A estas alturas todos ustedes se habrán enterado de la denigrante campaña del autobús fletado por la asociación ultracatólica Hazte Oír que ha paseado un mensaje alentando la transfobia por las calles de Madrid. Este no es un artículo sobre cuestiones de género, quien escribe no está especialmente versado en el tema, aunque tiene clara una máxima muy sencilla: hay que respetar la identidad sexual de las personas. El hecho biológico es que hay seres humanos que se sienten, de una forma indiscutible, de un género diferente al del sexo con el que han nacido. Y esto sucede sin ninguna influencia cultural exterior. Sucede, punto.
Ante esto la sociedad ha emprendido un camino que primero consiste en reconocer la existencia de la transexualidad; segundo, el facilitar a este colectivo soluciones a los problemas que se derivan de su condición y tercero, protegerlo de las discriminaciones y agresiones que sufren. No es un trato de favor, es cumplir la ley y el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; es arreglar una situación injusta que hace partir a estas personas de una posición de desventaja; es una cuestión de lógica ética. Por desgracia, como demuestra este episodio, es un camino que está aún lejos de completarse.
Ante las críticas mayoritarias de la ciudadanía y la naturaleza ofensiva de la campaña, el Ayuntamiento ha ordenado a la Policía Municipal inmovilizar el autobús. Lo que está generando un nuevo debate —posiblemente el buscado por la organización católica— sobre la libertad de expresión, la censura y la persecución de determinadas ideas. Y este es el motivo del artículo. Intentar aclarar no sólo este hecho en concreto, sino el modus operandi usado habitualmente por la ultraderecha, que forzando nauseabundamente los derechos fundamentales pretende ampararse en ellos para atentar contra los mismos y aparecer, de esta forma, como opción de rebeldía frente a la inexistente dictadura de lo políticamente correcto.
Hay un hecho cierto. Al autobús de Hazte Oír se le inmoviliza utilizando un subterfugio que hace referencia a la publicidad en vehículos, ante la falta de una normativa municipal al respecto. La razón es evitar, lo antes posible, que la campaña se siga produciendo, a expensas de la actuación de la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación urgente por delitos de odio, máxime cuando el gobierno del Partido Popular —bajo la firma del ministro del Interior Fernández Díaz—, declaró en 2013 a esta asociación de utilidad pública, lo que además de resultar aberrante, les proporciona ventajas fiscales, ayudas públicas y asistencia jurídica gratuita.
Hay un hecho falso y es que se ha atentado contra la libertad de expresión de Hazte Oír. Leerán palabras como «totalitarismo» o «censura» en boca de los sectores más reaccionarios de la sociedad cuyo proyecto se basa, precisamente, en el totalitarismo y la censura. Pero el motivo por el que esta campaña resulta susceptible de detenerse no es la paradoja, sino el propio motivo de la misma: el intentar negar la existencia y señalar, indirectamente, a las personas transexuales, acudiendo a los colegios a repartir propaganda justo en un momento en que las agresiones han aumentado.
La campaña pretende aprovechar la confusión y el desconocimiento que existe respecto a las cuestiones de género para, mediante un mensaje que parece sencillo, describir una situación que intenta pasar por obvia: «Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo». La cuestión es que los conceptos de hombre y mujer, de niño y niña, pueden ser sinónimos del sexo biológico con el que nace una persona, pero también pueden ser sinónimos de su género, es decir, de la construcción cultural y social que atribuye unos valores, roles y comportamientos al sexo biológico. Lo que la campaña viene a decir, mintiendo, es que no existen personas que se sienten de un género diferente al sexo con el que han nacido, pero no sólo se queda ahí, sino que niega la existencia de la propia transexualidad con el «seguirás siéndolo». Es decir, expresa unas ideas que, repetimos, bajo una apariencia de verdad obvia, hace una aseveración tan peligrosa como negar la identidad, la posibilidad de existencia, a un colectivo de seres humanos, clasificándolos como una mentira, «que no te engañen». No piden su ejecución en la cámara de gas, pero les niegan y les señalan, lo cual es ya de por sí suficientemente peligroso.
