Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública // La reciente publicación en algunos medios de comunicación de los denominados Papeles de la Castellana [La Marea, Diagonal y eldiario.es a través de la plataforma filtrala.org] ha puesto en evidencia más irregularidades de los procesos de privatización del sistema sanitario público por parte del Gobierno del PP, ya que se confirma que empresas beneficiarias de estos procesos, que han tejido alianzas con laboratorios farmacéuticos, entidades bancarias, empresas de autopistas o multinacionales para beneficiarse de fondos públicos, defraudaron al fisco.
El grupo Vithas Salud nació en 2012 con la compra de hospitales a Adeslas. Pertenece al fondo de capital riesgo Goodgrower de los hermanos Gallardo y de La Caixa. El grupo integró en el momento de su constitución a 10 hospitales y 3.100 profesionales y 1,5 millones de pacientes, en gran parte derivados del sistema público. La creación fue apoyada y bendecida por la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.
La creación de Vithas se produjo de manera simultánea a la regularización por el Ministerio de Hacienda de los 113 millones de euros que los compradores mantenían ocultos en Suiza y Panamá. Es decir, la creación del grupo se realizó gracias a la legalización de 113 millones de euros ocultos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España. Los dueños del grupo pagaron gracias a la amnistía fiscal apenas 2,7 millones (2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas de Panamá y de los bancos JPMorgan, Lloyd’s y Rothschild).
Los dueños del grupo son también los máximos accionistas del laboratorio farmacéutico Almirall (66%), una de los mayores de España, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 millones y que factura millones de euros a la sanidad pública (el gasto farmacéutico en España es muy superior a la media de los países europeos).
Cuando la Xunta decidió privatizar el Laboratorio Central de Galicia frenando el desarrollo de los laboratorios de los hospitales públicos y poniendo en peligro los datos más sensibles de la población gallega, realizó un concurso al que se presentaron siete laboratorios, aunque el contrato fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas integrada por Cerba (Unilabs) y Lema y Bandín, que presentaron la oferta económicamente más baja, con una baja temeraria del 40% con respecto a las otras empresas concurrentes. Posteriormente Lema y Bandin y Vithas se han unido ubicando el Laboratorio Central de Galicia, privado, en el hospital de Fátima de Vigo.
Posteriormente numerosas comunidades autónomas ampliaron conciertos y concesiones de servicios sanitarios públicos con este grupo: en Galicia, el sanatorio Nuestra Señora de Fátima (cuatro millones de euros); en Canarias, los centros Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz, en Tenerife; en Baleares, en alianza con Asistencial Juaneda, consiguió hacerse con la radioterapia de los hospitales públicos de Ibiza y Menorca; en la Comunidad Valenciana, Vithas Perpetuo Socorro de Alicante recibió más de 400.000 euros para intervenciones de cataratas o juanetes; en Andalucía, el hospital Vithas Virgen del Mar de Almería consiguió un contrato para atender a enfermos pluripatológicos y cuidados paliativos por un millón de euros. Todo esto le permitió ampliar el negocio, comprar dos nuevos hospitales y facturar un 34% más que en 2012.
Vithas también recibe contratos públicos para asistencia sanitaria con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (financiadas con las cuotas obligatorias de trabajadores y empresarios): Vithas Nuestra Señora de Fátima de Vigo recibió el contrato de la Mutua Galega para dos años; Vithas Nuestra Señora de la Salud de Granada obtuvo la licitación de la Mutua Universal Mugenat por 560.000 euros o Vithas de Benalmádena (Málaga) consiguió el contrato con Ibermutuamur por dos años y 500.000 euros.
Por último, este grupo empresarial posee el 50% del fondo de inversión G Square Capital, que controla el gigante del sector geriátrico SAR Quavitae, beneficiario de conciertos y concesiones de residencias de ancianos en diferentes gobiernos autonómicos, más de cien ayuntamientos y tres diputaciones provinciales. También es adjudicataria de servicios de la teleasistencia o la asistencia a domicilio en numerosos ayuntamientos.
Resulta inaceptable y escandaloso que una empresa privada que defrauda los impuestos con los que se financia la sanidad pública se beneficie de una amnistía fiscal y cree un negocio que recibe ingentes fondos públicos a través de conciertos con administraciones sanitarias. Para acabar con esta política de parasitación y desmantelamiento de la sanidad pública por empresas privadas, desde la FADSP consideramos que un nuevo gobierno debería adoptar dos importantes decisiones:
1.- Abrir auditorias a todos los contratos, conciertos y concesiones de servicios sanitarios con empresas privadas y recuperar los recursos externalizados de manera irregular o fraudulenta.
2.- Acabar con las amnistías fiscales que perdonan deudas a quienes sacan dinero al extranjero para no pagar impuestos.
3.- Prohibir de manera expresa que empresas que hayan defraudado a la Hacienda Pública y con dinero en paraísos fiscales puedan acceder a contratos con las administraciones públicas.
