Hay dos puertas. En un estantería, una hilera de clásicos. De La Isla del Tesoro a La Odisea. Debajo, juegos infantiles. Entre ellos, uno sobre cómo aprender a jugar al ajedrez. Ninguna de las cinco mujeres que habitan la sala, de unos 10 metros cuadrados, mira hacia los libros. Tres están sentadas, dos están de pie. Una suspira. Otra estrella su vista al vacío. Una baja los ojos al suelo. Otra se levanta y pulsa un timbre próximo a una puerta que da a un pasillo. A los pocos segundos llega el guardia civil que la acompañará al baño. Son las 11.30. Es la sala de víctimas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. Una quinta chica gira su cabeza hacia la segunda puerta. Al otro lado aguarda su agresor. Aquí no hay libros ni juegos. Es una sala de espera al uso. Podría ser la de un centro de salud o la de una oficina de Hacienda. Hay sillas, máquinas de agua, refrescos y gusanitos. El hombre camina cabizbajo de un lado a otro por los aproximadamente 40 metros cuadrados del salón. Dos guardias civiles controlan la entrada junto a un arco detector de metales.
«Ellas están como si fueran presas y ellos están campando a sus anchas. Ahora han puesto esa estantería con libros. Por dios, ¿qué van a leer en el estado en el que vienen?», se pregunta con indignación María José Atoche, abogada del Turno de Oficio de Violencia de Género. Según el X Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, estos letrados y letradas, que representan el 14% del censo del Turno de Oficio, atendieron 64.592 casos en 2015, un 3,7% del total de asuntos devengados.
Atoche se sabe los juzgados de memoria. «Mira, esta es la sala donde solemos estar los abogados. Hola, ¿sois los letrados de guardia hoy, verdad? [Asienten ambos]. Aquí entrevistamos muchas veces a las víctimas. Le decimos al abogado del investigado que se salga y nunca suele haber ningún problema, ¿verdad?», prosigue Atoche. Ellos vuelven a asentir. Uno se levanta como apremiado por las indicaciones. Otras veces –añade la abogada– compañeros con menos sensibilidad entrevistan a la mujer en la misma sala de víctimas, junto a las demás. «A veces hay tantas que ni da tiempo a hablar con todas. En una guardia, de media, puedes atender a tres o cuatro mujeres. Yo siempre pregunto al juzgado que por quién vamos a empezar, pero nunca me lo saben decir. Eso es muy grave, porque estamos jugando con una medida cautelar. Y necesitas muchas horas para poder saber lo que le ha ocurrido. Porque a lo mejor lo que le ha pasado el día que llega a denunciar no es determinante, pero si te pones a rascar, la mujer te contará lo que le ocurrió hace un mes, o dos o tres… Podrás saber si hay testigos… Y todo servirá para lograr una medida de protección de la que puede depender su vida», advierte Atoche. «Y hoy porque no hay niños. Pero en esa habitación se viven situaciones horribles», relata mientras saluda a la psicóloga del servicio de atención a víctimas, en la puerta de enfrente. El pasado año, en toda Andalucía, llevaron 3.471 casos –la mayoría, entre 30 y 44 años y en situación de desempleo–. Muchas, sin embargo, desconocen que tienen derecho a asistencia psicológica.
«Y estos son los juzgados, el 1 y el 2 aquí; y el 3 y el 4 allí», señala. De los cuatro, destaca el número 3. La pared está pintada de color lila. «Vive cada momento, ríe cada día, ama más allá de las palabras», rezan en inglés unos rótulos acompañados de pájaros y árboles en vinilo. Una funcionaria cuenta que fue la propia titular del juzgado, María del Rosario Sánchez, quien un día se puso a pintar la pared con una lata y una brocha que trajo de su casa. «Esto no es lo habitual», insiste la funcionaria, que se queja de los fallos en las pulseras de seguimiento. La jueza confirma la dificultad a la hora de adoptar una medida de protección, que tiene que estar fundamentada en el resultado de las diligencias de investigación.
Especialización
«Existen muchos recursos pero eso no quiere decir que sean eficaces, ni que sean eficaces en todas partes ni en todo momento, ni que estén garantizados. Tú puedes tener un abogado de oficio excelente, pero por lo general no va a ser así; va a estar en la media y, en muchas ocasiones, por debajo. Y estamos hablando de una problemática de una complejidad tan grande que necesitarías gente con una formación multidisciplinar muy alta y una entrega inmensa», explica la abogada Amparo Díaz, que puso en marcha este turno en la capital andaluza.
