En los años 2012 y 2013 las dos cadenas privadas de TV con más audiencia del Estado español emitieron miniseries dedicadas al asunto conocido como «niños robados«. Ambas situaban el «robo» de bebés en los años 70. Ambas zanjaban la cuestión en dos capítulos. Ambas cargaban las tintas en el aspecto sentimental, pero sin abordar las causas que explicaban que estas prácticas se realizaran de manera masiva y durante varias décadas. Ambas acababan con un final feliz, donde todo quedaba aclarado, las familias se reencontraban e incluso se apuntaba la posibilidad de que en el futuro se acabara castigando a los culpables. En uno de los casos el final feliz se debía a la bondad de una monja joven. Parece ser que, mediáticamente hablando, es un asunto pasado de moda incluso con una Ley de Memoria Histórica en vigor. Y eso que, de manera esporádica, alguna noticia aún puede aparecer de vez en cuando en los medios de comunicación de masas.
Los autores del documental Ladrones de vidas: niños robados en la Comunidad Valenciana, una vez investigada la documentación a la que pudimos tener acceso y una vez entrevistadas varias víctimas y expertas en la materia, llegamos a conclusiones muy diferentes. El secuestro de bebés comenzó en un momento histórico muy concreto, la Guerra Civil, y por un motivo muy claro: el exterminio ideológico de medio país.
Los casos de reencuentros familiares han sido ínfimos comparados con la magnitud de esta tragedia. Ningún culpable ha pagado por estos crímenes de lesa humanidad. La Iglesia católica española, lejos de facilitar nada a las víctimas, constituye el mayor obstáculo que éstas se encuentran para encontrar a sus familias. El asunto ni mucho menos está resuelto, al menos desde el punto de vista de las víctimas.
La Guerra Civil no acabó el 1 de abril de 1939. Serrano Suñer lo dijo un año después: «La guerra continúa». No era una frase retórica. La represión fue mucho más allá de lo imprescindible para cambiar el régimen político, porque de lo que se trataba era de «hacer limpieza» en cada ciudad y en cada pueblo, y de esta forma que la clase dominante se asegurara unas décadas de tranquilidad. Y lo consiguieron.
Un médico militar, Antonio Vallejo-Nájera, se interesó por la psiquiatría durante su estancia en Alemania en los años previos al nazismo. En 1938 envió un telegrama a Franco solicitando autorización para crear el Gabinete de Investigaciones Psicológicas. Se proponía investigar a hombres y mujeres capturados durante el avance de las tropas sublevadas. En sus investigaciones fue asesorado por agentes de la Gestapo. Las conclusiones de sus «investigaciones» fueron que los «marxistas» (en su jerga, todos los que se opusieron al golpe de Estado) eran inferiores mental, moral y culturalmente.
Según él, la raza española había degenerado en los últimos siglos por las maquinaciones de los judíos falsamente convertidos al cristianismo y la difusión de las ideas librepensadoras, enciclopedistas, masonas y democratizantes. Había que regenerar la raza hispana cultivando la religiosidad y el patriotismo, y para ello era necesario separar a los rojos de sus hijos para evitar la transmisión del «gen marxista».
El nuevo Estado se dotó de una legislación que amparaba la desaparición de los hijos de los perdedores de la guerra. La patria potestad pasaba al Estado y se les podía cambiar el nombre y los apellidos. De esta forma se dificultaba la búsqueda por parte de sus familiares. Esos niños y niñas fueron educados en centros religiosos y muchos acabaron convertidos en sacerdotes y monjas. Por tanto, no bastaba con asesinar, encarcelar o exiliar a los enemigos políticos: había que secuestrar a sus hijos y reeducarlos en un sentido opuesto desde un punto de vista político y religioso a como iban a serlo por sus familias. Pero esto tampoco fue suficiente. Había incluso que perseguirlos en el extranjero para retornarlos a la «madre patria» y educarlos «como Dios manda». La Falange creó un Servicio Exterior para localizar, seguir y capturar a los hijos de nacionalidad española en todos los países de Europa y del norte de África adonde habían llegado los nazis, y también en las repúblicas americanas.
Impunidad y negocio
Una vez creadas las tramas compraventa de bebés, y con la impunidad asegurada por la protección del Estado fascista, esta cirugía política se convirtió también en un fabuloso negocio. Los «compradores» no se limitaban a pagar los gastos del parto sino que desembolsaban grandes sumas de dinero a unas tramas que estaban integradas por monjas, ginecólogos, abogados, notarios, sacerdotes, taxistas, celadores de hospital, etc.
