Seis autonomías se rebelan contra el copago farmacéutico en hospitales

Asturias, País Vasco, Andalucía, Castilla León, Canarias y Navarra ya han anunciado que no tienen previsto implantar el sistema de copago farmacéutico para farmacia hospitalaria que anunció Ana Mato la semana pasada.

La norma establece que, a partir del 1 de octubre, los ciudadanos deberán abonar un 10% del precio de las medicinas hospitalarias, con un tope máximo de 4,2 euros.

La ministra de Sanidad confiaba en que las comunidades autónomas aplicasen sin problemas la medida de que los pacientes graves o crónicos no ingresados paguen una parte del importe de los medicamentos recibidos en los hospitales. Pero se equivocó. Su decisión ha provocado una oleada de críticas por parte de los gobiernos regionales por la falta de tiempo para su aplicación, y de los profesionales, que no la ven justificada.

Ante este copago farmacéutico, tanto el gobierno vasco como el andaluz han anunciado sendos recursos y su impugnación ante los tribunales. Los motivos, que esta medida “atenta contra la equidad del sistema y va contra las personas más vulnerables de la sociedad”.

Aunque no ha mostrado su deseo de ir a los tribunales, el Gobierno de Asturias ha rechazado la decisión del Gobierno central, ya que “supone otro impuesto más a la enfermedad». En el mismo sentido se ha manifestado el Gobierno canario, para quien “se trata de un tijeretazo a los derechos de los ciudadanos».

Navarra y Castilla León también se han rebelado contra la decisión de Ana Mato. El parlamento navarro aprobó una declaración institucional, con los votos de todos los grupos excepto el PP, para que, «bajo ningún pretexto, se imponga el copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves». También desde Castilla y León, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, del PP, criticó que «afectará a pacientes que necesitan y deben seguir haciendo esos tratamientos».

Aunque Cataluña sí aplicará el copago a partir del 1 de octubre, la Generalitat ha anunciado mecanismos compensatorios para asegurar que los pacientes sin recursos económicos puedan seguir recibiendo el tratamiento.

No, por falta de tiempo

Tanto el País Valenciano, como Extremadura y Aragón, sin llegar a criticar la norma abiertamente, ya han expresado que el 1 de octubre no podrán implantar el copago “por falta de tiempo”.

En el caso valenciano, además, la Conselleria de Sanitat no lo considera como una norma “prioritaria para la sostenibilidad del sistema». También han llegado críticas desde Extremadura, que ve “difícil” aplicar la norma en tan poco tiempo y llega a hablar de una medida “impuesta” por parte de la legislación estatal.

En Aragón también ven «materialmente imposible» aplicar el copago el próximo 1 de octubre y ya estudian «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».

Aplicación sin entusiasmo y norma impuesta

Quien ya ha avisado que el copago será una realidad en sus respectivas autonomías han sido los gobiernos gallegos, cántabro, murciano, castellanomanchego, y madrileño. El más entusiasta, Cantabria, que aplicará «en el menor tiempo posible» el decreto. Con la misma celeridad pretenden implantar el copago Murcia y Castilla La Mancha.

Desde Galicia, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, negó cualquier posibilidad de “incumplir la ley” al ser una norma básica impulsada por el Ministerio de Sanidad. En el mismo sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio  González, ha anunciado que aplicará el copago al venir “impuesto por la legislación estatal”.

La Rioja y Baleares no se han pronunciado públicamente. Quien sí lo ha hecho es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, para quien este copago no contribuye a racionalizar el consumo, no sirve como instrumento de financiación adicional y, además, presenta problemas en su diseño y aplicación, según señalaron en un comunicado.