Manuel Ansede // La voluntad de la Comunidad de Madrid sigue siendo la de facilitar la destrucción de yacimientos y el expolio arqueológico a megaproyectos como Eurovegas. Pese a las denuncias de los arqueólogos madrileños hace un año, el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico sigue abriendo la puerta al destrozo del patrimonio. El Ejecutivo regional, no obstante, siempre ha negado que los cambios en la actual ley, vigente desde 1998, estén relacionados con Eurovegas, el plan para construir en Alcorcón hasta tres campos de golf y seis casinos, con 18.000 tragaperras y un millar de mesas para jugar al póquer, los dados, la ruleta o el blackjack.
Uno de los grandes agujeros del proyecto de Ley es la ausencia de la arqueología preventiva ante proyectos de construcción. Estas investigaciones científicas llevan a cabo estudios históricos de la zona, sondeos selectivos en el terreno y controlan los movimientos de tierras para descubrir posibles restos arqueológicos, de fauna prehistórica o humanos. Sin la arqueología preventiva, las máquinas pueden arrasar yacimientos desconocidos de incalculable valor. Además, todo lo que se encuentre en una obra puede llegar a ser considerado “hallazgo casual”.
En 2004, por ejemplo, un matrimonio se topó en la orilla del embalse de Barbate (Cádiz) con cuencos, hachas, flechas y otros utensilios, que resultaron pertenecer a una gran necrópolis de la Edad de Bronce en la que se enterró al menos a una decena de personas hace más de 4.000 años. La Ley estatal de Patrimonio Histórico establece un premio en metálico para el descubridor y el propietario del lugar (la mitad del valor tasado legalmente para cada uno), así que la Junta de Andalucía propuso 15.800 euros como recompensa por los materiales hallados. Sin embargo, hace un año, el Tribunal Supremo sentenció que los descubridores tenían derecho a recibir un premio por la totalidad de la necrópolis y no sólo por el puñado de materiales que encontraron.
Media villa romana para un pastor
Lo mismo ocurrió en 1992, casi una década después de que un pastor aburrido empezara a arañar el suelo mientras su ganado pastaba en una finca de Carranque (Toledo). Bajo sus pies apareció un mosaico, que permitió a los expertos desenterrar otra veintena de ellos, pertenecientes a una villa romana del siglo IV. En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo obligó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a premiar al pastor con la mitad del valor de la villa romana.
Al eliminar la arqueología preventiva de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, estos hallazgos casuales se pueden multiplicar, según los expertos consultados. En el caso de Alcorcón, donde se establecerá Eurovegas, existe un yacimiento paleolítico en torno al arroyo Butarque. En el periodo romano en Hispania, además, el territorio formaba parte de los dominios de los carpetanos, un pueblo celtíbero prerromano. Si aparece algún resto durante la construcción de los casinos, podría darse el caso de que los españoles tuvieran que pagar al magnate Sheldon Adelson, promotor de Eurovegas y una de las 15 personas más ricas del planeta, la mitad del valor de lo hallado.
La oposición al Gobierno regional presidido por Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, va a intentar frenar el proyecto de Ley en la Asamblea de Madrid. Según las fuentes consultadas, el PSOE, IU y UPyD presentarán mañana enmiendas a la totalidad. “El proyecto de Ley incluye barbaridades en temas arqueológicos y abre la puerta a la destrucción irreversible del patrimonio”, critica María Encarnación Moya, diputada socialista.
El proyecto de Ley, como ya hacía el borrador del anteproyecto hace un año, sostiene en su artículo 31.2 que “los bienes muebles [aquellos que se pueden transportar fácilmente] descubiertos como consecuencia de intervenciones arqueológicas, paleontológicas o remociones de tierra o por azar, tendrán la consideración de bienes de dominio público”. El proyecto de Ley, por lo tanto, deja de nuevo fuera los bienes inmuebles, como pueden ser un poblado de la Edad del Hierro o una villa romana como la de Carranque.
Silencio “ilícito”
Otro de los puntos negros del texto es el silencio administrativo positivo. En el artículo 15, el proyecto de Ley explica que los promotores públicos o privados de grandes obras, que requieren una evaluación de su impacto ambiental, “podrán elevar consulta previa” al gobierno autonómico para determinar los daños que se podrían producir en el patrimonio histórico. La consulta, por lo tanto, no es obligatoria.
Además, cuando la normativa medioambiental lo exija, el Ejecutivo regional tendrá que emitir un informe por la afección al patrimonio histórico. Pero, según el proyecto de Ley, si el informe no está listo en 30 días hábiles, “se entenderá que es favorable y se podrá continuar el procedimiento”, salvo que se trate de un Bien de Interés Cultural, una figura de protección del patrimonio histórico.
“Utilizar el silencio positivo es ilícito. Sólo se puede emplear con bienes que no sean de dominio público y esto no ocurre con el patrimonio arqueológico. Es una barbaridad”, lamenta María Ángeles Querol, catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, “el proyecto de Ley va en contra de la protección del patrimonio”.
“Cuando se va a llevar a cabo una ampliación urbanística, una carretera o un aeropuerto, la arqueología preventiva estudia el territorio para asegurarse de que no hay yacimientos. Con esta ley no hay nada de eso”, denuncia Querol, que fue subdirectora general de Arqueología del Ministerio de Cultura.
[Artículo publicado en Materia]