Cuando alguien expresa unas ideas que atentan contra los derechos humanos, como es el caso, hay razones no sólo legales, sino éticas, para entender que no estamos hablando de libertad de expresión, sino de libertad de agresión y que por tanto, ante un derecho inexistente como es el de agredir, señalar, negar la existencia, lo que se hace no es censurar, sino impedir esa agresión y defender a la víctima de la misma. Cualquier persona entenderá que si alguien pinta una estrella de David en un comercio regentado por un judío con intención de señalarle, ese individuo no está haciendo uso de su libertad pictórica de expresión, sino que se trata de una agresión injustificable, al igual que si la sociedad le condena no se trata de un acto de censura, sino de defensa. Puede parecer una exageración, pero la campaña del autobús se sitúa en la misma senda que conduce inexorablemente hacia la barbarie. De hecho, que la campaña no sea más dura y explícita, que se base en laberintos conceptuales, es debido a la precaución que tiene que tener quien maneja ideas de odio para exponerlas públicamente.
Cuando el obispo de Canarias, Francisco Cases, dice el martes que una actuación en los carnavales en la que aparecía simbología religiosa le resulta más dolorosa que el accidente de Spanair, está haciendo unas declaraciones que le definen como persona, que sin duda ofenderán a las víctimas del accidente, pero que no son susceptibles de ser englobadas en el mismo epígrafe que la campaña del autobús. Nadie puede negar el derecho al señor obispo a expresar una comparación tan desafortunada, cualquiera puede criticarle por considerar la comparación abyecta. Un católico puede sentirse ofendido por la actuación de los carnavales y está en su pleno derecho de criticar la representación. Pero no puede, por contra, pedir que esa actuación sea censurada, ya que, de mejor o peor gusto, no viene a decir que los católicos son una mentira, una aberración, ni les señala como un grupo social susceptible de ser negado y perseguido. Esto es, hay diferencias muy claras entre la libertad de expresión, la agresión, la censura y la defensa de los derechos fundamentales.
Que estas diferencias, claras, lo sean cada día menos responde a varios factores. El primero es que la legalidad se retuerce para que se amolde a intereses políticos que pretenden sustituir el debate ideológico por uniformidad, utilizando, en un espejo inverso de lo que estábamos viendo, a las víctimas del terrorismo como subterfugio para, esta vez sí, censurar, coartar la disidencia y dar sentencias ejemplarizantes que asusten a quien utiliza un discurso crítico. Sólo así se entiende que esta semana haya juicios en la Audiencia Nacional contra siete tuiteros, que las sentencias por delitos contra las víctimas del terrorismo sean mayores ahora que cuando ETA asesinaba, que no todas las víctimas del terrorismo tengan la misma consideración, o que las expresiones de odio ultraderechista que se producen en las redes sociales rara vez sean perseguidas.
El otro factor, del que ya hablamos por aquí de una forma mucho más amplia, es la táctica que la ultraderecha está empleando en todo el mundo, de manera exitosa, de hacer pasar su pensamiento por rebelde cuando no es más que la destilación más pura de las peores taras de nuestro sistema. En el propio autobús se hace referencia a un libro prohibido, dedicado a unas inexistentes leyes de adoctrinamiento sexual. En la faja del mismo aparece la frase «el libro que no quieren que leas». El hecho es que sobre ese libro no existe ninguna prohibición y que si la llegara a haber, no sería por expresar ideas conservadoras, sino por expresar ideas que atentaran contra derechos y libertades fundamentales.
La táctica es la misma siempre: una organización que cuenta con el beneplácito declarado del Estado, que maneja un presupuesto desorbitado en relación a su tamaño e influencia social, que tiene a su lado a importantes firmas en medios, se hace pasar por una especie de grupo martirizado y perseguido, construyendo un hombre de paja indeterminado (el lobby gay, las asociaciones laicistas, la conspiración judeo-masónica…) que les impide llevar a cabo su cometido. Es mucho más atractivo presentarte como un indómito luchador por las libertades que como lo que eres, un totalitario que busca uniformar a la sociedad de acuerdo a un pensamiento fanático.
