BARCELONA// El proyecto de ley de consultas ciudadanas no refrendarias seguirá su curso en el Parlament. La cámara catalana ha rechazado esta tarde las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciutadans con los votos del resto de grupos parlamentarios: CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. Los 104 votos a favor de que el proyecto de ley continúe adelante, por los 28 en contra, posibilitan que la ley siga perfilándose hasta llegar a su aprobación final, previsiblemente antes de las vacaciones de verano.
El texto regula el procedimiento para convocar consultas populares no vinculantes sobre los ámbitos que sean competencia de la Generalitat o, en su caso, de los ayuntamientos, y supone el desarrollo del Artículo 122 del Estatut, que señala competencias exclusivas de la Generalitat en lo referente a consultas y participación ciudadana. El proyecto de ley contempla que la consulta podrá ser convocada por el presidente de la Generalitat, por los ayuntamientos o por los ciudadanos. En este último caso, será necesario reunir 50.000 firmas si la consulta es de ámbito autonómico. En las consultas podrán votar los ciudadanos mayores de 16 años.
La ley de consultas es uno de los instrumentos con el cual el Govern que integra CiU, con el apoyo de ERC, pretende convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña, aunque también servirá de marco jurídico para consultar a la ciudadanía sobre otros aspectos. El primer punto es el que ha generado más controversia y ha motivado las enmiendas presentadas por el PP y Ciutadans, que han centrado su discurso en una eventual consulta por la independencia que ampararía esta ley. Estos son los principales argumentos esgrimidos en sede parlamentaria por los distintos grupos:
PPC: “Separar a Cataluña del resto de España”
Para los populares catalanes, “esta no es una proposición de ley que tiene por objeto escuchar a los ciudadanos, sino separar a los catalanes y separar a Cataluña del resto de España”. Así lo ha defendido el diputado Santi Rodríguez, que ha lanzado este mensaje al Govern: “No pueden usar esta ley para convocar consultas sobre aspectos que no son competencia de la Generalitat”. El portavoz popular ha reiterado que la “soberanía nacional” reside en el Congreso de los Diputados y por tanto debería ser en la Cámara Baja donde se discutiese una eventual “escisión” de Cataluña.
Ciutadans: “Nada que ver la democracia”
“Nada que ver la democracia con lo que ustedes defienden hoy”, ha sentenciado el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Según Rivera, el Govern no usará la ley para consultar a los ciudadanos más que sobre la autodeterminación. “¿Alguien cree que preguntará por el euro por receta? ¿Si queremos recuperar la sexta hora en la escuela?”, ha espetado Rivera, que en la línea de Rodríguez ha instado a llevar el debate de la independencia a “donde reside la soberanía nacional”. “La mayoría, si no respeta las reglas de juego, no es democracia”, ha zanjado.
CiU: “Hablamos de radicalidad democrática, y por tanto de libertad”
“Hablamos en esta proposición de ley de radicalidad democrática, de participación, y por tanto de libertad”, ha arrancado su discurso el convergente Josep Rull. “Nos debe permitir expresarnos en el día a día pero también que este pueblo pudiese decidir libremente y colectivamente su futuro como nación”, ha sostenido. Para Rull, el objetivo de esta ley es “incrementar la calidad democrática”, y articular nuevos instrumentos de participación ciudadana, “no solo las consultas, sino también forums, audiencias o paneles ciudadanos”.
ERC: “Abandonen el miedo”
La diputada de ERC Gemma Calvet ha asegurado que la ley de consultas ciudadanas no solo permitirá consultar “respecto a la cuestión de la independencia”, sino también sobre “multitud de cuestiones que preocupan a la ciudadanía”. Calvet ha animado a los dos partidos que han presentado enmiendas a la totalidad que “abandonen el miedo y se sumen al progreso”. Acerca de la posible confrontación de legitimidades para convocar una consulta por la independencia desde Cataluña, la diputada de Esquerra ha esgrimido que “todos los procesos de independencia que se han producido por la vía democrática, lo han sido por haber superado este debate, esta colisión entre ley y justicia, entre ley y democracia”.
PSC: “Contribuirán a hacer que esta ley nazca muerta”
La intención de los socialistas catalanes, ha asegurado el diputado Ferran Pedret, es “hacer una ley que desarrolle instrumentos para saber la opinión de la ciudadanía y para consultarla sobre distintos aspectos siempre, evidentemente, dentro de las competencias de la Generalitat o de los entes locales”. Sin embargo, ha augurado Pedret, “entre unos y otros contribuirán a hacer que esta ley nazca muerta”. El socialista ha mantenido que “si quieren forzarla a hacer lo que no puede hacer”, se darán tres escenarios posibles: que la ley “acabe impugnada”, que la convocatoria sobre la consulta sobre la independencia también, o que la consulta sea “tan ininteligible” que suponga “un fraude democrático”.
ICV-EUiA: “Necesaria por la baja calidad de nuestra democracia”
La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha lamentado que la ley “no ha empezado con buen pie, porque algunos la quieren enfocar solo hacia una cuestión y otros sólo ven en ella intenciones oscuras”. Para ICV-EUiA, “esta es una ley de calidad democrática”, y muy necesaria debido a la “baja calidad de nuestra democracia” y a la “necesidad de redistribuir el poder de decisión”. Camats ha recordado al Govern que para escuchar a la ciudadanía “no hace falta una ley de consultas, el Govern podría hacer mucho más en este sentido”.
CUP: “Quitarle poder de decisión a las instituciones y a los mercados”
La Candidatura d’Unitat Popular apoya este proyecto de ley “por un argumento de radicalidad democrática”, ha expresado el diputado Quim Arrufat. “Queremos que esta ley tire adelante porque es parte de nuestros objetivos quitarle poder de decisión a las instituciones y a los mercados y dársela a la sociedad”. Arrufat ha mandado un mensaje a PP y Ciutadans, afirmando que, en la cuestión de la independencia, “no teman que los tribunales españoles no les dejarán solos”. “Asegurado este cortafuegos, no entendemos la negativa taxativa a promover una ley de consultas populares”, ha añadido Arrufat, a la vez que ha recordado que gracias a una consulta popular en la que participaron el 60% de los ciudadanos en Italia se consiguió frenar el proceso de privatización del agua.
