Tokio 2020, Madrid menos 9.000

La candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2020 vuelve a ser la vencida la tercera vez que se ha presentado. Se cumple así el refrán, aunque no con las connotaciones a las que estamos acostumbrados. Ha sido Japón el país que el COI ha seleccionado para que su capital, Tokio, sea la anfitriona de este macroevento deportivo. Ahora toca saber qué pasa con Madrid. En primer lugar, con los 8.851 millones de euros que, entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado, han invertido durante la preparación de las tres candidaturas fallidas. Quién los va a pagar, quién se lo va a devolver a los ciudadanos.

Las autoridades públicas también tendrán que explicar qué ocurrirá con las infraestructuras orientadas exclusivamente a hospedar competiciones deportivas relacionadas con los JJOO, sin que de ellas se derive ninguna utilidad para el día a día de los ciudadanos. Qué pasará, por ejemplo, con los 50 millones de euros de hipoteca que pesan sobre el Centro Acuático, del que únicamente se llegó a edificar un esqueleto de hormigón. Si terminará de construirse, si comprará alguien el edificio o si se usará como polideportivo municipal gestionado por alguna empresa privada que correrá con los gastos de mantenimiento para que los madrileños no tengan que sufragar una instalación que nunca necesitaron y nunca pidieron.

Dentro del presupuesto no COJO, se habían reservado 565 millones de euros para construir infraestructuras con las que mejorar la comunicación entre los nodos olímpicos. Ahora que los Juegos no van a celebrarse en Madrid, ya que se tenía pensado gastarlo, el dinero podría usarse para mejorar la Sanidad pública, para salvar el CSIC, para volver a contratar a los más de 60.000 profesores despedidos a causa de la necesidad de recortar en Educación por una crisis que, según han aseverado desde los distintos gobiernos, no permite gastar más de lo que ingresamos.

¿Habrá tres sin cuatro?

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra actualmente ahogado por las deudas. Terminó 2012 con un déficit que superaba los 6.200 millones de euros. Una cantidad que equivale al dinero invertido por la ciudad de Madrid en la organización de los Juegos desde que se presentó como candidata la primera vez, en 2004. Gracias a los 350 millones de préstamo recientemente solicitados, junto a la obligación de asumir casi 500 millones de euros en deudas debido a la quiebra de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), el consistorio madrileño finalizará 2013 con 7.000 millones de euros en números rojos.

Era la quinta vez que Estambul se presentaba para ser sede de unos Juegos Olímpicos. Y, de nuevo, ha sido rechazada para albergar los de 2020. Madrid, con el argumento de que “ya está todo construido“, decidió ser candidata para la organización de este evento por tercera vez consecutiva. Quizás le sirva de lección a España. Lo que sí es seguro es que durante estos últimos diez años se ha invertido una cifra equivalente a la deuda actual del consistorio, mientras que, precisamente por su déficit, el Ministerio de Hacienda ha sometido al Gobierno local a un plan de ajuste entre 2012 y 2022 que, de momento, ha arrasado los servicios públicos.

El objetivo fundamental de esta “contención económica“ es reducir paulatinamente la ingente deuda actual del Ayuntamiento para que, en 2022, se haya podido reducir su deuda a 1.603 millones de euros. Para ello, se exige congelar inversiones, disminuir el gasto social, reducir los servicios sociales y aumentar tasas, impuestos y precios para disfrutar de servicios públicos como las instalaciones deportivas municipales.

Si Madrid no se hubiera presentado como candidata a organizar los Juegos, podría no haber compensado la deuda que actualmente tiene y, por tanto, no estaría sometida un plan de ajuste que contribuye a empeorar la vida de sus ciudadanos. Habrá que esperar a escuchar la decisión del Gobierno local pero, a la vista de los resultados económicos, parece que, en lugar de optar por una cuarta candidatura, lo más prudente sería centrarse en tratar de averiguar cómo evitar que los ciudadanos paguen las consecuencias de una obsesión que ha beneficiado a las empresas privadas de la construcción en detrimento de la calidad de vida de los madrileños.