BARCELONA// Apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental, corrupción entre particulares y malversación de fondos públicos. Estos son los delitos incluidos en la denuncia penal que interpondrá hoy la sección de Sanidad en Barcelona del sindicato CGT contra la totalidad de los miembros del patronato de la fundación Instituto de Alta Tecnología (IAT) de Barcelona.
Esta fundación, nacida en 2001 para crear y gestionar el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, y planteada como un ejemplo de la gestión público-privada, quebró a finales de 2011 dejando un agujero económico superior a los cinco millones de euros. El patronato estaba integrado por los más altos dirigentes del Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital del Mar y el Hospital Vall d’Hebron, así como del holding privado CRC Corporación Sanitaria, líder en Cataluña en el sector.
Precisamente, fue la cesión progresiva de los recursos de la fundación a CRC lo que acabó llevando a la fundación a la quiebra. El peritaje encargado por el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona a la auditora Faura Casas concluyó que CRC se aprovechó del control sobre el IAT para desviar hacia sus empresas filiales subvenciones y materiales comprados con fondos públicos, dejando a la fundación sin recursos y provocando el agujero económico. El administrador concursal estimó en 5,3 millones de euros el dinero que el grupo CRC le debe a la fundación.
Los patronos de los tres hospitales públicos implicados, que son financiados directamente por la Generalitat, debían ser los encargados de supervisar y controlar que estos hechos no se produjeran, así que, tanto por conocer los hechos y no denunciarlos como por colaborar en que así se produjeran, son señalados en la denuncia como colaboradores necesarios.
Los delitos referidos anteriormente se les imputan en mayor medida a aquellos miembros del patronato que eran a la vez administradores de CRC, y que, según la denuncia, se aprovecharon de su situación para lucrarse personalmente. Si el juez admite a trámite la denuncia, será él quien determine el grado de responsabilidad de cada uno de los 21 patronos denunciados.
La cesión a CRC del ciclotrón
El informe que realizó el administrador concursal tras la quiebra de la fundación señala que se imputaron al IAT “gastos y facturas de compra ajenas completamente a la actividad docente” que se le suponía a la fundación. Además, otras prácticas del grupo CRC vaciaron de capital al IAT. En enero de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología le otorgó a la fundación un crédito a interés cero de 5.792.554 euros para la compra e instalación de un ciclotrón, un préstamo que se condicionó a que el ciclotrón se utilizase exclusivamente con fines de investigación y no comerciales. Sin embargo, en enero de 2008 la fundación vendió el uso del ciclotrón a una de las empresas filiales de CRC -CRC Centro de Imagen Molecular- para que comercializase su uso, en beneficio exclusivo de la empresa.
La venta supuso que el IAT perdiese su principal activo. En la última etapa, de 2008 a 2010, CRC utilizó a la fundación de tapadera para comprar materiales y servicios a coste cero. La fundación hacía los pedidos, pero el material acaba en las empresas del grupo. Estas prácticas provocaron un agujero superior a los 3 millones de euros, lo que acabó llevando a la ruina al IAT. Por todo ello, el administrador concluyó que CRC “se estuvo lucrando y beneficiando de la inversión y la estructura de la fundación para sus propios fines en perjuicio de la concursada”.
El administrador concursal constató también que CRC desvió casi 350.000 euros recibidos por el IAT desde varias instituciones y que iban destinados a financiar programas de investigación, casi 150.000 euros de los cuales fueron donados al IAT por el programa “La Marató” de TV3. También fue desviado al grupo privado el dinero donado por la Universidad Pompeu Fabra y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, según publicó el diario El País.
Impulsores de la privatización del Clínic
Los denunciantes destacan que algunas de las personas implicadas en la quiebra del IAT, y que formaban parte del patronato, “se corresponden con los mismos nombres que inspiran y están detrás del proyecto del nuevo modelo de gobernanza del Hospital Clínic”, que pretende ceder la gestión del centro a una fundación. Es el caso de Joan Rodés, presidente del patronato de la fundación IAT en representación del Clínic. Durante su mandato al frente del hospital (entre los años 2003 y 2008) se produjeron algunas de las múltiples irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas catalán) en las concesiones del servicio de limpieza y lavandería.
El área de influencia de Rodés se extiende ahora a todo el Estado. Actualmente es el presidente del Consejo Asesor de Sanidad, el “comité de sabios” impulsado por la ministra Ana Mato para configurar las líneas maestras de la política sanitaria del Gobierno.
Otro de los miembros del patronato del IAT denunciados es Josep Maria Piqué, actual presidente del Clínic y una de las personas que lidera el proyecto privatizador de la gestión del hospital. “Viendo el grado de responsabilidad mostrado como patronos de la fundación IAT, no parecen ejemplos ni modelos a seguir en la gestión del dinero público”, expresan los denunciantes, que sostienen que este modelo “nos aleja del control y de la gestión pública y nos aboca al desastre”.
