La organización Médicos del Mundo compareció ayer por la tarde en la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados para alertar de las consecuencias de la reforma sanitaria, que ha dejado sin cobertura normalizada a más de 800.000 personas en España. El presidente de la ONG, Álvaro González, criticó el Real Decreto elaborado por el Gobierno defendiendo que “desde un punto de vista de derechos, no es justo; desde una perspectiva económica es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública es peligroso, porque las enfermedades infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas y desde un punto de vista ético tampoco es justificable, porque conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios”.
El Real Decreto Ley 16/2012, emitido el 20 de abril de 2012, establece que, con independencia de su situación legal o irregular en el país, las mujeres extranjeras tienen derecho a asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y posparto. El decreto establece también que los extranjeros indocumentados menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria gratuita “en las mismas condiciones que los españoles” y, de superar esa edad, deben ser atendidos en caso de “urgencia, enfermedad grave o accidente”.
En el resto de los casos, la amplia mayoría, las personas en situación administrativa irregular tienen limitado su acceso a los centros de salud. El Gobierno calcula un ahorro de 500 millones de euros con el retiro de las tarjetas sanitarias. En setiembre del año pasado, 873.000 personas se quedaron sin la tarjeta sanitaria que da acceso al sistema de salud.
Médicos del Mundo, sin embargo, asegura que, con esta medida, tal ahorro no se producirá. “La asistencia en urgencias a la que se aboca a las personas inmigrantes es notablemente más costosa que la atención primaria, además de ineficaz en términos de prevención y de seguimiento de enfermedades crónicas. A esto se añade que las personas procedentes de países de renta baja acuden un 30% menos al hospital y consumen casi 5 veces menos fármacos que los autóctonos”, expone la ONG.
Las personas inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria pueden contratar un seguro público de 710 euros anuales, que no incluye las medicinas. Un coste que, según varias organizaciones, en la gran mayoría de los casos no pueden asumir. “A las personas inmigrantes a las que se les exige contratar un aseguramiento para recibir atención se les está haciendo pagar dos veces, porque ya han contribuido a financiar el sistema sufragando el IVA y los impuestos especiales”, señala González.
Desplome de la esperanza de vida
Ana Rico, investigadora en salud pública y ex profesora de políticas sanitarias en la universidad de Oslo avisa de un “riesgo evidente de un desplome de la esperanza de vida en España, como ya ocurrió en países del Este con un grado de industrialización similar al de nuestro país, donde se perdieron 10 años de esperanza de vida en solo 7”. La reducción de la esperanza de vida, mantiene Rico, podría llegar “a los 20 o 30 años en población muy vulnerable”.
Alberto Infante, experto en Salud Pública y Administración Sanitaria y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, defiende que “si existe un problema para el coste que supone para las arcas públicas la atención sanitaria a extranjeros en España no habría que buscarlo en la asistencia a personas en situación irregular”, sino en la “ineficiencia en el cobro de la atención prestada a los turistas y transeúntes por la red sanitaria pública”.
Los profesionales también señalan el peligro de excluir del sistema sanitario a personas con enfermedades contagiosas. Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, advierte que las consecuencias de un recorte en materia de enfermedades transmisibles “se extienden a toda la población y se convierten en un problema de salud pública”.
Personas en la cuneta
El caso es que la exclusión sanitaria ha abocado a miles de personas a una situación extrema de vulnerabilidad. Es lo que le sucedió a James, un hombre procedente de Chad y residente en Toledo que en 2011 sufrió un ictus y quedó hemipléjico. Su permiso de residencia caducó un mes después “y no pudo ir a renovarlo debido a su enfermedad”, denuncia la ONG. Desde entonces está en situación irregular y necesita seguimiento y tratamiento médico, pero no puede acceder a ellos.
También en Toledo vive Fátima, una mujer con diabetes nacida en Tánger. En noviembre del año pasado le fue diagnosticada una lesión hepática con posible tumoración maligna en el hospital Puerta del Hierro de Madrid, pero le indicaron que para confirmar la malignidad del tumor tendrían que hacerle pruebas adicionales que conllevaban un coste. Al no poder pagarlo, “no conoce el tipo exacto de cáncer que padece, aunque su salud se ha deteriorado de manera evidente”, explican desde Médicos del Mundo. Actualmente no recibe tratamiento para la enfermedad hepática ni seguimiento de su diabetes a través de la sanidad pública.
La pérdida del derecho a la asistencia sanitaria provoca también casos estrambóticos como el de Ferdinan, un joven residente en Baleares y que padece de esquizofrenia. No puede costearse la medicación antipsicótica que necesita, y fruto de ello sufrió un brote de su enfermedad y atacó a una persona, motivo por el cual ingresó en prisión. Se dio la paradoja de que en la cárcel sí que recibió la medicación adecuada para su situación, pero al quedar en libertad se ha vuelto a quedar sin acceso al tratamiento y al seguimiento psiquiátrico.
El investigador de Amnistía Internacional Ignacio Jovtis señala que “tanto el relator especial de la ONU sobre los derechos de los inmigrantes como el relator sobre discriminación han recordado a España que aún en épocas de crisis, los derechos humanos siguen vigentes”.
