“Si la paz anochecía, no amanecía”. Lo dijo Isauro Yosa, alias Mayor Lister, comandante de los comunes en los tiempos de El Davis, militante del Partido Comunista de Colombia, miembro del Secretariado de la Resistencia del Bloque Sur que en 1966 se convirtió en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Se refiere Yosa a la actitud de desconfianza que los guerrilleros comunistas mantuvieron ante la reconciliación nacional que decretó Rojas Pinilla tras el golpe de estado de 1953: no dejaron de organizarse; de adoctrinar a los campesinos. Se la dijo a Alfredo Molano, que lo reproduce en su libro A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc (2015); el último de los más de veinte que ha escrito recogiendo en el terreno voces que trazan una historia viva de la complejidad del conflicto colombiano y que, de otro modo, quizá nunca llegaríamos a conocer. Ese Alfredo Molano al que Colombia nunca le dio un premio de periodismo.
Por aquel entonces, los guerrilleros de Tirofijo eran Los Treinta: 26 hombres y 4 mujeres que se emplazaron entre Marquetalia y Riochiquito. Mayor Lister, con otros líderes guerrilleros, marchó a Villarrica, que fue bombardeada entre el 7 y el 10 de junio de 1955 con “asesoría norteamericana, materia prima europea y mano de obra colombiana”. La población civil huyó cubierta por la guerrilla hacia los territorios de los ríos Ariari y Guayabero, en Meta; y del río Pato en Caquetá. Los guerrilleros y la población desplazada comenzaron el desmonte de las selvas y la fundación de fincas en aquellos territorios, los mismos que el político conservador Álvaro Gómez Hurtado, para oponerse a la reforma agraria, calificó de “repúblicas independientes”, y contra los que se lanzó una nueva ofensiva en 1964 llamada “operación soberanía”.
En 2009 propusieron a Alfredo Molano para el Premio Nacional Simón Bolívar como mejor periodista del año (había publicado dos libros: Ahí les dejo esos fierros y En medio del Magdalena Medio). Se lo dieron a María Isabel Rueda, que en 2007 había escrito en una columna de la revista Semana: “Me encanta Uribe. Soy muy uribista”. Cuando el Ejército entró en Marquetalia, los guerrilleros se habían esfumado en los montes: se pasaba así de una lucha de resistencia, a lo que Jacobo Arenas llamó “la guerra guerrillera auténtica”. Dos años después nacían las FARC, la guerrilla que hoy firma la paz con el Estado colombiano en Cartagena de Indias, a la que se opone el expresidente Uribe.
Dos dificultades
Colombia se ha movido entre dos dificultades para una paz negociada: la desconfianza casi genética de la dirigencia de las FARC en las instituciones colombianas; y el convencimiento de las élites de que cualquier final de la rebelión de los peones de finca que no fuera su más absoluta derrota, resultaba una amenaza intolerable. El Acuerdo de La Habana nace de la superación parcial de estas dos dificultades.
Hoy, si la paz anochece no será por la desconfianza de la dirigencia guerrillera. Las FARC han declarado un alto el fuego unilateral, han acordado un cese bilateral de hostilidades y han decidido firmar el Acuerdo de paz, sin que se haya aprobado una ley de amnistía e indulto. Es decir, sin más garantías que la palabra de los representantes del Estado colombiano. En los tiempos de la invasión de El Davis, los líderes como Isauro Yosa andaban organizando y adoctrinando a su gente para una nueva etapa de confrontación aprovechando una calma que sabían corta. Hoy los comandantes están organizando a los guerrilleros también, pero para trasladarse a las zonas de concentración en las que entregarán las armas; adoctrinan también, pero para que la base guerrillera conozca y apoye el acuerdo.
Hoy, el establecimiento colombiano está dividido. Una élite emergente entiende que la internacionalización de la economía es irreversible y que Colombia no puede insertarse en los mercados internacionales con una guerra civil a cuestas, las fuerzas armadas involucradas en violaciones masivas de los derechos humanos y noticias de asesinatos de líderes sindicales, periodistas o defensores de los derechos humanos. La vía más expedita para lavar la imagen internacional de Colombia es sin duda la de la paz, y no la de la derrota militar de las guerrillas.
La élite tradicional, con una visión más local y ligada al extractivismo, entiende que andar ese camino supone, simple y llanamente, certificar el fin de su influencia; y con ello, su desaparición. Por eso no se oponen tanto a la paz o a este o aquel punto de lo pactado en La Habana, sino al proyecto modernizador que la paz puede traer consigo y a la visión de país de las élites económicas que han sostenido durante todo el proceso al Gobierno Santos. De ahí que el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz del 2 de octubre sea la primera batalla de una guerra en la que las élites tradicionales colombianas se juegan su supervivencia histórica. Y esa guerra no se disputa en el terreno de los argumentos.
Los argumentos contra el Acuerdo de Paz que hasta el momento han esgrimido los partidarios del No, son perfectamente irracionales porque pretenden eliminar del acuerdo los elementos que lo han hecho posible. Dicen los partidarios del No que el acuerdo es malo porque da beneficios políticos a los terroristas; porque equipara la insurgencia al Estado al permitirle negociar la agenda nacional; y porque no existe proporcionalidad entre los crímenes cometidos y la duración y el tipo de castigo que se prevé, de suerte que se estimula la idea de que el delito rinde beneficios.
