Divorcio exprés, matrimonio entre homosexuales, avance en transexualidad… Todos estos asuntos señalados en el programa con el que José Luis Rodríguez Zapatero se presentó por primera vez a las elecciones, en 2004, se hicieron realidad a lo largo de su primera legislatura. Todos estaban incluidos en un apartado denominado derechos civiles. Junto a ellos, se podía leer también esta promesa: “Promoveremos la creación de una Comisión en el Congreso que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor”.
Trece años después, los socialistas continúan aplazando y supeditando el debate sobre la eutanasia al eterno argumento del consenso: “El PSOE considera que debería abrirse un debate social sosegado, como queda reflejado en nuestro programa electoral, con la mirada puesta en que pueda establecerse un consenso amplio porque es un debate que afecta a la dignidad de las personas y tiene una dimensión constitucional, no exclusivamente sanitaria”, defendió el diputado del PSOE Gregorio Cámara este mismo martes. El Congreso ha rechazado, con la abstención del PSOE, Ciudadanos y el voto en contra del PP, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Unidos Podemos que promovía la modificación del artículo 143 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, prácticas legales en varios países de Europa, de EEUU y Canadá.
A la excepcionalidad de esas regulaciones -frente al avance que pueden suponer- se refirió el diputado socialista para argumentar la abstención de su partido: “Muestran avances y retrocesos, aciertos y errores. Se puede llegar a la pendiente resbaladiza, de los enfermos terminales a los crónicos, del dolor físico al psicológico e incluso al sufrimiento existencial». En Oregón, por ejemplo, aun con un amplio consenso, también hay controversia, añadió. Cámara calificó de precipitada la iniciativa de Unidos Podemos y señaló como deficiencias la inconcreción de los plazos, no establecer un último procedimiento de comprobación y valoración antes de la muerte o la inexistencia de un control previo que podría dar lugar a errores irreversibles. «Ustedes no han buscado el consenso, ustedes han buscado ponerse la medalla», exclamó. El diputado socialista insistió en la necesidad de aprobar antes que abrir ningún debate una ley de muerte digna nacional -que ya promovió anteriormente el PSOE sin éxito ante la mayoría del PP y que ha vuelto a registrar en la Cámara- que haga exigible ese derecho al final de la vida en todo el territorio en condiciones de igualdad, como ocurre en algunas comunidades autónomas.
La ley andaluza, aprobada en 2010, supuso un antes y un después en el debate público sobre el derecho a una muerte digna, que generó un amplio rechazo desde los sectores más conservadores del PP y la jerarquía eclesiástica. El caso de Inmaculada Echevarría, una mujer con distrofia muscular que tuvo que cambiar de un hospital privado -religioso- a uno público para ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, marcó el inicio de esta norma autonómica pionera en España a la que siguieron otras comunidades: Aragón y Navarra en 2011, Canarias, Baleares, Galicia en 2015, País Vasco en 2016, y Asturias y la Comunidad de Madrid este mismo año. “Queremos aclarar la confusión que a veces existe porque todas las actuaciones, algunas de ellas muy distintas entre sí, se engloban bajo la palabra eutanasia. El debate se enriquecerá cuando diferenciemos entre eutanasia sí, eutanasia no», afirmó la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, que durante años llevó a la comunidad a todas las portadas nacionales en materia de avances sanitarios.
Aquella ley surgía también como respuesta al linchamiento padecido por los médicos de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), con el doctor Luis Montes a la cabeza, acusados de homicidios por sedaciones paliativas y finalmente absueltos. Lo que garantizaba la norma era la seguridad jurídica a los profesionales, pero en ningún momento regulaba casos como el de Ramón Sampedro, citado este martes por el líder de IU, Alberto Garzón, y la diputada de En Comú Podem Marta Sibina. Ni eutanasia, ni suicidio asistido porque solo el Gobierno puede modificar el Código Penal.
De hecho, varias comunidades han aprobado en sus parlamentos iniciativas que reclaman al Ejecutivo que lo haga, en algunos casos a instancias del propio PSOE, como en Euskadi: “El derecho es cauto. Pero yo creo que no nos equivocamos cuando afirmamos que existe una demanda social y un consenso ético a favor del reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida”, explicó en la cámara vasca la diputada socialista Miren Gallastegui. Hace apenas dos meses, la diputada del PSC Rosa María Ibarra abogó por romper el «tabú» de la muerte tras dar su apoyo a una moción de SíQueEsPot en la misma línea. «A mí no me parecen buenas estas iniciativas porque las comunidades no tienen competencias para cambiar el ordenamiento jurídico. Hace falta que un grupo legisle, que haga una propuesta y la presente en el Parlamento», dijo en una entrevista con La Marea Luis Montes el pasado mayo, esperanzado entonces en un cambio en el hemiciclo.
Este martes, sin embargo, los socialistas han retrocedido al año 2004, según concluyeron los promotores de la iniciativa, que reprocharon al PSOE no ser lo valiente ni lo humano que fue al aprobar la ley del matrimonio entre homosexuales, como recordó el diputado de Compromís Joan Baldoví. «En aquellos momentos el PSOE fue responsable de la aprobación, pero ahora se han colocado en el lado de no querer avanzar hacia los derechos civiles», señaló el dirigente de IU Alberto Garzón. «¿Cuándo va a llegar la hora? ¿El mes que viene? En diciembre? ¿Cuando ustedes quieran?, reprochó al PSOE la diputada Sibina, enfermera, en un discurso cargado de indignación.
