Luis Vega ha dado una muestra de saliva que determinará si entre los cuerpos hallados en una fosa están su padre, su madre y su tío. Ahora tiene 87 años. Cuando fusilaron a sus familiares, tenía siete. «Ya he visto que están ahí. Ya me da igual morirme», le dice a su hijo Juan Luis, sentado frente a él. Necesita un aparato para oír bien, pero vio mejor que nadie cómo se llevaron a su madre de su casa en Paterna de Rivera (Cádiz). «¿Ahora te vas a morir? Anda ya», le responde su hijo, que, tras el archivo en España, denunció los crímenes ante la justicia argentina.
Sus muestras serán las primeras que recogerá el banco de ADN de la Junta de Andalucía, incluido en la futura Ley de Memoria Democrática y que la Consejería de Cultura -que gestiona la recuperación de la memoria histórica-, ha adelantado con la firma de un convenio con la Consejería de Salud y la Universidad de Granada. El banco formará parte del centro Genyo, dirigido por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, un espacio de investigación sobre la base genética de las enfermedades -como el cáncer- y sobre la influencia de la herencia genética en la respuesta del organismo a determinados fármacos.
«Es una oportunidad para poner la ciencia al servicio de la memoria democrática de Andalucía y reconocer los derechos de las miles de personas que han sufrido y dar respuesta a las familias que llevan tanto tiempo esperando”, dijo durante la firma del convenio el consejero de Salud, Aquilino Alonso. «La tarea de identificación de los restos exhumados es una tarea compleja y difícil, pero con que sólo una persona pudiese ser identificada ya merecería la pena”, añadió la consejera de Cultura, Rosa Aguilar.
El profesor Lorente explica a La Marea que el paso del tiempo en condiciones poco adecuadas, como es el enterramiento en fosas en contacto con la tierra, hace que el material biológico donde se incluye el ADN se degrade con mayor velocidad y además se contamine con iones y productos químicos inorgánicos de la tierra. «Por tanto -prosigue- el ADN suele estar en poca cantidad, degradado y contaminado, por lo que cada caso es un reto, pero que hay que abordar con lógica y coherencia».
El proceso será largo y, según el director de Memoria Democrática, Javier Giráldez, el objetivo es glosar todas las muestras de ADN de exhumaciones en las que la Junta actúa de oficio -que es el espíritu que vertebra la nueva ley- y recopilar las que ya se han realizado en laboratorios privados con el consentimiento de las familias y el derecho a la protección de datos. «Es muy importante que los restos puedan ir directamente a la Universidad, con una cadena de custodia establecida y poder elaborar la base de datos», explica Giráldez, que destaca la unión crucial entre los antropólogos forenses que trabajan a pie de fosa con el equipo científico de la Universidad. «Los arqueólogos y antropólogos hacen su trabajo previo e independiente, elaboran su informe y nos coordinaremos entre todos y con otras partes que puedan estar implicadas, como son las asociaciones memorialistas, a través de la Dirección General de la Memoria Democrática de la Consejería de Cultura», indica Lorente.
Rigor y reconocimiento a las familias
Juan Manuel Guijo, el antropólogo forense que ha dirigido los trabajos en la fosa de Paterna, pone el acento en las familias y la calidad del proceso de investigación previo: «Se habrá de argumentar y demostrar un rigor en todo el proceso de excavación, manipulación de la muestra, cualquier análisis antropológico y arqueológico y garantizar una cadena de custodia», sostiene. «Se habrán de responder muchas cuestiones al laboratorio pero esta elevación del listón desde el punto de vista técnico solo redundará de forma positiva para las familias. Cada relación de muestras deberá estar acompañada de informes y registros gráficos y un análisis de la problemática específica de cada fosa, considerando el grado de viabilidad de la muestra», añade. Guijo incide en la excelencia del centro Genyo y en el derecho que tienen familias y colectivos a una información rigurosa y a aprovechar al máximo los recursos públicos invertidos: «El hecho de que puedan descartarse contextos y depósitos que nada tienen que ver con asesinados por el franquismo evitará usos inadecuados de fondos públicos en proyectos carentes de rigor. Creo que las exigencias que emanarán desde el centro responsable nos harán mejor a todos, a superar los errores y a ser más transparentes».
En muchos casos, el coste de la identificación ha supuesto el punto final de la exhumación. Ahora esos costes también los asumirá la Administración pública como deber del Estado. «Ahora se reconocerán, pero la dignidad nunca la han perdido», afirma Juan Luis. Su padre le contó la historia de sus familiares cuando tenía diez años. «No pises ahí, me dijo un día en un entierro, en el cementerio», cuenta. Ahí estaban los restos que ahora esperan a ser identificados en una habitación de la Casa del Pueblo.
«Contamos con muestras de cuatro individuos procedentes de un depósito colectivo con claras pruebas de violencia. Otras cinco muestras proceden de la alteración ocasionada en la fosa por la actividad normal del cementerio y entre éstas tenemos las dos únicas mujeres. La identificación será más problemática en estos casos, a lo que habrá que añadir el carácter incompleto de los esqueletos», describe Guijo.
En su proceder, siempre destaca la cautela: «Creo que los familiares son fuertes y han estado informados y participado en cada fase de los trabajos y saben lo que puede ocurrir, tanto lo bueno como lo malo. Este es un punto importante, dar a conocer las distintas posibilidades pero no engañar prometiendo paraísos que pueden no aparecer. Se debe atender, escuchar, informar y abordar vías de participación con las familias y colectivos y a veces no se podrá ir más allá y en otras ocasiones se logrará la identificación. Nunca más se los debería ignorar», concluye. «En cualquier caso, antes no teníamos nada y ahora tenemos muchas posibilidades», expresa Juan Luis delante de su padre.
