Opinión

Una ley contra los pueblos

Para el autor la reforma de la Administración Local convierte a la población rural en ciudadanos de segunda

Javier Guzmán

30 julio 2013 Una lectura de 2 minutos

El Gobierno ha aprobado corriendo y sin consenso un proyecto de ley llamado de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que convierte a la población rural en ciudadanos de segunda. Un proyecto además que no ha contando con la participación de la sociedad civil y plataformas de pueblos y entidades menores, y que se hace a escondidas aprovechando el período vacacional. Una ley que dice buscar la racionalidad y el ahorro económico, pero que esconde una vuelta de tuerca más en el avance de las políticas neoliberales y el exterminio de todo lo público.

En España la población rural supone el 20% a los que esta ley arrebata de un plumazo su capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida. Esta ley desmantela 3200 entidades menores y 1024 Mancomunidades, buscando descaradamente la privatización de los servicios públicos que estas gestionan. Los servicios públicos rurales se pretenden derivar a las Diputaciones Provinciales, eso significa concentración de los servicios públicos y darle la gestión a una empresa privada, así de fácil.

Pero no solo se trata de servicios públicos, sino que hay otro bocado apetecible, ni más ni menos que la privatización de los bienes comunales, montes, etc… que en su mayor parte son gestionados por estos pequeños pueblos, despojándoles de sus legítimos derechos, y que han conseguido hasta la fecha que se mantengan y que además sigan siendo comunales. Con esta reforma, estos recursos naturales pasarán a manos de una diputación y acto seguido a grandes empresas del agronegocio, el turismo, empresas extraccionistas que se lucrarán con el patrimonio de todos.

Sería bueno que el Gobierno recordara los efectos desastrosos de la última privatización de montes en España que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando miles y miles de hectáreas de bosque fueron arrasadas y deforestadas, y solo en 1859 el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes logró salvar de la desamortización seis millones de hectáreas. Esa gran desamortización causó erosión, desertificación e inundaciones, acabando con lo que hoy llamamos biodiversidad, cultura, sumideros de carbono y con un enorme patrimonio ambiental de todos cuyo valor no tiene precio, aunque algunos ministros se afanen en ponérselo.

[Artículo publicado en el blog de Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras – Justicia Alimentaria Global]

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Comentarios

Miguel A. dice:

31/07/2013 a las 14:22

«Las entidades locales menores son unas administraciones muy peculiares dentro del mapa administrativo del estado español, sumamente cercanas a lo que sería una organización asamblearia de la comunidad, que administra y protege los bienes comunales de sus términos municipales, bienes que, como veremos, son la clave del atentado que ahora se perpetra contra ellas»

Un artículo muy interesante publicado hace unos meses a este respecto: http://vocesdepradillo.org/content/peque%C3%B1os-municipios-condenados-muerte

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jose rita dice:

30/07/2013 a las 13:29

Estamos a tiempo de evitar el expolio y la desamortización de los Recursos y Bienes Comunales (montes de utilidad pública, agua, pastos….) que han formado parte de la historia de nuestros antepasados y nuestros pueblos.

FIRMA Y DIFUNDE:
http://www.change.org/es/peticiones/stop-al-expolio-de-los-bienes-comunales-son-nuestros

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