ROTA // “Yo trabajo en Disneywar”. Así llaman los trabajadores españoles de la Base Naval de Rota al recinto militar situado en la Bahía de Cádiz. Para algunos no son más que 2.200 hectáreas que Estados Unidos ha arrebatado al municipio con fines nada benévolos. “Los americanos hacen aquí lo que les da la gana, no porque se les deje, sino porque son los que mandan. La bandera española preside la entrada, pero eso es puro simbolismo”, cuenta uno de los empleados. Para otros supone un “mal necesario” como notable motor económico de una zona acribillada por el desarme industrial y el desempleo. “Es un sacrificio. Nadie conoce mejor que el roteño lo que supone. Sabemos que lo que tenemos aquí no es una fábrica de muñecas, aunque por otro lado es evidente que ha sido y es un impulso para la economía local.”, afirma la alcaldesa del municipio, María Eva Corrales (PP). No es la novela de Tolstoi, pero el título se le aproxima: guerra y pan. A poco que se rasca la piel de los involucrados más directos en esta instalación aparece una controversia compleja de desanudar.
Ese lazo tiene una vuelta más desde que en octubre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara el acuerdo a tres bandas, con la administración estadounidense y la OTAN, para instalar un escudo antimisiles en Rota como parte de una estructura a nivel europeo con el objetivo de impedir una ataque nuclear de Irán o Corea del Norte, según la doctrina estadounidense del eje del mal. Moscú ha desempolvado el tono rudo de la Guerra Fría para denunciar este programa ante la sospecha de que es Rusia el verdadero objetivo del escudo.
“Sistema disuasorio y que no va contra nadie”, lo definió por entonces el líder socialista, al tiempo que confirmó que el Partido Popular también había sido informado del asunto. El acuerdo traía un pan bajo el brazo: Zapatero y otros ministros de su gobierno anunciaron la creación de hasta mil puestos de trabajo (entre directos y temporales) ante la llegada de más de un millar de soldados a bordo de los cuatro destructores que formarán parte de la coraza. El partido que se movió durante dos legislaturas al son de la Alianza de Civilizaciones en política exterior cambió el paso: “No hay ninguna contradicción. Estamos hablando de un sistema defensivo para evitar ataques nucleares terroristas bajo el esquema de seguridad de la OTAN. Es totalmente compatible una cosa con otra”, replica Diego López Garrido, representante socialista en la Comisión de Defensa del Parlamento. Está por ver la reacción de los países del otro lado del Estrecho ante esta iniciativa, que podría ser entendida como un gesto de hostilidad hacia los vecinos del Norte de África.
El ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene su impulso decidido al proyecto. Cerró, a principios de junio, el convenio que permitirá el despliegue de los buques y la infraestructura necesaria para montar el dispositivo. Eso sí: el Ministerio de Defensa del PP es ahora mucho más tibio sobre las expectativas económicas que levanta el escudo. “La primera y fundamental compensación es la seguridad», afirmas el secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, aunque quienes se oponen al escudo replican que los efectos serán los opuestos: inseguridad y convertir a España en potencial objetivo de un ataque.
Socialistas y populares bailan pegados en este asunto; Izquierda Unida está en la esquina contraria, siempre enmarcada dentro del movimiento pacifista contrario a la existencia de bases estadounidenses en suelo español. El eurodiputado Willy Meyer ha denunciado ante la Comisión Europea la participación de España en este proyecto, al que para nada considera defensivo. “Lo sería si la OTAN no tuviera armas nucleares o denunciara su uso, pero cuenta con 2.500 listas para atacar. No hay sistema que no pueda ser superado. Ahora se gastarán miles de millones en conseguir un antídoto. El mayor escudo sería una convención mundial para desmantelar las armas nucleares”, asegura Meyer, que recuerda que el gasto militar en el mundo se encuentra en su punto más alto. El «no a la base» y el «no al escudo» tienen su coste político en Rota (29.125 habitantes). “Queramos o no, es una de las principales fuentes de riqueza y empleo de Rota. Aquí IU siempre tendrá malos resultados”, cuenta un roteño que se dice votante de izquierdas. Y es verdad que el pacifismo pasa factura. En las elecciones municipales de 2003 IU no consiguió representación en el ayuntamiento, en 2007 logró un concejal y dos en 2011.
En el punto de mira
Los destructores USS Ross y USS Donald llegarán a la bahía de Cádiz a finales de 2013 o comienzos de 2014. Antes de septiembre de 2015 ya habrán anclado en la base los otro dos: USS Porter y USS Carney. Los cuatro barcos están equipados con el sistema Aegis: un radar, situado en tierra o en el mar, detectará cualquier misil lanzado contra un objetivo aliado. En caso de ataque, desde Rota se harían los cálculos para interceptar ese misil y diseñar la trayectoria del misil interceptor, que se lanzaría desde uno de estos buques. Así es como funcional el escudo antimisiles. “Esto coloca a Rota en el punto de mira de un posible ataque”, advierte Jesús Lara, uno de los organizadores de la marcha anual en protesta por la presencia de la base en suelo español, la conocida como Marcha a Rota. La ONG Justicia i Pau ha elaborado un informe y sus conclusiones son coincidentes. “El escudo añade leña al fuego y eleva las posibilidades de un conflicto nuclear”, apunta Pere Ortega, miembro de la organización.
