«La acusación particular pide una cuantía inusual con lo que es la práctica habitual en los tribunales y tampoco la justifica. Con lo que parece que el señor Ruíz Daza lo único que pretende es subir la cantidad de las multas para perseguir la asfixia económica de doña María». Así cerró el abogado de María Salmerón, víctima de violencia machista, condenada varias veces por incumplir el régimen de visitas e indultada por el Gobierno, su intervención en el nuevo juicio al que se ha enfrentado esta semana, acusada esta vez de denuncia falsa por su exmarido, Antonio Domingo Ruiz Daza, condenado en 2008 por maltrato habitual durante el matrimonio. En este caso le pide 6.000 euros, que junto a otras indemnizaciones y costas atrasadas suman en torno a 50.000, según los cálculos del letrado. María tiene embargado su piso -donde vive con su hija- y su nómina. «Eso también es maltrato», afirma una amiga que la acompaña al juicio.
Los hechos que se juzgaron minutos antes en la sala de vistas del Penal 11 de Sevilla se remontan a 2012. María, según su relato, notificó al punto de encuentro que su hija no iría al día siguiente porque tenía una excursión escolar. Sin embargo, Antonio sí acudió y pasó a unos cinco metros de donde se encontraba María, en una cafetería cercana al punto de encuentro. «¿Y por qué acudió usted al punto de encuentro si su hija no fue?», preguntó el fiscal a María. «Porque era mi cumpleaños y decidí celebrarlo con otros usuarios con los que tenía relación, hablábamos y me sentía apoyada». Entonces vio a su exmarido y llamó a la Policía. Y finalmente lo denunció por quebrantar la orden de alejamiento. Según el relato de Antonio, este acudió al punto de encuentro, donde fue localizado por la policía, para asegurarse de que su hija efectivamente no iría. Y la Justicia, de hecho, le dio la razón al considerar que no había roto la orden. «¿Usted sabía que ella sabía que usted iba a ir?», preguntó el juez al hombre, la cuestión clave para averiguar si se trata o no de una denuncia falsa. «Sí», respondió él.
María, sin embargo, lo negó y destacó, en su defensa, que en las últimas visitas quien iba a recoger a la niña era la pareja de Antonio. Ninguno de los dos testigos que comparecieron, una técnica del punto de encuentro y un agente de policía, aportaron datos significativos. La técnica en concreto aseguró en numerosas ocasiones no recordar los detalles y se remitió al informe que el equipo realizó aquel día, en el que se apoya la acusación particular. En primera instancia, además, la denuncia de Antonio a María fue inadmitida, aunque prosperó tras recurrir a la Audiencia Provincial. «Esto es audiencia pública, no un circo», llamó la atención el juez ante el sonido de un teléfono móvil en la sala.
«Aquí lo que hay es un vacío probatorio, unos documentos que no son suficientes y que se ratifican de forma genérica», defendió el abogado de María. Como ejemplo de ello, se refirió a otras incongruencias de la acusación según el mismo informe y se remitió a jurisprudencia del Supremo que llega a dejar sin carácter probatorio informes policiales. El fiscal, por el contrario, concluyó que María había provocado el acercamiento, que había tratado de inducir engaño al juez y que, por tanto, el caso reúne todos los requisitos para ser calificado como un delito de denuncia falsa, que conlleva una pena de entre tres meses y dos años de prisión.
«Me siento muy mal, está claro lo que quiere», expresó María a la salida del juicio. Dentro había puntualizado al fiscal que lo que había detrás del caso no eran unos «problemas» sobre el régimen de visitas, como aseguró el representante del Ministerio Público, sino un asunto de violencia de género. En su momento, la Justicia no entendió que la condena a su exmarido supusiera un obstáculo para que pudiera ejercer sus funciones como padre con la niña. Y una jueza incluso llegó a otorgarle la custodia, posteriormente recuperada por María tras una larga batalla judicial que terminó después de que la menor fuera escuchada en los tribunales. La conclusión fue que no quería estar con su padre.
Desde entonces, María ha ido encadenando juicios, condenas e indultos, también recurridos por su exmarido. La última vez que María se había sentado en el banquillo ocurrió hace un año, acusada de no haberle pagado los 360 euros mensuales de manutención mientras la niña estuvo con él, un año y cinco meses: 6.120 euros. Aún no ha salido la sentencia. «Todo ello puede afectar a los indultos y hacer que María al final vaya a la cárcel, porque estos están condicionados por ley al pago de las indemnizaciones», aseguró su abogado. Según explica, cada mes le retienen un 30% de su nómina como auxiliar de enfermería.
Preguntado sobre si su intención es asfixiar económicamente a su exmujer y, en consecuencia a su hija, Ruiz Daza afirmó a La Marea: «Lo desproporcionado no es pedir 6.000 euros. Desproporcionado es el daño que yo hubiera sufrido con esa denuncia falsa». Salmerón se muestra indignada: «Dice que le tiene un cariño tremendo a su hija, pero quiere meter en la cárcel a su madre y dejarla a ella sin hogar y sin lo que más quiere, que es a su madre. La está desestabilizando con esa continua persecución hacia mí. Ese es el gran amor que le tiene a su hija». Otro juicio visto para sentencia.
