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El CSN avala la apertura de Garoña e indigna a los ecologistas

El Consejo de Seguridad Nuclear dio este miércoles el visto bueno a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña. La oposición parlamentaria y las organizaciones ecologistas alertan del grave riesgo de prolongar la vida de la central.

Dani Cabezas

08 febrero 2017 Una lectura de 4 minutos

La puerta para que la central nuclear de Santa María de Garoña siga funcionando está hoy un poco más abierta. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió este miércoles por mayoría dar el visto bueno a una reapertura que estará, eso sí, sujeta a que el operador de la planta (Nuclenor, participado por Endesa e Iberdrola) cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. La decisión sienta un precedente histórico hasta ahora en España, ya que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan operar durante 60 años.

El dictamen ha provocado la reacción de toda la oposición parlamentaria, que ha pedido al Gobierno del PP que no autorice la reanudación de la actividad de Garoña. Equo ha calificado la decisión del CSN, en palabras de su portavoz Juan López de Uralde, de «inadmisible», y ha adelantado que propondrá a todos los grupos en el Congreso una ley que cierre definitivamente Garoña.

Uralde, que también es miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos, ha aseverado que «Garoña es una central obsoleta y peligrosa», al tiempo ha denunciado que la industria nuclear está utilizando la central «de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares». En su opinión, el hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas debería ser «motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo. Una vez más, el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha lamentado.

Las reacciones de los ecologistas también han sido inmediatas. Paco Castejón, físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, reconoce que la decisión no les ha pillado por sorpresa. «Esperábamos esto, pero no por ser esperado es menos grave», apunta en declaraciones a La Marea. «Con esta decisión, el CSN está validando una central que está en un estado lamentable. Y además lo hace de una forma que es particularmente preocupante, que es la siguiente: ‘te digo que sí y tienes que hacer esto’, en lugar de ‘si haces esto, te digo que sí’. Con ello se sienta un peligroso precedente, ya que se autoriza el funcionamiento de las centrales más allá de los 60 años», explica.

Además, la decisión del CSN desliga la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada 10 años, del aval para operar, que se ha otorgado para 14 años (hasta 2031). En opinión de Castejón, «esta decisión es un aviso a navegantes, de cara a que el resto del parque nuclear puedan pedir la extensión de sus licencias de funcionamiento, que en el caso de muchas otras centrales llegará entre 2020 y 2024″.

¿Cuáles son los pasos que se pueden esperar a partir de ahora? «Si Nuclenor quiere, realizará las reformas que ha solicitado el CSN, que superan los 200 millones de euros», explica Castejón. «En ese momento, el CSN evaluará dichas reformas. Pero la última palabra la tendrá el ministro de Industria, Álvaro Nadal». Todo este proceso puede llevar, según el miembro de Ecologistas en Acción, un plazo de tiempo indeterminado, por lo que la situación queda en un tenso stand by.

Historia de una controversia

La central de Santa María de Garoña es planta nuclear sin clausurar más antigua de España: comenzó a construirse en 1963, y fue inaugurada el 2 de marzo de 1971. Pertenece, por tanto, a las llamadas centrales nucleares de segunda generación, un grupo que integran aquellas que fueron levantadas con anterioridad al accidente de Three Mile Island (Pensilvania, EEUU), que en 1979 marcó un antes y un después en materia de seguridad nuclear. Entre sus puntos más controvertidos, el reactor de agua en ebullición con el que opera, fabricado en 1970 por General Motors y similar al de la central de Fukushima, en Japón, que en 2011 sufrió el más grave de los accidentes nucleares recientes.

En julio de 2009, el gobierno del PSOE aplazó cuatro años el cierre y desmantelamiento de Garoña, lo que levantó la indignación de los ecologistas. En diciembre de 2012 el reactor se paró completamente y se produjo el desacoplamiento de la Red Eléctrica de España. El cese de la explotación fue publicado en el BOE el 10 de julio de 2013.

Entre los motivos de los ecologistas para pedir el desmantelamiento definitivo de la central destaca la cercanía a grandes núcleos de población, como Bilbao, Vitoria, Burgos, Logroño o Miranda de Ebro, localidad de donde procede la gran mayoría de los trabajadores, que abogan por la renovación de la licencia. Según el comité de empresa de la central, dicha renovación contribuiría a mantener unos 1000 puestos de trabajo, 315 directos y 700 indirectos.

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