La Universidad Politécnica de Madrid prepara el despido de 300 trabajadores

La Comunidad de Madrid ha recortado hasta 39 millones de euros a la UPM, por lo que el equipo rector plantea los despidos como única solución.

MADRID // Todo apunta a que cerca de 300 trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) van a pasar a engrosar las listas del paro. El Consejo de Gobierno de la universidad decidirá mañana entre las cuatro opciones posibles para afrontar el recorte de 39 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo en esta institución. Las dos que suenan con más fuerza incluyen estos despidos en masa.

“El Gobierno del PP ha iniciado un ataque frontal a la universidad pública. En concreto, la nuestra ha sufrido el mayor recorte de todas”, lamenta Jorge Marín, trabajador de la sección sindical de CCOO en la UPM. “Esto no traerá sino más trabajadores al paro, más precariedad laboral y una disminución muy importante de la calidad de los servicios, que ya no contarán con esas 301 personas para atender a los alumnos”, añade.

En el sentido de remarcar esta pérdida de la calidad se ha pronunciado el actual rector de la UPM, Carlos Conde, quien alega que los despidos son obligados tras el recorte de la Comunidad. “Si no tomamos medidas, podremos aguantar un mes o dos, pero en algún momento no habrá dinero”, se defendió el jueves en una entrevista con el diario El País.

Los representantes de los trabajadores, sin embargo, no opinan lo mismo y creen que Conde debería haber luchado contra ese recorte. “Hemos echado precisamente en falta en el equipo rectoral de la UPM que no sean mucho más contundentes con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio de Educación. Esperábamos que nuestro rector nos defendiera, pero se ha puesto al lado de la Comunidad y de Lucía Figar”, ha asegurado Marín.

Para este representante sindical, la Comunidad de Madrid está llevando a cabo «un proceso de abaratamiento de costes que haga que la UPM sea un bien preciado para las empresas privadas». De este modo, la UPM «no es sino un banco de pruebas para la privatización del resto de universidades públicas», sostiene Marín.

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