Ella coordina ahora el específico de trata y lleva de oficio el caso del futbolista del Betis Rubén Castro, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por varios delitos de maltrato contra su expareja: «Llevo muy pocos casos de oficio al año, yo vivo de los privados. No podría sostenerme con lo que pagan y dar el tipo de resultado que yo doy, porque requiere muchísimo trabajo. A lo mejor acepto uno al año». Por un procedimiento hasta el final suelen pagarse menos de 300 euros. Desde que se contabiliza como un turno específico, la inversión global ha permanecido estable en torno a los 7,5 millones, salvo 2010, el año en que se puso en marcha (11,5 millones), y 2012 (9 millones).
Atoche se dirige ahora al edificio de enfrente, donde se celebran los juicios. «Hola, don Joaquín», le dice al juez que acaba de dejar visto para sentencia el enésimo procedimiento a María Salmerón, víctima de violencia acusada esta vez de denuncia falsa por su ex marido, Antonio Domingo Ruiz Daza. «¿Ya han llamado?», pregunta a una compañera que espera en la misma sala de vistas. «Ella está haciendo un reportaje sobre violencia de género», avisa Atoche a la abogada, especialista en Penal: «Pues yo estoy en contra de que haya juzgados especializados y de que haya una ley específica. Todo está dentro del Código Penal. Esas mujeres siguen viendo a sus parejas en muchos casos y lo que necesitan es ir al psiquiatra, que les quiten esos enganches, no una ley especial», sostiene. Suena el móvil de Atoche. Es Lucía –nombre ficticio–. Viene a recoger la resolución sobre la orden de protección que ha pedido contra su exmarido. La otra abogada se va. «Eso es lo que desgraciadamente opina una parte de la sociedad», concluye Atoche, que cruza de nuevo a los juzgados de violencia.
«Hay una tendencia a negar la violencia de género porque la sociedad la tiene totalmente tolerada», añade Díaz. En el caso de Rubén Castro, por ejemplo, ni el Betis ha adoptado ninguna medida cautelar contra el jugador –que incluso participa en los partidos anuales para celebrar el Día de la Mujer– ni tampoco la afición se lo ha exigido. «Yo llevo acompañando a más de 900 víctimas en el ámbito de la pareja, pero también en el ámbito laboral, a menores de edad… y he comprobado que el paso de la mayoría de las mujeres por la administración de Justicia es victimizante. Por eso se necesitan servicios especializados. Esto es una problemática que traspasa lo jurídico, que afecta a la sociedad en general», cuenta.
Según el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 41% de las denuncias presentadas fueron sobreseídas en 2016. «Traducido: 8 de cada 100 víctimas encontraron el desamparo en esa senda angosta que llaman ‘Hay salida’. Es imprescindible formar y sensibilizar de manera urgente a los operadores judiciales e instar al poder legislativo para que armonice la legislatura con perspectiva de género», exigen las mujeres de la organización Ve-la luz, que durante 26 días realizaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid. «La formación que recibimos en la Universidad no tiene incorporado un enfoque de victimología ni un enfoque profundo de perspectiva y violencia de género –corrobora Díaz–. Un abogado o abogada sale con más preparación para defender un robo, o un juez o una jueza para intervenir ante un robo que ante una violencia habitual». Ese es uno de los puntos que incluye la propuesta de Pacto de Estado que la Junta de Andalucía trasladó al Gobierno, la primera de una administración. El texto también reclama el presupuesto necesario para la prevención y asistencia social de las víctimas y la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores.
María Salmerón está hablando a una cámara de Telecinco a las puertas del juzgado. Tras ser condenada por incumplir el régimen de visitas que tenía su exmarido –condenado a su vez por maltrato hacia ella– y ser indultada en varias ocasiones por el Gobierno, acumula juicios y multas a las que asegura no poder hacer frente: unos 50.000 euros entre indemnizaciones y costas. «Es maltrato institucional. Tienen que revisar mi caso. Él quiere asfixiarme económicamente. Y, por tanto, también a su hija, a la que dice amar», afirma Salmerón, que teme que su exmarido quiera convertir su caso en un símbolo de las denuncias falsas (el 0,0079% en seis años, según la Fiscalía).
