La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tiene su germen en el movimiento V de Vivienda, surgido como tal en Barcelona pero que pronto se expandió a otras ciudades del Estado. A mediados del 2006, con la burbuja inmobiliaria todavía en plena efervescencia, un grupo de personas del entorno de los movimientos sociales se unió para reivindicar el uso social de la vivienda y reclamar que se pusiese freno a la especulación.
Dos años más tarde, de ese primer movimiento nació la PAH. Integrantes actuales de la Plataforma, como Ada Colau, la cara más visible del movimiento en los medios de comunicación, o Adrià Alemany, coincidieron en V de Vivienda. “Teníamos muy claro desde el principio que nos íbamos a enfrentar a Goliat. Las entidades financieras son el lobby más potente del mundo”, aseguró Colau hace unos meses en la presentación del libro ‘¿Sí se puede!’, crónica de una pequeña gran victoria’.
Una de las claves de ese éxito ha sido la organización descentralizada y horizontal de la Plataforma, que desde sus inicios fue creciendo a partir de crear nuevos núcleos interconectados en distintas ciudades. Eso, y la participación colectiva de muchos ciudadanos que, al acercarse a la Plataforma, no solo han podido evitar en algunos casos sufrir procesos de desahucio, sino también formarse en el funcionamiento del mercado hipotecario, adquiriendo unos conocimientos imprescindibles para afrontar la problemática e incorporando los instrumentos necesarios para negociar con las entidades financieras.
Pero no fue hasta casi dos años después de que se constituyese la Plataforma que comenzó la labor de parar desahucios, lo que a la postre acabaría otorgándole la visibilidad de la que goza actualmente. Fue a finales del 2010 cuando ante una notificación de desahucio recibida por un vecino de la Bisbal del Penedés (Tarragona), el afectado, con la ayuda de miembros de la PAH, decidió plantar cara y tratar de evitar el desalojo mediante la resistencia pasiva.
El salto a los medios
Los inicios fueron complicados. La consciencia sobre el problema de los desahucios y la indefensión de muchas familias no estaba aun muy extendida. Fue el recrudecimiento de la crisis y el espectacular aumento de afectados lo que poco a poco lo incluyó en la agenda informativa. Las imágenes de decenas de personas apostadas ante las puertas de los domicilios de los afectados por procesos de desahucio, entorpeciendo la labor policial y barrando el paso a las comitivas judiciales, comenzaron a ser habituales en los espacios informativos.
Desde entonces, la PAH ha logrado paralizar más de 500 desahucios y negociar centenares de daciones en pago. Y es que la labor de la Plataforma ha tenido una de sus patas de actuación más importantes en la negociación con las entidades financieras, junto a la presión sobre estas para que aceptasen cancelar la deuda de las personas afectadas con la entrega de la vivienda, lo que se conoce como dación en pago. Semana tras semana, los miembros de la Plataforma se reunían para asesorarse y plantear nuevas acciones.
Al saltar a la opinión pública, la labor de la Plataforma fue acogida con un gran apoyo popular. Hoy en día las encuestas sitúan en cerca de un 90% de la población los partidarios de la labor de la PAH, una de cuyas mayores tareas fue la de promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fijase en la legislación las principales reivindicaciones del movimiento: la paralización de los desahucios de vivienda habitual en casos de deudores de buena fe, la dación en pago retroactiva, y la promoción del alquiler social para las personas sin recursos que no pudiesen hacer frente al pago de la vivienda.
La ILP con más apoyos
La campaña fue la más exitosa de cuantas se han promovido para sacar adelante una ILP. Pese a las trabas administrativas por parte de la Mesa del Congreso para iniciar la tramitación de la ILP, la recogida de firmas superó de largo el medio millón necesario: Más de 1.400.000 ciudadanos avalaron las demandas de la iniciativa, que llegó al Congreso de los Diputados con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios, excepto el más necesario para que saliese de la cámara en forma de ley: el del Partido Popular y su mayoría absoluta.
El PP fusionó finalmente su propia propuesta con la ILP echando por tierra las demandas que avalaron los ciudadanos firmantes, principalmente la dación en pago retroactiva, la medida más reclamada por la PAH para dar una solución a los afectados por los cientos de miles desahucios ya ejecutados.
Frente al bloqueo de los populares, la Plataforma decidió dar un paso más en sus métodos de protesta para dirigirla directamente hacia los diputados conservadores. Los escraches, sin duda las acciones promovidas por la PAH que más polémica han levantado, han llevado a decenas de personas ante las puertas de los parlamentarios, lo que ha sido aprovechado por el PP para iniciar una campaña de desprestigio de la Plataforma con acusaciones de terrorismo, que aun mantienen, y de promover actuaciones cercanas al nazismo, como sostuvo la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Campaña de criminalización
Incluso cuando el Parlamento Europeo otorgaba esta semana a la PAH el Premio Ciudadano Europeo 2013, distinguiendo su labor en defensa “de los valores europeos y la integración entre ciudadanos”, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz calificaba la concesión del galardón de “escándalo” y acusaba a la PAH de ser una “organización violenta”.
El reconocimiento europeo es un paso más en el crecimiento y las pequeñas victorias logradas por la PAH durante estos cuatro años de lucha. En este periodo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha declarado abusiva la ley hipotecaria española y ha abierto la puerta a paralizar desahucios en caso de existir cláusulas abusivas en los contratos.
Mientras, la Plataforma continúa su labor ampliando sus estrategias. La Obra Social de la PAH, gracias a la cual se han recuperado viviendas vacías para acoger a familias desahuciadas, ya está obteniendo sus frutos. A finales del mes pasado, un acuerdo con CatalunyaCaixa permitió lograr el alquiler social para 11 familias alojadas en un edificio ocupado en Terrassa por la Plataforma y propiedad de la entidad. Fue el primer edificio que ocupó el movimiento, a finales de 2011, y la PAH espera que el acuerdo sirva de precedente para dar cobijo a las personas que más sufren en esta historia: los desahuciados.