Las sumas de dinero, que varían según los casos y los años, pero que venían a coincidir más o menos con el precio de un piso de la época, desmienten el supuesto móvil caritativo de estas «asignaciones» de bebés. Sin embargo, nunca se trató de una mera transacción mafiosa pues la criatura no se entregaba a cualquiera. Debía tratarse de una familia adicta al régimen, con dinero, y con garantías de que iba a ofrecer a ese niño o esa niña una educación política y religiosa en consonancia con los valores nacionalcatólicos.
La muerte del tirano y el supuesto cambio de régimen no implicaron una depuración del aparato del Estado ni de otras instituciones públicas o privadas. La impunidad continuó y estas tramas tan bien «engrasadas» pudieron seguir operando durante varios años más. La Ley de Adopción 21/1987 vino a complicarles las cosas, pero aún hay registrado algún caso aislado a mediados de la década de los 90.
Este exterminio ideológico, complementario al genocidio físico realizado durante toda la dictadura franquista, ayuda a explicar cómo se constituye la sociedad española en la actualidad y puede contribuir a que se entienda por qué tiene rasgos tan diferentes a otros países vecinos. Algunos expertos apuntan la cifra de 300.000 los niños y niñas que fueron «robados» a sus familiares. Es una cifra estimada que nunca podrá ser comprobada con exactitud. Nosotros aportamos un dato curioso: la actual presidenta de la asociación de víctimas de Valencia está casada; ella busca a su hermano, y su marido a su hermana melliza. Ellos no se conocieron en la asociación. Se casaron y décadas después descubrieron que ambas familias habían sido víctimas de estas tramas.
Trabas contra las víctimas
Las víctimas encuentran dificultades de todo tipo porque no tienen una legislación que les ampare, porque los archivos los tienen cerrados, porque la justicia, los fiscales y la policía no investigan estos delitos tan graves, porque no pueden comparar sus ADN. Esta situación no es casual. Algunos miembros de las tramas, sobre todo ginecólogos, tienen apellidos muy conocidos porque son de familiares directos de dirigentes del Partido Popular.
La principal empresa que se dedica a recoger el ADN de las familias es Genómica, y está dirigida por la hermana de otra dirigente del PP. Esta empresa pertenece al grupo Zeltia, con fuertes vínculos con el Opus Dei. La empresa se «equivocó» dos veces al negar el resultado positivo entre una madre y una hija, a pesar de parecido físico y la documentación. A la tercera finalmente anunció que sí, que eran madre e hija.
Curiosamente, en Argentina también una empresa cercana al Opus Dei quiso ocuparse de cotejar muestras, pero las Madres de la Plaza de Mayo pudieron presionar al Gobierno y lograr, además de una legislación que las amparase, un banco de datos de ADN nacional, público y gratuito. Es lo menos que debería hacer un Estado supuestamente democrático ante las víctimas de unos delitos de lesa humanidad que no prescriben.
Un crimen prescribe a los 20 años, un secuestro es un delito continuado, que sigue produciéndose y por tanto sólo comienza el plazo de prescripción cuando esa persona aparece. En Argentina durante 7 años de dictadura se secuestraron aproximadamente 500 niños, y de ellos, gracias a todas esas medidas reivindicadas y conseguidas por las asociaciones de víctimas, se ha restituido la identidad de 121 personas. En España tuvimos 40 años de fascismo y otros 40 de postfascismo, y ni se sabe el número de secuestros ni de reencuentros familiares porque parece que a nadie le importa.
En definitiva, tenemos por una parte a unas personas que integraban las tramas mafiosas, o a sus herederos económicos e ideológicos, que han ganado mucho dinero con este «negocio», que están muy bien situados en los puestos clave de los aparatos del Estado, y que además tienen un temor fundado a que un hipotético cambio político modifique la legislación que obligue a jueces, fiscales y policías a investigar de verdad estos delitos y se pueda actuar efectivamente contra ellos.
Por otra parte tenemos a las víctimas y sus familiares, personas a las que les ha pasado algo espantoso y que se mueven en una sociedad a la que parece no importarles este problema, o que incluso en algunos casos se creen los «argumentos» que siguen esgrimiendo los defensores de estos monstruos: que fue un asunto del pasado, que pudo haber algún caso aislado pero ni mucho menos lo que se dice, que es mejor no remover según qué cosas, que sólo afectó a prostitutas y madres solteras, que fue mejor para el niño pues acabó en familias «normales» y en algún caso se hubiera abortado, que buscan dinero o notoriedad mediática…
Han pasado más de 80 años de la Guerra Civil y España sigue en paz. Los dueños del país continúan en su puesto porque el exterminio ideológico, del que el asunto de los bebés robados es sólo una rama más, fue todo un éxito.
* Luis Plá y Miguel Hernández son coautores del documental Ladrones de vidas: niños robados en la Comunidad Valenciana
Algunas entrevistas íntegras en: http://fraguasocial.org/bebes-robados-cv/
