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lunes 24 septiembre 2018

Sociedad

Horizonte: Universidad S.A.

Las empresas se cuelan en la educación superior generando nichos de mercado y ocupando espacios que antes dependían exclusivamente del Estado.

30 agosto 2013
17:48
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[Este artículo forma parte del dossier “A la caza del negocio de la Educación”, publicado en el nº 8 de La Marea, a la venta en quioscos y aquí]

El día en el que un español pida un crédito para pagarse un máster, estaremos en el buen camino”. La frase, pronunciada en el verano de 2009 por el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Salvador Ordóñez, no tuvo mayor repercusión. Entre otras cosas, porque en aquel momento muchos españoles ya habían solicitado uno de esos préstamos. ¿En el buen camino? Depende de para quién.

Hace unos meses, se creó la Plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad ICO, formada por alrededor de 300 estudiantes que definen los créditos que solicitaron como “las preferentes educativas”. Entre el año 2007 y 2011, varias entidades bancarias (Banco Santander, Cajasol, Sá Nostra, Unicaja), a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y en colaboración con varias universidades, ofrecieron préstamos a estudiantes para costearse sus estudios de postgrado.

En la primera convocatoria (2007-2008), las condiciones eran muy ventajosas: 0% de interés, un periodo de carencia indefinido si no se superaban los 22.800 euros de renta anual y la extinción de la deuda a los 15 años. Sin embargo, a partir de ahí las condiciones se fueron endureciendo paulatinamente. La segunda convocatoria (2008-2009) ya no tuvo carencia indefinida y consistía en un préstamo a 20 años (5 de carencia y 15 de amortización) al 0% de interés.

Los problemas comenzaron a partir de la tercera convocatoria (2009-2010), en la que el préstamo era a 13 años (hasta 6 años de carencia por límite de renta y 10 de amortización) con la aparición de un 10% de interés de mora en la letra pequeña.

Finalmente, la última convocatoria fue la gota que colmó el vaso y en la que se ven atrapados casi todos los miembros de la plataforma. En el curso 2010-2011 el crédito era a pagar en 6 años (2 de carencia y 4 de amortización) sin prórrogas y con un interés cotizado por el ICO cada 15 días. Un auténtico callejón sin salida para estudiantes a los que ya les están llegando las primeras cuotas.

El saldo para el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha sido de 450 millones de euros de deuda subvencionada en el total de las cuatro convocatorias y una denuncia de Facua al Banco Santander por publicidad engañosa, puesto que, según esta asociación de consumidores, en los folletos del banco de las dos últimas convocatorias se ofrecen condiciones más ventajosas que las aparecidas en el BOE.

Los estudiantes piden el retorno a las cláusulas de 2007, pero el MEC, ICO y los bancos echan balones fuera y aún no les han ofrecido ningún tipo de solución.

Los créditos bancarios destinados a financiar estudios, sean para los grados o los postgrados, han hecho su acto de aparición en un momento en el que las becas se han recortado con respecto a años anteriores y mientras las condiciones para acceder a ellas se endurecen. Es una tendencia que coincide con el modelo estadounidense, con 37 millones de estudiantes con créditos bancarios (un 60% del total), dentro de un mercado que ya ha superado en volumen al de las tarjetas de crédito y que sólo está por detrás del hipotecario de viviendas, según los datos ofrecidos por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor estadounidense. Que ahora mismo existan decenas de miles de estudiantes en riesgo de expulsión de la universidad española por impagos abre un nicho de mercado muy interesante para las entidades de crédito.

Éstas no son las únicas rendijas por las que se está colando la economía de mercado en las aulas universitarias. Sucursales bancarias, carnets de biblioteca que funcionan como tarjetas de débito adosadas a una cuenta y externalización de servicios –restauración, limpieza, informática– son algunos de los ejemplos más comunes.

Los Consejos Sociales
El plan Bolonia, implantado totalmente en las universidades españolas desde el curso 2010-11, ha supuesto un paso más en la integración directa de la esfera privada en el ámbito educativo público, aunque lo ha hecho de un modo mucho más sutil, instalando a las empresas en los órganos de gobierno universitarios, dentro de los denominados Consejos Sociales.

Estos órganos están compuestos por representantes de los alumnos, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios, así como de personalidades políticas y representantes de sectores económicos. Entre otras competencias, tienen la potestad de aprobar las cuentas de su institución. También es notable su peso a la hora de diseñar los planes de estudio.

