Economía

El cártel de las auditoras y los 235.000 millones de euros perdidos

Un estudio analiza el lucrativo negocio de las cuatro grandes empresas de auditoría antes, durante y después de la crisis, y sus millonarios ingresos con los posteriores rescates a la banca.

José Bautista

22 febrero 2017 Una lectura de 6 minutos

Seguramente habrá oído hablar de Deloitte, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (E&Y) y KPMG, conocidas en el mundillo financiero como las big four por ser las cuatro empresas de auditoría que dan el visto bueno a las millonarias cuentas de las mayores corporaciones de planeta, un oligopolio de facto a escala global. Sus consejos cómplices y sus deficientes auditorías pusieron al borde del abismo a grandes empresas y bancos «demasiado grandes para quebrar» debido a su tamaño. Cuando estalló la crisis y los gobiernos acudieron a salvar a estas compañías con dinero público, las big four no quedaron relegadas por sus errores previos y responsabilidad, sino que fueron contratadas para diseñar e implementar los programas de rescate.

Este negocio, bautizado como «la industria del rescate», es el protagonista del nuevo informe El negocio del rescate en la UE, que este miércoles publica el Transnational Institute, un centro de estudios europeos con sede en Ámsterdam y Bruselas. Las cifras son de vértigo: entre 2008 y 2015, los Estados de la Unión Europea (UE) gastaron, con el beneplácito de las instituciones comunitarias, un total de 747.000 millones de euros en paquetes de rescate y planes para recapitalizar entidades sin liquidez. Además, comprometieron 1,19 billones para garantizar los pasivos (deuda) de la banca y de corporaciones al borde de la bancarrota. Hasta 2016, el apoyo a las instituciones financieras por parte de los 28 Estados miembro ya suma unas pérdidas irrecuperables de 213.000 millones de euros, una cifra similar al gasto militar de Rusia durante más de tres años.

En las 30 páginas de El negocio del rescate en la UE, los economistas Sol Trumbo y Matthijs Peters explica en qué consiste esta particular y desconocida industria basándose en los datos de 130 fuentes. Se trata de un documento con tono didáctico, acompañado de infografías y que incluye cinco ejemplos detallados —los casos de España, Grecia, Irlanda, Reino Unido y Países Bajos—, además de propuestas como la creación de una banca pública y una empresa de auditoría estatal. Sol Trumbo ofrece a La Marea más detalles de esta investigación.

En pocas palabras, ¿qué es la industria del rescate?

Es básicamente todo el coste adicional que se genera cuando hay que rescatar a un banco. Las instituciones europeas y los gobiernos no tienen la capacidad técnica para rescatar a un banco y dependen de empresas de auditoría y consultoría financiera para diseñar e implementar esos paquetes. Sucede que muchas de esas empresas que se han beneficiado con estos contratos millonarios eran las mismas que ofrecían consultoría y asesoría a esos mismos bancos antes de la crisis, es decir, ganaron cientos de millones diciéndoles cómo gestionar sus negocios. Y cuando esos negocios cayeron, las instituciones públicas las llamaron para diseñar los paquetes de rescate.

El informe destaca el «gasto oculto para los contribuyentes» de los rescates en la UE, ¿En qué consiste ese gasto?

Es todo el dinero del que no se habla. Cuando se rescata a una institución financiera, normalmente se comenta cuántos miles de millones de euros van a hacer falta, pero los contribuyentes no siempre saben lo que significa. Tratamos de explicar qué tipos de rescate hay, cuánto se ha gastado, etcétera. Los gobiernos venden la idea de que estamos dando un préstamo a los bancos porque están pasando un bache, pero que nos lo van a pagar en el futuro. En la práctica hemos visto que no es así, y de ahí viene la cifra de 213.000 millones de euros que se han perdido para siempre. El caso español es de los más graves: 45.000 millones se han perdido para siempre, cifra solo superada por los 46.000 millones en Irlanda. Además de todas esas pérdidas, existen las facturas para las empresas de auditoría y consultoría financiera por diseñar esos paquetes de rescate, que estamos viendo que también generan enormes pérdidas.

¿Qué es el oligopolio de las auditoras y qué rol jugó en la crisis?