El proceso de paz de Santos terminó en acuerdo porque aprendió de los errores del pasado. No buscó un proceso destinado exclusivamente a la legitimación y rearme del Estado como Virgilio Barco; no separó los temas de la paz de la agenda reformista nacional, como César Gaviria. Se retomó la estrategia Betancour de considerar a la guerrilla como un actor político, y como legítima la inclusión en las negociaciones de aquellas pretensiones que resultaran compatibles con una apertura democrática. La propuesta de los partidarios del No de reiniciar las negociaciones de paz sobre la eliminación de estas condiciones resultan insostenibles, porque reproducen estrategias negociadoras pasadas que fracasaron y que, por tanto, no están destinadas a la paz, sino a continuar la guerra.
El argumento de la falta de proporcionalidad de las penas es demagógico, porque ninguna pena resultado de un sistema de justicia transicional será proporcional a las acciones que pretende castigar. En eso consiste la justicia transicional: en sacrificar el entendimiento ordinario de la justicia para conseguir la paz, pero sin generar impunidad y respetando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Lo que las normas internacionales prohíben es que exista impunidad en las violaciones graves de derechos humanos —que es precisamente lo que ocurrió en España— pero no obligan a un determinado tipo de castigos ni a una duración mínima de los mismos. La propia fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha reconocido que el sistema previsto en el Acuerdo de Paz contempla el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El objetivo de los uribistas no es convencer, sino conseguir, aunque pierdan el plebiscito, el máximo respaldo electoral posible para afrontar desde una posición fortalecida las batallas que frenen la agenda democrática y reformista del Acuerdo de Paz. Por eso, los “argumentos” del No solo sirven para encubrir una estrategia destinada a acumular todo el capital irracional de dolor, miedo e incertidumbre que generan las transiciones. Y en ese camino lo más probable es que acaben unidos con las élites regionales surgidas de la economía ilegal, que desconfían de las transformaciones que la paz pueda traer a los territorios en los que operan y que tienen la capacidad para asesinar otra vez en la historia de Colombia guerrilleros desarmados, hasta que la paz zozobre. Pero con todo, no es el dolor, el afán de venganza o el miedo la mayor dificultad para desarmar en las urnas a los partidarios del No. El principal problema para la paz es la indiferencia urbana.
Decena de procesos de paz fallidos
El día que se anunció el cese al fuego bilateral y el acuerdo final, a mi compañera, colombiana que ha vivido toda su vida en guerra —toda su vida—, le resbalaban las lágrimas por la cara mientras miraba el televisor. Sólo alcanzaba a decir: “¿Será verdad?”. Salí al balcón y nadie celebraba. Se anunciaba el fin de un conflicto de medio siglo y los bogotanos —que aprovechan cualquier motivo para festejar— no hacían ruido. Quizá miraban el televisor, dejaban caer las lágrimas y se preguntaban: “¿Será verdad?”. Quizá ni siquiera miraban el televisor.
No es extraño si se piensa en la decena de procesos de paz fallidos, en las décadas de esperanzas frustradas y de mentiras. No es extraño si se piensa que el gobierno constriñó la negociación con las FARC a los problemas del mundo rural, vetando las cuestiones urbanas, por lo que resulta difícil que los habitantes de las ciudades (entre el 70 y el 85 por 100 de los colombianos, según distintos estudios), que hace tiempo que no sufren la guerra, se sientan directamente interpelados por el contenido del Acuerdo.
Y sin embargo la movilización del electorado urbano es fundamental para el éxito del plebiscito, porque es al que menos le cuesta votar. Sirva de ejemplo que a las decenas de miles de colombianos que habitan en la cuenca de los ríos de la guerra, la lancha para trasladarse al puesto de votación y volver le puede costar unos 50.000 pesos: una auténtica fortuna en la Colombia rural. Un urbanita colombiano puede trasladarse a pie a su centro de votación.
El libro de Alfredo Molano termina con una imagen actual de la vereda de Marquetalia: “La imagen de 200 soldados encaramados en una loma, bien comidos y abrigados y mejor armados, revoloteando por los montes, y de 20 familias campesinas que ordeñan unas vacas para sacar queso, y unos niños que no pueden llegar a la escuela porque no hay puente (…) ¿50 años de muertos para ese desconsolador resultado…?”. Apenas conozco a tres personas en las ciudades de Colombia que hayan visto esta imagen. Todas van a votar Sí.
Los premios
Dicen que quizá le den el Nobel de la Paz a Santos y Timochenko. Los encargados de conceder el Premio deberían leer las voces que nos trae Alfredo Molano y así sentirían la necesidad de escucharlas. Santos y Timochenko representan organizaciones responsables de toneladas de sufrimiento humano. No es un sufrimiento repartido. Se ha concentrado en lugares como Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Tuluá, Corinto, el piedemonte oriental, las cuencas de los ríos Atrato, Guaviare, Caquetá… prácticamente cualquier territorio que habiten campesinos mestizos, afrocolombianos e indígenas en frágil convivencia, preguntándose qué les traerá la paz, sin saber siquiera si podrán trasladarse a votar un acuerdo del que dizque son los protagonistas.
Demos credibilidad a los premios: no se lo den a los que decidieron detener el sufrimiento después de haberlo causado. Otórguenselo a los que sufrieron en cualquiera de estos lugares. Y vayan allá a entregarlo. No es solo que lo merezcan: es que hoy, como en tiempos de Isauro Yosa, es allí donde la paz anochece en Colombia.
Marcos Criado de Diego es profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Extremadura y Universidad Externado de Colombia.
