Desde que en 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas deberíamos utilizar un día como el de hoy para pasar revista a nuestra profesión y denunciar la censura o la autocensura, la violencia directa contra medios y periodistas y la impunidad en los crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Es un hecho que organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF) nos ofrecen cada año informes demoledores que nos presentan un mundo cada día más sombrío. Vemos cómo la libertad de prensa es pisoteada en países con regímenes dictatoriales o involucrados en conflictos eternos. Hay centenares de periodistas encarcelados y decenas son asesinados anualmente, crímenes que muy pocas veces son investigados y casi nunca juzgados.
Los periodistas también deberíamos reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor cuando leemos en el informe de RSF que “las violaciones a la libertad de informar ya no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios y de las dictaduras” y que “la erosión comienza a ser particularmente visible en las democracias europeas”. RSF utiliza un barómetro diario para mostrar las violaciones de la libertad de prensa. Desde principios de este año ya han sido asesinados ocho periodistas (tres de ellos en México) y tres colaboradores de prensa y 193 periodistas (49 en Turquía y 23 en Egipto) y 176 colaboradores de prensa están encarcelados. En los últimos cinco años han sido asesinados 388 periodistas y 188 colaboradores de prensa.
El mapa de la libertad de prensa en el mundo se oscurece cada día que pasa. RSF confirma que se ha producido “un aumento del número de países afectados por los males y las plagas que afectan a la libertad de informar en el mundo” hasta el punto de asegurar que “la libertad de prensa nunca se había encontrado tan amenazada”.
La situación se ha agravado en el último año en cerca de dos tercios (62,2%) de los 180 países incluidos la lista. En su catálogo del horror contra los informadores, RSF denuncia que hay 21 países en situación “muy grave”, que forman parte de la llamada lista negra entre los que destacan Egipto y Bahréin, considerados “prisiones de periodistas”, o Burundi donde se ha desatado una gran campaña de persecución contra los medios de comunicación.
Otros tres países monopolizan desde 2005 la lista negra ocupando los últimos lugares: Corea del Norte, Turkmenistán y Eritrea. La única novedad es que por primera vez Eritrea abandona el farolillo rojo de la lista y es sustituido por Corea del Norte. En la lista negra también destacan países como China, Vietnam, Laos, Cuba, Arabia Saudita, Irán, Guinea Ecuatorial, Sudán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Yibuti, Siria, Yemen, Somalia o Libia.
Otros 51 países forman parte de la lista “en rojo”, lo que significa que la situación de la libertad de información es “difícil”. La mayor preocupación de RSF es que algunos de estos países acaben formando parte muy pronto de la lista negra. Países como República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Turquía, México y Afganistán experimentan constantes ataques contra la libertad de prensa.
Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, las autoridades turcas han cerrado decenas de medios y ha convertido a Turquía “en la mayor prisión del mundo para los profesionales de los medios de comunicación”. México, que en 2002 ocupaba el puesto 75 en el barómetro de libertad de prensa y hoy es el 147, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los informadores junto a Siria, Afganistán o Irak.
Es muy digno de destacar el análisis que RSF hace de los países más avanzados a los que describe “debilitados por la erosión democrática” a fuerza de “declaraciones nauseabundas, de leyes liberticidas, de conflictos de intereses e incluso de golpes y porrazos”. La persecución de las libertades multiplica la tendencia a castigar el trabajo de los informadores más críticos. El secretario general de RSF, Christophe Deloire, advierte que “a fuerza de cercenar la libertad fundamental de informar, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos, las democracias pueden perder su alma”.
RSF establece varias categorías que han posibilitado la multiplicación de los ataques contra la libertad de prensa en las democracias más avanzadas. El informe es extremadamente crítico con Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde hace apenas 100 días, al que culpa de utilizar “repetidas diatribas contra el cuarto poder”. Trump ha acusado a los periodistas de estar “entre los seres humanos más deshonestos de la tierra” y de propagar “noticias falsas” intencionadamente.
La organización también recuerda que la Administración del presidente Barack Obama ha estado obsesionada por controlar la información y ha sido permisiva con la multiplicación de registros a periodistas estadounidenses y extranjeros en el interior de Estados Unidos, situación que “amenaza constantemente el derecho a la información y, en particular, al periodismo de investigación, que depende directamente de la seguridad de los informantes y, con frecuencia, de su anonimato”. El absurdo ha llegado al punto de que el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, ha planteado la posibilidad de “obligar a toda persona que desee entrar a territorio estadounidense a revelar sus contraseñas para conocer sus actividades en las redes sociales”. Los ataques contra los medios de comunicación también se han multiplicado en Francia. Según RSF, los ataques verbales de algunos líderes políticos contra los periodistas, tildándolos de “mentirosos”, han creado una atmósfera violenta en los mítines, con continuos insultos y abucheos a los periodistas.
