La ONU insta a España a juzgar las 114.000 desapariciones del franquismo

MADRID // El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ha dibujado en su informe preliminar sobre España un retrato nada halagüeño del Estado español, un país que ha consagrado un “patrón de «impunidad” de los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura que niega a sus víctimas  la justicia, la verdad y el reconocimiento que desde hace años reclaman.

Tras visitar España la semana pasada y reunirse con representantes de las instituciones, asociaciones y familiares de víctimas, los expertos del Grupo de Trabajo han dado su visto bueno a un documento en el que se califica como “lamentable” esa impunidad y se insta a España a juzgar las al menos 114.000 desapariciones forzosas contabilizadas entre 1936 y 1951.

La demostración última de la veracidad de esta acusación de la ONU es un aspecto que deplora el documento: el hecho de que hasta el momento no haya habido “ninguna investigación judicial efectiva ni ninguna persona condenada» por estos crímenes. El Grupo de Trabajo reclama a las autoridades que al contrario de lo que sucede ahora, estas investigaciones deberían “formar parte de una política de Estado”.

La falta de castigo a quienes perpetraron estos crímenes ha estado amparado por una norma legal que puede ser asimilada a la ley de punto final argentina (derogada en 2006): la Ley de Amnistía de 1977, una norma que para los expertos de la ONU no debe ni puede ser de aplicación a las desapariciones forzosas, puesto que esos delitos son «crímenes de lesa humanidad», una condición que España les niega al considerarlos delitos de derecho común y por lo tanto sujetos a prescripción.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a España a “emprender las reformas necesarias” para que las desapariciones forzosas queden fuera del ámbito de esa ley asegurando que este tipo de crimen “no sea sujeto a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977”, una recomendación, recalcan, que ya han hecho a España otros organismos internacionales.

Cubriendo con un velo de impunidad las desapariciones forzosas, el Estado español incumple además sus obligaciones internacionales, recuerdan los expertos de la ONU, que obligan a España a “establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzosas o la determinación de que la prescripción sólo puede computarse a partir del cese de la desaparición forzada [cuando se descubre el paradero de la persona]”

La ley de Amnistía no es la única que sale mal parada. Naciones Unidas ha constatado también en el informe que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió “de manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal”. Esta reforma, recomiendan los expertos, “no debe obstaculizar el ejercicio de su jurisdicción universal sobre las desapariciones forzadas”.

El documento también recomienda a España que ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, algo que el Estado no ha hecho-como denuncian organizaciones como Amnistía Internacional- para no tener que investigar los crímenes del franquismo ni buscar a sus culpables, ahora protegidos por la Ley de Amnistía y la prescripción de estos delitos.

La impunidad amparada por el Estado ha llevado a las víctimas a solicitar “a los tribunales de Argentina la jurisdicción universal», recuerda el informe de Naciones Unidas, una labor que hasta ahora, según denuncian las asociaciones de víctimas, no ha contado con la colaboración del Estado Español.

Ley de Memoria Histórica
La ley de Memoria Histórica aprobada por el anterior gobierno también ha merecido varias reflexiones de los expertos, que recomiendan al Estado que proporcione los fondos adecuados para que pueda “aplicarse eficazmente”. Nada más llegar al poder, el Ejecutivo del PP prometió que no destinaría fondos públicos para exhumar las fosas de las víctimas de la dictadura, una promesa que ha mantenido.

Naciones Unidas afea esta actitud e insta a las autoridades a abrir un proceso de consulta con los familiares y las asociaciones, así como a ofrecerles apoyo financiero e institucional. El Grupo de Trabajo demanda también la puesta en marcha de un plan nacional para buscar a los desaparecidos, que permita coordinar las exhumaciones y los datos que de ellas se desprendan para averiguar el paradero de estas al menos 114.000 personas.

La educación es otra de las cuestiones pendientes que señala el informe, que reclama que se “eduque a las generaciones futuras” para concienciar a la sociedad sobre los graves delitos que durante décadas, y aún hoy, siguen impunes.