Las empresas de auditoría son actores muy importantes porque tienen una enorme influencia en la gestión de la actividad financiera, bancaria y empresarial en el mundo. Las cuatro grandes tienen el 61% de todo el mercado de auditoría en la UE, una proporción que asciende al 80% en países como España e Italia. Su relación con las grandes corporaciones es aún más impresionante: el 95% de las compañías de mayor tamaño de EEUU están auditadas por las cuatro grandes. Ellas atestiguan que las cuentas de los bancos reflejan la realidad, pero la actividad de estas empresas va más allá de la auditoría. De hecho, ganan más por su labor de asesoría financiera y tributaria que por sus auditorías. Ganaron cientos de millones de euros antes de la crisis dando servicios a los bancos, como gestión de riesgo o gestión de negocio. También sabemos gracias al Luxemburg Leaks que asesoraban en el uso de paraísos fiscales para reducir la tributación de sus clientes, y eso es fundamental: tuvieron un rol clave en el mercado antes de la crisis, y cuando esa manera de hacer banca se derrumba y los contribuyentes gastan miles de millones en su rescate, de nuevo las auditorías son llamadas para gestionar y diseñar los programas de rescate. El papel de las auditoras es clave antes, durante y después de la crisis.

Con frecuencia pensamos que el sistema bancario de EEUU está más «desbocado» que el europeo, pero el informe muestra que en la UE los activos bancarios representaban el 274% del PIB de la región en 2013, frente al 83% de sus pares estadounidenses…

Un problema importante con las auditoras en la UE es que estaban ofreciendo servicios de auditoría y consultoría al mismo tiempo y al mismo cliente. Un caso paradigmático es el de Deloitte con Bankia en 2011: Deloitte hacía trabajo de contabilidad para Bankia, construía sus estados financieros y al mismo tiempo los auditaba. Ese año Bankia declaró beneficios de 300 millones de euros y Deloitte auditó esas cuentas diciendo que eran acordes a la realidad. Un año después el gobierno español tuvo que ingresar 25.000 millones de euros para mantener Bankia a flote después de su salida a Bolsa. Cuando se revisaron las cuentas auditadas por Deloitte, se vio que había irregularidades y que no reflejaban el verdadero estado financiero de Bankia, que en realidad en 2011 había perdido 4.500 millones de euros. El tema es muy grave, consecuencia del conflicto de interés que surge cuando la auditora es al mismo tiempo consultora. En EEUU esta práctica está prohibida desde 2012, desde el caso Enron, pero en la UE hemos tenido que vivir varias crisis para que por fin se aprobaran medidas. Lo que también decimos es que en la UE no hay iniciativas para reducir la influencia de las empresas de auditoría que tienen un control de mercado muy grande, y eso debería cambiar para evitar nuevos casos de conflicto de interés.

¿Por qué los gobiernos recompensan con nuevos contratos a empresas que aparentemente dan servicios deficientes?

Creemos que puede deberse a las puertas giratorias en muchos altos cargos de empresas financieras, con un fuerte poder de influencia política. Además, tras décadas de financiarización y de dejar en manos privadas la gestión de asuntos financieros, los gobiernos no tienen alternativas ya que las cuatro grandes y un pequeño grupo de consultoras son las únicas a las que todavía se les reconoce algún tipo de autoridad en materia financiera. Por eso es importante mejorar la capacidad pública para gestionar asuntos financieros. Un primer paso podría ser una banca pública, no solo porque es más resistente a la crisis, sino porque puede mejorar la capacidad de las instituciones para resolver asuntos financieros.

¿Qué cree que se podría hacer para desmantelar la “industria del rescate”?

En primer lugar, acabar con la enorme concentración de las empresas de auditoría. También hay que mejorar la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los asuntos financieros, empezando por la creación de una banca pública y siguiendo por la creación de empresas públicas de auditoría. Por otro lado, fortalecer la capacidad de los ciudadanos para gestionar asuntos financieros. Las auditorías ciudadanas de la deuda han sido algunas de las experiencias más interesantes de los últimos años en España, y eso puede ser una vía para estar listos como sociedad y tener todas las herramientas si se repite una nueva crisis financiera, sin tener que depender de actores privados que solo buscan el beneficio propio.

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