Todas las universidades españolas cuentan con representantes de las instituciones empresariales de su comunidad autónoma o incluso de compañías sentados en sus consejos. En el de la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, están presentes El Corte Inglés, Auren, Telefónica, Multimedia Capital y Fundación Caja Madrid.

Por otro lado, las cátedras de empresa se multiplican en los últimos años en las universidades públicas al calor de Bolonia, poniendo al servicio de los intereses de grandes compañías medios humanos y recursos materiales de titularidad pública a cambio de financiación.

Esta cooperación suele traducirse en matrículas caras y cursos intensivos, pero universidades como la barcelonesa Pompeu Fabra (UPF) aseguran que este tipo de cátedra es “el instrumento más adecuado para las colaboraciones a más largo plazo, con objetivos amplios en docencia, investigación y transferencia de tecnología y conocimiento”. La UPF ofrece convenios con empresas que suelen durar tres años. La aportación que éstas deben hacer a la universidad es de un “mínimo de 90.000 euros anuales”. De esta cantidad, “un 20% se ingresa a la universidad en concepto de donación y, por lo tanto, está sujeto a las deducciones previstas por la legislación vigente y el resto se destina a financiar las actividades de la cátedra”, concretan en su web oficial.

Además del beneficio económico, las universidades y las empresas que colaboran mediante esta fórmula buscan obtener prestigio, aunque en ocasiones su alianza resulte sorprendente. En este sentido, es muy ilustrativa la Cátedra EADS de Estudios Aeronáuticos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (ETSI), ligada a la empresa armamentística del mismo nombre, teniendo en cuenta que la institución educativa incluye entre sus objetivos estatutarios la defensa de la paz y el medio ambiente.

También son, cuando menos, llamativas las cátedras de empresas farmacéuticas. Sólo el laboratorio Novartis cuenta con varias de ellas: en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Valladolid y en la de Zaragoza. Esta última institución, con poco más de 30.000 alumnos, tiene 56 cátedras de empresa. La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con 26, mientras que la Autónoma de Barcelona tiene 20, con un número de estudiantes matriculados similar a la universidad de la capital aragonesa.

Matrículas por las nubes
Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario, una plataforma independiente de reciente creación compuesta por profesores y alumnos, el precio que los universitarios españoles pagan de media es uno de los más altos de la Unión Europea. Concretamente el quinto de la UE-15. Cada estudiante abona aproximadamente 776 euros de matrícula en un grado. Y eso a pesar de que el informe anual de la OCDE Education at a Glance pone de manifiesto que España destinó en 2010 sólo un 1,2% de su PIB a educación superior, lo que significa que la universidad nos cuesta a los españoles un 25% menos que la media en los países desarrollados. Además, tal y como recogen los datos de la agencia europea Eurostat publicados el pasado mes de julio, uno de cada diez españoles titulados se encuentra en riesgo de exclusión social, una tasa del 10% que sitúa al país a la cola de Europa.

“Los últimos meses han sido muy ilustrativos”, recuerda Ana García, secretaria del Sindicato de Estudiantes. García se refiere a los 30.000 estudiantes que están al borde de la expulsión “porque no pueden hacer frente al pago de las tasas. Sólo por eso. Ahora, con el nuevo decreto de becas, el cálculo es que en torno a 100.000 jóvenes se van a quedar el año que viene sin ayuda”, lamenta esta sindicalista. “Por otro lado, las ayudas se reducen de una forma drástica y los criterios que se imponen penalizan a la gente que no tiene recursos”, añade.

Todo esto, unido a las alarmantes tasas de paro juvenil (rozando ya el 60%, aunque en el caso de los titulados superiores era, en 2012, del 15%), así como a la retroalimentación de la cadena deudora, en donde las comunidades autónomas deben más de 1.000 millones de euros a las universidades y éstas a su vez a proveedores, bancos y empresas, pone sobre la mesa la necesidad de una reforma urgente. Con un 20% menos de recursos y un recorte de casi 1.600 millones con respecto a 2010, puede que la transformación de la universidad española haga buena la frase de Jean Cocteau cuando dijo: “Formarse no es nada fácil, pero reformarse lo es menos aún”.

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Carlos Mier

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