Irregularidades más frecuentes en los planes de seguridad de grandes eventos

Dos expertos en seguridad, con más de 20 años de experiencia y que prefieren mantenerse en el anonimato, analizan cómo suele organizarse la vigilancia en grandes eventos, como la fiesta de Halloweeen celebrada en el Madrid Arena, el pasado 1 de noviembre. Esa noche, una avalancha provocó la muerte de cuatro chicas, una de ellas menor de edad.

Para estos especialistas, el principal obstáculo para garantizar la seguridad de los asistentes a este tipo de eventos suele ser la presión que ejercen algunos promotores para reducir los gastos en personal de vigilancia. En cualquier caso, destacan que la “Delegación de Gobierno es la responsable de autorizar los planes que le presentan las empresas de seguridad contratadas para cada evento”.

¿Quién supervisa las medidas de seguridad en los grandes eventos?
Cada vez que hay una celebración deportiva o un concierto, la empresa de seguridad contratada tiene la obligación de presentar un plan de seguridad a la Policía Nacional, y esta aprueba o rechaza dicho plan tras supervisarlo.

¿Qué factores influyen en la seguridad?
Hay una serie de intereses que al final afectan y perjudican la seguridad del evento y, por tanto, la de los participantes. Por ejemplo, el ayuntamiento cobra unas tasas que varían en función de distintos criterios, y uno muy importante es el número de espectadores. El ayuntamiento cobra más si entran 10.000 personas que si lo hacen 5.000. Por ello, algunos promotores firman contratos por 5.000 participantes y luego venden muchas más entradas.

¿El ayuntamiento comprueba con la Policía Municipal el aforo el día del espectáculo?
No. Hay un delegado gubernativo que suele ser un inspector de la Policía Nacional en cada evento. A veces, los promotores del evento contratan a “clickers”, personas que marcan un click por cada persona que entra en el recinto. Pero a menudo nos dicen que a partir de un determinado número dejemos de contar.

¿Cuál es la función del representante de la Delegación?
Horas antes habla con el responsable de la seguridad privada y recorre las salidas de emergencia, comprueba el personal, supervisa si elementos como los telones son ignífugos, etc. Y lo más importante, tiene la autoridad para ir filtrando al público o cortar el acceso.

¿Dónde queda la responsabilidad de la empresa privada?
La empresa de seguridad, además de velar por hacer caja, suele presentar planes que se ajustan a las necesidades del evento en cuestión. Y aquí entra en acción otra vez el promotor. Supongamos que el plan estima que se precisan 50 vigilantes de seguridad, pero el promotor se niega a pagar dicho número y lo rebaja. Otro ejemplo muy común es que la empresa de seguridad recomiende abrir puertas tres horas antes para realizar un control de acceso de la gente adecuado, pero el promotor las recorta a dos para ahorrarse pagar una hora por persona contratada (entre vigilantes y auxiliares supone un buen montante). En cualquier caso, la Delegación del Gobierno es quien da el visto bueno al plan de seguridad. De ella depende que se celebre un evento o no en determinadas condiciones.

¿Y puede dar el visto bueno a dos planes distintos?
Sí, a menudo sucede que aprueba el primer plan presentado por la empresa de seguridad con, por ejemplo, 50 vigilantes y 20 auxiliares. Días más tarde, la presión que el promotor ejerce sobre esta empresa, hace que cambie el plan de seguridad y reduzca hasta en 20 el número de vigilantes y a la mitad el de auxiliares. Sin embargo, la Delegación del Gobierno también aprueba esa segunda propuesta.

¿Qué sucede cuando se recorta el personal de seguridad?
En primer lugar, el grueso de los vigilantes de seguridad está para controlar los accesos al recinto. En el interior quedan los auxiliares. Si se tiene el tiempo suficiente, se pueden registrar mejor las mochilas e identificar a los menores exigiendo los DNI. Pero las aperturas de las puertas suelen retrasarse por las pruebas de sonido y de luces. Esto hace que si, por ejemplo, quedan 15 minutos para el inicio del espectáculo y hay 1.500 personas fuera, el promotor indique que se tenga manga ancha y se dé paso. En estos casos, ocurren esos casos, los vigilantes se ven desbordados y no pueden comprobar mochilas ni DNI. Por ello, pueden colarse algunos menores, bengalas o botellas.

¿Eso no es un descontrol?
Nunca mejor dicho. Pero sería peor provocar un conflicto con una masa de 1.500 personas enfadadas y sobreexcitadas que empujan porque entran tarde y se pierden parte del espectáculo.

¿Qué suele hacer la Policía en estos casos?
Nada. La Policía Nacional vela para que no haya altercados en el exterior y la Municipal controla a los reventas y atiende las llamadas de los vecinos que denuncian el exceso de ruido.

¿Y una vez comenzado el espectáculo, quién vela por la seguridad?
Unos pocos vigilantes y auxiliares, indistintamente. Pero suelen preocuparse sobre todo de que nadie acceda a las zonas VIP y que los asistentes no salten de las gradas más baratas a las más caras.

¿Y en las salidas de evacuación?
Debería haber un auxiliar o vigilante, la norma no especifica dicha figura, en cada una de las puertas de emergencia. La realidad es que al final suele quedar una persona encargada de varias puertas, por lo que le resulta imposible pastorear con efectividad un posible desalojo.

¿La normativa sí indica cuánto personal de seguridad debe haber por espectador?
En comunidades autónomas como Andalucía, sí, pero en Madrid, concretamente, no.

¿Qué parte de responsabilidad tienen los propietarios de los recintos?
Eso es algo que deberían explicar las administraciones, qué pasa con las inspecciones de los técnicos y por qué los ayuntamientos no clausuran los locales cuando hay un dictamen negativo. Falta sentido común para regular y aplicar, y sobran intereses.