Juan José Téllez, periodista y autor del libro Sin Ninguna Base, sobre la presencia militar estadounidense en la zona, recuerda que todos los episodios bélicos recientes han pasado por Rota, el último el de Libia contra el régimen de Gadafi. “La Bahía de Cádiz es cabeza de puente y objetivo estratégico. Lo que es inconcebible es que no exista aún un plan civil ante el riesgo de un ataque nuclear. Hay que tener en cuenta que no muy lejos está Gibraltar y ya sabemos lo que ocurrió con el Tireless (submarino nuclear británico que estuvo un año atracado en Gibraltar después de sufrir una pérdida de refrigerante en el reactor). Hablamos de un entorno en el que viven 700.000 personas. Nadie asume ese riesgo”, denuncia el escritor.
¿Cómo se financia el escudo antimisiles? Estados Unidos y la OTAN pagan la factura más alta, pero España ha tenido que rascarse el bolsillo en estos tiempos en que el gasto público pasa por el embudo. Justicia i Pau denuncia que Defensa ya ha gastado 64 millones de euros en obras de ampliación de los muelles de la base ante la llegada de los destructores. “Los temas económicos que los aclare el Gobierno”, esquiva López Garrido. Además se estima que con el aumento del contingente militar desplegado en la zona, el gasto en seguridad aumentará exponencialmente.
Promesas en cuarentena
“Esto a lo mejor es difícil de explicar pero aquí dentro hay gente que a veces te cuenta que no viene mal de vez en cuando un conflicto en algún lugar del mundo para asegurar su puesto de trabajo, para pagar la comunión de su chiquilla”, reconoce Rafael Chacón, representante de Comisiones Obreras dentro de la base.
Una difícil equidistancia entre los principios y las necesidades en un entorno donde el paro se entiende como una pandemia (32% según la Encuesta de Población Activa). La promesa de creación de empleo gracias a la instalación del escudo antimisiles es puesta en cuarentena en el municipio. Hace unos meses el almirante estadounidense de la base convocó a los trabajadores españoles a una asamblea. “Nos vendió la burra de muchos puestos de trabajo”, asegura Chacón La realidad, según los datos del sindicalista, es que en la última década en el recinto militar se han perdido 500 empleos directos. Unos números que casan con la política estadounidense de poner en manos de empresas privadas estadounidenses todo el servicio y la logística de instalaciones de este tipo. “Suena a chiste que la creación de empleo en la zona pase por un escudo antimisiles. Detrás de un bombardero hay una inversión que no es rentable. Es capital inmovilizado. Ese mismo capital podrían invertirse en políticas industriales activas”, asegura Meyer.
El ordeno y mando del cuerpo militar también se traslada a los trabajadores de la base. Su único agarre legal es el Tratado Bilateral entre España y Estados Unidos. “Ahora tenemos un plazo de un año para aprobar el nuevo convenio colectivo, si no llegamos a un acuerdo nos impondrán el suyo y no podremos ni rechistar”, se queja Chacón.
Los datos dicen que la renta per capita de Rota es más del doble de la media de la provincia de Cádiz y en eso es indudable que cuenta la base militar. La queja generalizada es que el pueblo no recibe suficiente compensación por albergar esa alambrada de 2.200 hectáreas dentro del municipio “Aquí tenemos el triple de Policía Local que en las localidades de alrededor”, apunta la alcaldesa ante la necesidad de reforzar la seguridad ante la presencia militar. Los gastos no revierten en contraprestaciones para las arcas municipales. La parte estadounidense del recinto es un pequeño paraíso fiscal en el que no se pagan impuestos como el IBI, licencia de obras o tracción de vehículos.“Llevamos 30 años con este asunto”, reconoce alcaldesa Eva Corrales, “ningún Gobierno ha escuchado nuestras demandas, no tenemos ningún tipo de compensación por albergar la base. He pedido reuniones para tratar este asunto y espero que de una vez se nos escucha”, añade. La base naval está en una de las zonas con terrenos más productivos del municipio, en el corazón de un pueblo que recibe a miles de turistas sevillanos en los meses de verano. “Es una hipoteca que nunca se ha visto compensada”, afirma el escritor Juan José Téllez.
“Yo soy católico, pero si tengo que trabajar en un fábrica de balas o una base militar para llevar un sueldo a mi casa a fin de mes cierro los ojos”, cuentan desde dentro de la base como espejo de esa contradicción que vive y asume Rota.
