España continúa amparando la desaparición forzada

MADRID // Sólo la Camboya de Pol Pot y de los jemeres rojos supera a España en número de seres humanos cuyo paradero se desconoce. En el período entre 1936 y 1951, que comprende la Guerra Civil y la postguerra española, al menos 114.226 personas fueron víctimas de desaparición forzada.  La enormidad de esta cifra, recogida en la querella por los crímenes del franquismo presentada en la Audiencia Nacional en 2006, no ha llevado sin embargo al Estado a investigar los crímenes de ese período histórico ni a tratar de averiguar qué fue de esos seres humanos. La mayoría siguen enterrados en las cunetas y fosas comunes que conforman el mapa de la represión franquista en España

El Estado no sólo no ha investigado nunca estos crímenes, sino que además ni siquiera «colabora adecuadamente con los tribunales extranjeros» – como la corte argentina que instruye la querella incoada por víctimas de la dictadura franquista- que sí están atendiendo la reclamación de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, denuncia Amnistía Internacional en un informe hecho público esta semana.

Para Amnistía, esta actitud constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado. Sobre todo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la que España forma parte.

El documento destaca que la desaparición forzada sigue sin ser considerada un crimen y que el Código Penal ni siquiera la menciona como tal. En su lugar, se recoge “la detención ilegal o secuestro sin razón de paradero”, además de instaurar como eximente la “obediencia debida” o “el cumplimiento del deber”, atenuantes que dejan entrever una aplicación laxa de la ley a miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército que supuestamente actuaron cumpliendo órdenes. Amnistía critica también que “no esté previsto” eliminar estas eximentes en el anteproyecto de reforma del Código Penal.

Esteban Beltrán, director de la sección española de la organización internacional, resalta que España tampoco ha ratificado «una ley que data del año 46 del siglo pasado, la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad«.

Delitos ordinarios

«España no ha ratificado esta convención porque cree que así no tendrá que investigar los crímenes de la Guerra Civil», deplora Beltrán, pues el ordenamiento jurídico español en vigor asimila crímenes como la desaparición forzada a delitos ordinarios que, por lo tanto, prescriben y no pueden ser juzgados al cabo de unos años.

Si España ratificara esa convención internacional, se vería obligada a armonizar sus leyes con ella y a juzgar los crímenes de la dictadura, que ya no se podrían acoger a la prescripción, un hecho que minaría la impunidad instaurada en 1977, tras la muerte del dictador, con la Ley de Amnistía. Los colectivos de víctimas asimilan esta norma a leyes como la de Punto Final aprobada en Argentina en 1986, que más tarde fue anulada en 2003.

En España, esta ley  no sólo no ha sido anulada, sino que el Tribunal Supremo ha refrendado la impunidad que instaura, lo que, en opinión de Beltrán, ha «cerrado la puerta a cualquier investigación» sobre estos crímenes.

«No podemos olvidar que todas las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, incluidas las del franquismo, tienen derecho a verdad, justicia y reparación, y el Estado español tiene la obligación de garantizar estos derechos”, señaló Beltrán.

El informe de Amnistía, presentado por la organización al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que esta semana ha visitado España, incluye además otras críticas a la legislación española, como por ejemplo el mantenimiento de una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la detención y prisión en régimen de incomunicación hasta 13 días. Esta norma tiene además una serie de disposiciones, que, de acuerdo con la organización de derechos humanos, «dan como resultado la vulneración de la Convención sobre la desaparición forzada, que establece que “nadie puede ser detenido en secreto”.

Otro de los aspectos que critica Amnistía son las expulsiones colectivas de inmigrantes, en teoría ilegales, sobre todo, recalca el documento, cunado éstas se efectúan a «terceros países donde existe un temor fundado de persecución o de que esa persona podría estar en riesgo de sufrir otras violaciones serias de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas».