PABLO GUTIÉRREZ DE ÁLAMO // La de la privacidad fue y es uno de los problemas principales del uso de las tecnologías durante el confinamiento y el cierre de escuelas generalizado desde marzo de 2020 -un cierre que, en muchos lugares del mundo, solo ahora está empezando a revertirse de manera generalizada-. En España, las administraciones autonómicas dieron, desde el primer momento, el aviso de que había que utilizar las plataformas informáticas que ellas mismas tenían y tienen, puesto que estaba en juego la privacidad de los datos personales de millones de escolares.
En al menos 49 países de todo el mundo, desde Argentina a Reino Unido pasando por Turquía, millones de niñas y niños han sido vigilados por cerca de 150 aplicaciones (EdTech) que fueron aprobadas para su uso educativo durante el confinamiento por sus gobierno. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19‘, realizado en abril de 2020 por Human Rights Watch.
La ONG es tajante: «Este informe es una investigación global de la tecnología educativa (EdTech) respaldada por 49 gobiernos para la educación infantil durante la pandemia. Sobre la base del análisis técnico y de políticas de 164 productos EdTech, Human Rights Watch determina que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea pone en riesgo o viola directamente la privacidad de los niños y otros derechos de los niños, con fines no relacionados con su educación».
Human Rights Watch (HRW) asegura que en la carrea que los gobiernos dieron para intentar solucionar las clases desde casa, pocos fueron los que comprobaron que las aplicaciones informáticas que iban a utilizarse fueran respetuosas con los derechos de la infancia. De hecho, de los 164 productos que se han analizado, 146 «parece» que utilizaban prácticas que podrían poner en riesgo a las y los niños, dado que «contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos».
Al parecer, la mayor parte de estos productos podía monitorizar la actividad de las y los menores, en muchos casos de forma secreta y sin tener el consentimiento de niñas y niños ni de sus progenitores o tutores legales. «La mayoría de las plataformas de aprendizaje online instalaron tecnologías de seguimiento que seguían a los niños fuera de sus aulas virtuales y a través de internet a lo largo del tiempo», aseguran desde HRW.
A esto se suma el hecho de que buena parte de las plataformas, además, compartían estos datos con terceros. En la mayoría de los casos, dice el informe de la ONG, empresas de publicidad digital (AdTech). Con esta información, dichas empresas pueden conocer aproximadamente las características e intereses de niñas y niños; un conocimiento que puede ser vendido, a su vez, para empresas que busquen acercarse a públicos infantiles. «Human Rights Watch -dice el informe- observó que 146 productos EdTech enviaban directamente o otorgaban acceso a datos personales de niños a 196 empresas de terceros, en su gran mayoría AdTech».
Competencia de las CCAA
El informe de HRW habla de 49 países estudiados. Uno de ellos fue España, aunque no en su totalidad, sino que se puso el foco en las dos autonomías más pobladas: Andalucía y Cataluña. Eso sí, también se realizaron entrevistas en otras ciudades para recabar la opinión de alumnado, familias y profesorado.
Una de las declaraciones que transcribe la ONG en el informe es de un docente madrileño de secundaria que comenta textualmente: «Debido a que España estaba en estado de emergencia, el Ministerio de Educación comunicó [a los profesores] que ya no se requería el consentimiento para la privacidad, o la protección de datos… La privacidad y todo eso ha pasado a un segundo plano por completo, pero lo hemos hecho porque el Ministerio así lo ha dicho».
Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que no hubo ninguna comunicación ni directa a cada docente (no está dentro de las atribuciones que entonces tenía el Departamento de Isabel Celaá) ni a la opinión pública. Fueron las comunidades autónomas las que decidieron qué plataformas se utilizaban en cada momento, algo que apunta también el informe al aclarar que en diferentes países (España es uno de ellos), el Gobierno central cedió la competencia en este sentido en las administraciones regionales.
El Ministerio sí desarrolló, defienden fuentes del actual equipo, una web: ‘Aprendo en casa’ que contaba con garantías de seguridad, entre otras cosas, porque no se solicitaba a quien la usara ningún dato. El informe de HRW sostiene que efectivamente cumplía normas de privacidad. Según fuentes de Educación, la web estaba alojada en los servidores del Ministerio y, aunque daba la posibilidad de utilizar las «salas de reuniones» de Google, para hacerlo había que solicitárselo al Intef, entidad que facilitaba una dirección de correo propia para que lo usaran las y los participantes en las reuniones. De esta forma aseguraron la no cesión de datos privados de nadie.
En cualquier caso, las primeras semanas fueron realmente confusas, con comunidades autónomas que prohibieron expresamente el uso de plataformas que no fueran las facilitadas por la propia Administración al tiempo que estas se ponían en tal tensión que hubo serios problemas para utilizarlas. Muchas y muchos acabaron haciendo uso de aplicaciones privadas para poder continuar con las clases.
Pero HRW señala que el problema, en no pocas ocasiones, estaba en que las plataformas de las administraciones públicas también ponían en riesgo la privacidad de quienes las han estado utilizando en este tiempo.
Desde Andalucía aseguran que la plataforma que se puso en marcha, eAndalucia, «no dispone de datos de usuarios: ni datos de alumnado, ni de profesorado, ni de personal de gestión ni de tutores de alumnos/as». Algo similar ocurre en el caso catalán. En su caso utilizaron el portal edu365, del que dicen fuentes de Educación que «es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura».
Estas mismas fuentes aseguran haber hecho comprobaciones de las que se confirma que no han recogido datos personales de ningún usuario. Además, insisten, las cuestas de Google Analytics que se utilizan desde edu365 «tienen desactivadas las funciones para anunciantes, es decir, no se recogen datos demográficos, de intereses ni cualquier otro dato sensible» que pudiera venderse a terceros. Aseguran, además, haber intentado tener una reunión con HRW para aclarar la información que se da en el informe pero no ha sido posible.
Publicidad conductual
Este es uno de los riesgos más importantes que denuncia HRW en su informe en relación a los datos que hayan podido ser recopilados por las diferentes compañías tecnológicas. Se trata de publicidad que le aparece al usuario después de haber observado su comportamiento en Internet y haber realizado un perfil de sus intereses y gustos.
Según la ONG, las y los menores son especialmente vulnerables a este tipo de publicidad, especialmente quienes tienen menos de 7 años.
A esto se añade, según denuncia HRW, el hecho de que fueron público cautivo, al menos, durante los cierres de escuelas, y se vieron obligados a utilizar las aplicaciones y plataformas que sus centros educativos (guiados por las administraciones competentes) les obligaron a utilizar para poder seguir las clases a distancia. Elegir entre la privacidad y continuar con las lecciones, determina el informe, es una decisión que chicas y chicos, en realidad, no pudieron tomar.
Según la investigación de la ONG, 199 empresas de terceros recibieron información de las y los usuarios de las plataformas y aplicaciones. Más de los 164 productos tecnológicos que fueron analizados para realizar este informe.
HRW asegura que «estos anuncios están integrados en plataformas digitales personalizadas que desdibujan aún más las distinciones entre contenido orgánico y pago. Al hacerlo, la publicidad conductual aprovecha la incapacidad de los niños para identificar o pensar críticamente sobre la intención persuasiva, manipulándolos potencialmente hacia resultados que pueden no ser lo mejor para ellos».
El informe, en cualquier caso, hace una buena cantidad de recomendaciones a los países, así como a sus administraciones educativas, sean estatales o regionales y a las compañías tecnológicas para que puedan evitar lo máximo posible la recolección de datos de carácter personal de menores, así como de vigilancia del comportamiento que las y los usuarios tienen en la red.
