición puede implicar abrir la puerta a la privatización de los servicios de los pequeños ayuntamientos.
El pasado domingo, más de 2.000 alcaldes y concejales de todos los grupos políticos excepto el PP se reunieron en Madrid para escenificar su rechazo a la reforma. Los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada, y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas.
El objetivo de la estabilidad presupuestaria
El Gobierno plantea la reforma con el objetivo de racionalizar el gasto y garantizar la estabilidad de los municipios. La oposición, sin embargo, ha reiterado hoy en la Cámara Baja que la deuda de los municipios es la más baja de todas las administraciones y que un tercio de ésta pertenece al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular.
La oposición denuncia la voluntad recentralizadora del proyecto y la intención de vaciar de contenido y competencias a la administración que más contacto directo tiene con los ciudadanos y que, en el actual contexto de crisis, más está atendiendo a los colectivos con dificultades. Además, critica que las competencias se transfieran a las diputaciones, órganos que no son elegidos democráticamente y una de las administraciones más opacas.
“Con su reforma, perpetrarán un alejamiento de la administración local del ciudadano, y se producirá algo que hace mucho que no sucede: que cuando el vecino vaya a reclamar al ayuntamiento les digan ‘esto no es aquí’, y les envíen a la capital de provincia”, ha expuesto el diputado de Comprimís, Joan Baldoví. “Esta ley anula y empequeñece a los municipios”, ha sentenciado. Ana María Oramas, por parte de Coalición Canaria, ha denunciado que esta ley “vulnera los principios de proximidad y equidad”.
En el mismo sentido se ha expresado Teresa Jordà, de ERC: “Nos retrotraen a los tiempos del Nodo, en el que los ayuntamientos eran simplemente títeres de la administración central. El Gobierno pretende ahorrar recortando en la democracia más cercana a la ciudadanía”.
Privatización de servicios
El traspaso de competencias hacia las diputaciones hace temer a la oposición que conlleve abrir la puerta a la privatización de los servicios hasta ahora municipales. Así lo ha sostenido la diputada de EH-Bildu Onintza Enbeita: “Con esta ley, el Gobierno quiere convertir en un negocio de cuatro lo que un día pensamos que seria para todos”. Por UPyD, Rosa Díez ha alertado de que “es una ley hecha para mantener el bipartidismo y el control clientelar de las instituciones locales, convirtiéndolo en una estructura más opaca y menos democrática”.
La Izquierda Plural ha afeado al Ejecutivo que haya elaborado el proyecto sin contar con la participación ni de los entes locales ni de expertos en la materia. “El mantra de la racionalización y la sostenibilidad ha llegado al mundo local. La intención última no es otra que la de conseguir su ansiado proyecto neoliberal de menos Estado y menos democracia”, ha declarado la diputada Ascensión de las Heras. “Más valdría eliminar las diputaciones provinciales y transferir su gestión a comarcas y municipios en vez de dotarlas de mayores competencias. Tal como se apruebe esta ley será imposible cumplirla”, ha sentenciado.
El diputado socialista Gaspar Zarrías ha asegurado que a su grupo el proyecto le parece “una chapuza fruto de prejuicios e imposiciones foráneas”. “Esta ley es un paso más deliberado del desmantelamiento del Estado del Bienestar”, ha añadido.
El rodillo que supone la mayoría del Partido Popular ha permitido, tal como sucedió con la tramitación de la Lomce, rechazar todas las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos. Así lo ha constatado el diputado de CiU Carles Pàramo: “Disponer de mayoría absoluta no legitima para hacer lo que a uno le viene en gana”.
