Los usuarios se rebelan contra el repago en Madrid

MADRID // “Yo no pago”, dice y no saca el euro que la Comunidad de Madrid quiere que pague por cada receta consumida. “Mi derecho a protestar es tan importante como todos los demás. Estoy rellena de impuestos: no me caben más por ningún sitio”, afirma contundente Ángela Ibirión. Ella es una de las personas que han rellenado el formulario en tres días para no pagar el euro por receta en la Farmacia de Lavapiés. Su perfil coincide con el de los que objetan a este repago: jóvenes, menores de 45 años e informados que ya llegan a la farmacia preguntando por la forma de no “repagar”.

Ángela reconoce que no está del todo segura de cuáles son las consecuencias de acogerse a la insumisión al pago, pero asegura que a través de las redes sociales ha sabido del movimiento de desobediencia contra esta medida universal que entró en vigor el 1 de enero.

“Las redes sociales son la clave”, explica Fernando Martínez,  trabajador de la céntrica farmacia madrileña. “Las personas mayores no están informadas y todos pagan el euro por cada receta”, explica mientras atiende a un vecino del barrio con 11 recetas diferentes. “O yo estoy muy machacao o el médico me receta demasiadas cosas. Antes me daba igual pero ahora que pago 11 euros más que hace una semana empieza a no hacerme gracia”, se queja este usuario ante el mostrador de la farmacia.

Las personas mayores, el 80% de los clientes por la mañana de este establecimiento, reniegan del euro, pero lo pagan. La titular de la farmacia, María Esteban, lo achaca al “miedo por perder la pensión o a que les llegue una multa muy gorda”. Según esta farmacéutica, “quien no paga no lo hace por cuestión de necesidad. Son quienes no tienen los que lo están pagando”.

Para Fernando esta medida es “puramente recaudatoria. Es ridículo que las farmacias ejerzamos de cobradores de Hacienda. Entre atender, explicar al cliente la posibilidad de no pagar, rellenar el formulario por cada receta y escuchar los lamentos, tardamos 20 minutos con cada persona. Es absurdo”.

Aun así, cinco farmacias diferentes de Madrid consultadas han reconocido que esta semana no está siendo representativa de la marcha normal de los establecimientos, pues el “sector sanitario no está a pleno rendimiento”. Desde la farmacia de la Calle Argumosa, 19 aseguran que las últimas semanas de diciembre “se notó como los pacientes hicieron acopio de medicamentos” para evitar la tasa. “No fue un mes normal. Esto se veía venir”, asegura la técnico de farmacia.

Cómo declararse insumiso

En cada farmacia de la Comunidad de Madrid hay impresos disponibles para que los usuarios se declaren insumisos al repago. Estos impresos deben cumplimentarse para cada receta en tres copias: una para el usuario, otra para la farmacia y otra para la Consejería de Sanidad. Además, se deberá mostrar al farmacéutico la receta, el DNI (hay que entregar una fotocopia), y la tarjeta sanitaria.

Tras este paso, deberá ser la oficina de farmacia quien envíe la copia a la Administración, y ésta deberá decidir si reclama al usuario el pago de la tasa. Hay que recordar que el farmacéutico está obligado a suministrar el medicamento recetado y que la negativa podría considerarse un delito de denegación de asistencia.

Paralelamente a la acción ciudadana, diferentes grupos políticos han anunciado que recurrirán el euro por receta ante los tribunales. El Partido Popular ya expresó en su momento su decisión de recurrir ante el Constitucional la medida en Cataluña.

También el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado que su formación política interpondrá medidas judiciales de responsabilidad patrimonial contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, para que «pague de su bolsillo todo el coste económico que está suponiendo la puesta en marcha del euro por receta». Además de llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la Asamblea de Madrid contra el euro por receta, en los próximos días presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la formación Izquierda Unida también ha presentado una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en el registro del Defensor del Pueblo.