Las presiones políticas directas e indirectas también se han hecho generalizadas y han afectado a países como Finlandia que encabezaba la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa desde hacía seis años. El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, intentó impedir que la radio pública cubriese “un caso con un posible conflicto de intereses que lo afectaba”.
En países como Uruguay o Chile también se registraron intentos de obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación en casos en los que estaban implicados dirigentes del Estado que quisieron evitar que se abordasen “temas relacionados con la corrupción, malversaciones o conflictos de intereses”. Al mismo tiempo, Chile sufrió la aprobación de dos reformas legislativas, conocidas como “leyes mordazas” que “permiten sancionar a quien filtre información sobre investigaciones judiciales en curso”.
En países como Polonia los medios de comunicación públicos ha sido sometidos al control del gobierno y se han convertido en “herramientas de propaganda”. La estrategia gubernamental contra los medios opositores ha sido asfixiarlos económicamente con campañas permanentes de boicot. Gazeta Wyborcza se encuentra en una situación crítica.
La lucha contra el terrorismo provocó que el parlamento alemán aprobase en otoño de 2016 un proyecto de ley que “autoriza la vigilancia masiva, sin hacer una excepción con los periodistas o los abogados” a todos los ciudadanos que no sean alemanes o que no pertenezcan a algún país de la Unión Europea. La controvertida ley “ha legalizado prácticas que ya realizaba el servicio de inteligencia exterior de Alemania desde 1999 y que ha supuesto el espionaje de cincuenta periodistas y medios de comunicación”.
Reino Unido también aprobó a finales del año pasado una nueva ley que “amplía los poderes de vigilancia de los servicios secretos británicos”, considerada como “la más invasiva en la historia de la democracia y que no hace ninguna distinción con los periodistas y sus fuentes”. Otros dos países, Nueva Zelanda y Canadá, que encabezaban las listas del buen hacer en libertad de prensa hasta hace bien poco, planean criminalizar la filtración de información a la prensa y aumentar los poderes de los servicios de inteligencia. La intención del gobierno neozelandés es aprobar medidas que permitan castigar con cinco años de prisión a los denunciantes y a las fuentes de información. En Canadá, una ley antiterrorista de 2015 ya restringía en gran medida la libertad de expresión. En 2016 media docena de periodistas supieron que la policía había espiado sus comunicaciones telefónicas.
RSF asegura que 2016 fue un año en que se “acentuó, de manera general, la tendencia a la concentración de los medios de comunicación”. La organización denuncia en su informe que “el número de propietarios se ha ido reduciendo poco a poco, haciendo que se agrave su dependencia de los poderes políticos y económicos”. Francia ha sido uno de los países más afectados por esta situación que fragiliza la independencia de los periodistas y pone en peligro “el derecho de todos los ciudadanos de contar con información libre y honesta”. Algunos industriales como Vicent Bolloré, presidente del grupo Vivendi, han paralizado investigaciones sobre empresas dirigidas por amigos suyos y han suprimido programas independientes que no gustaban a los poderes fácticos.
Otra forma de impedir la libertad de prensa son los múltiples obstáculos que imponen las autoridades para cubrir acontecimientos noticiosos. En abril de 2016 se condenó en España a Asier López, fotógrafo profesional, a pagar una multa de 601 euros por colgar en su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial. En la notificación de la sanción se argumentaba que en la fotografía “es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar su identificación pública». La sanción se impuso meses después de ser aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana que busca proteger “la imagen de la policía española” al mismo tiempo que “restringe de manera drástica el derecho a manifestarse y obstaculiza legalmente el derecho de los periodistas a recabar y difundir información”.
En países como Estados Unidos, Canadá o Francia fotógrafos y periodistas han sido detenidos mientras daban coberturas a temas sensibles para la imagen de sus países como las protestas contra la construcción de una central hidroeléctrica canadiense o un polémico proyecto de construcción de un oleoducto en reservas de indios estadounidenses, o el desmantelamiento de campamentos de inmigrantes en suelo francés.
Virginie Dangles, redactora jefe de RSF, asegura en el informe que “todas estas presiones cercenan poco a poco nuestras democracias desde el interior e insidiosamente pueden empujar a los periodistas a autocensurarse para evitar ataques verbales cada vez más violentos o represalias económicas. Y concluye que “esta tendencia es aún más preocupante puesto que los regímenes democráticos ya no vacilan en emplear métodos más radicales para obstaculizar el trabajo de la prensa”.