Ruiz Daza argumenta al finalizar el juicio: «Lo desproporcionado no es pedir 6.000 euros [cantidad que reclama]. Desproporcionado es el daño que yo hubiera sufrido con esa denuncia falsa». Díaz también incide en el mito de la mujer mentirosa: «Los prejuicios hacen que los tribunales tengan muchas dudas y, ante las dudas, las sentencias son absolutorias. Por tanto, a la presunción de inocencia aquí se le está dando una aplicación mucho más radical que en delitos contra la propiedad privada, por ejemplo».
Medidas para el Pacto de Estado
El Consejo General de la Abogacía ya ha puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas, la elaboración de una guía de buenas prácticas y un programa de formación. «Hay gente que hace la asistencia letrada con la mejor voluntad pero olvida la empatía con la víctima, que en este caso es muy particular. Y hay compañeros y compañeras que no tienen esa sensibilidad necesaria. No basta con saber en qué artículo está el maltrato, tienes que saber qué es eso. Ojalá no tuviera que existir una ley especial», reflexiona Filomena Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del organismo.
Una de sus principales reivindicaciones es el carácter preceptivo de la asistencia letrada desde el primer momento, sin tener que haber puesto la denuncia, que se reconozca el impago de pensiones como delito de violencia de género de carácter económico; que se amplíe el concepto de violencia de género a violencia sobre la mujer al margen de la relación de pareja o expareja –una medida que ya incluye la reforma de ley de violencia de género de Andalucía–; y el inicio inmediato de la ejecución de las penas para evitar la desprotección cuando la vigencia de las medidas cautelares se han extinguido.
Otra petición de numerosas asociaciones, sin visos de éxito por mucho tiempo, son las guardias de 24 horas. Una mujer denunció recientemente en Madrid que su abogada no le cogió el teléfono a un día del juicio contra su expareja por intento de estrangulamiento. «No somos la virgen María y no somos perfectos, pero no es lo habitual», admite Peláez, que recuerda la denuncia que mantienen –a la espera de resolución tras un primer archivo– contra la jueza de Vitoria Carmen Molina, que preguntó a una víctima si cerró bien las piernas para evitar la violación.
En su recorrido por los juzgados, Atoche se encuentra ahora a la coordinadora del turno, Amalia Calderón: «¿Que han puesto libros? Pues podían poner un ordenador, que los libros ya no se llevan. Increíble. Una señora en crisis brutal que está allí denunciando al que ha sido su marido se va a poner a leer La isla del tesoro… no lo había pensado. Debe de ser muy relajado». La mujer a la que ella acaba de asistir ha permanecido tres horas y media en un poyete al lado de los ascensores, porque, según cuenta, no había garantías de que no se encontrara con su agresor.
Violencia psicológica
–Hola Lucía, ¿cómo estás?
–Pues ya ves, ¿cómo voy a estar, María José?
La defendida de Atoche tiene los ojos llorosos. Ya sabe que le han denegado la orden de protección. La acompaña una voluntaria de la Fundación Ana Bella, cuya presidenta fue durante años víctima de violencia de género –superviviente, prefiere denominarse ella–. «Lucía, te veo muy empoderada y es estupendo, no te quiero ver llorando por los rincones. Pero no puedes hacer del juzgado el centro de tu vida. Tienes que buscar trabajo y estar bien para que tus hijos también estén bien», le aconseja Atoche mientras esperan la notificación. «Sí. La doctora me echó la bronca: te quieres empoderar tanto que te estás generando ansiedad, te quieres hacer la fuerte y necesitas ayuda y no la tienes», responde Lucía. «La resolución no es firme», le explica el funcionario antes de entregarle los papeles. «Ya su abogada valorará si recurre o no. La jueza entiende que no se dan los requisitos que pide la ley para una orden de protección o alejamiento. Pero eso no quiere decir que el procedimiento se archive. Aquí tiene sus derechos como perjudicada», concluye el funcionario, que la despide con un «que pase un buen día».
La jueza entiende que lo que se ha producido son vejaciones e injurias y que no procede la medida. «La mayoría de los actos se lleva a cabo con estrategias psicológicas y nuestro Código Penal no define lo que es eso –afirma Díaz–. Hay sentencias que dicen que a una mujer durante tres meses se la ha estado llamando puta a diario, pero concluyen que eso es una cuestión de educación». Son casi las dos de la tarde. Lucía se vuelve a casa en metro con la esperanza de que prospere el recurso que presentará su abogada. Aún quedan mujeres en la sala de víctimas. La Consejería de Justicia asegura que la situación cambiará con el próximo traslado de los juzgados a otro edificio.
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