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La barra libre de la amnistía fiscal o cómo disponer de un millón de euros pagando 6.000 a Hacienda

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justificó la amnistía fiscal de 2012 como una medida para recaudar más y así reducir el déficit, pero, al final, las personas y empresas que se beneficiaron de la medida pagaron mucho menos que el 10% sobre el dinero repatriado

Antonio Maestre y Carlos Mier

07 junio 2016 Una lectura de 4 minutos

MADRID // Pongamos por caso que somos poco amantes de la legalidad fiscal escrupulosa y a lo largo de un par de décadas nos hemos dedicado a acumular dinero en una cuenta opaca en, vamos a imaginar, Suiza. Con la tontería hemos logrado juntar un millón de euros. No es que seamos precisamente hachas de la inversión, así que en los últimos años ese dinero ha estado inmovilizado en una cuenta con un interés del 2%, porque hemos encontrado un banco generosísimo que nos ofrece una rentabilidad por encima de la media. Pero no todo son ventajas, claro. Se da el pequeño inconveniente de que, al no estar declarado, no podemos disponer de ese dinero así como así y tenemos que andar cruzando la frontera con maletas portando efectivo cada dos por tres. Con lo incómodo y arriesgado que resulta.

De repente, llega el año 2012 y nos enteramos de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla de no sé qué medida para compensar el déficit. Investigamos un poco más el asunto y ya empezamos a comprender mejor. Amnistía fiscal. Puede que nos interese. La oferta del gobierno del Partido Popular es muy suculenta. Finalmente, no habrá que pagar al Fisco el 10% de la cantidad total que se pretenda aflorar desde las catacumbas de los paraísos fiscales, como se acordó en un primer momento, sino ese mismo porcentaje pero sólo de los beneficios que haya generado el dinero. Y únicamente en los tres años anteriores, ni tan siquiera de los cuatro necesarios de manera general para que el fraude prescriba.

Así que nos ponemos a echar cuentas. Y se nos escapa una sonrisa. Nuestro dinero oculto en el país helvético, al estar al 2% de interés, nos ha generado unos beneficios aproximados de 20.000 euros al año. Como tenemos que pagar sólo por las rentas de los tres años anteriores, hacemos la suma y obtenemos unos 60.000 euros de beneficio total, nuestra base imponible ante la Agencia Tributaria. Bien, pues únicamente queda hallar el 10% de esa cantidad. ¿Fácil, verdad? 6.000 euros abonados a las arcas públicas para disponer de nuestro millón suizo tranquilamente. Un 0,60% de IRPF.

Todo lo anterior es imaginación, pero tiene una traducción en la realidad. Con diferentes cantidades, aunque igualmente millonarias, los primos del rey Felipe VI se acogieron a la amnistía fiscal en 2012 para aflorar cuatro millones de sus cuentas suizas, tal y como ha revelado La Marea este martes en una investigación conjunta junto a Diagonal y eldiario.es, asociados con el buzón filtrala.org. Por aflorar esa fortuna pagaron menos del 2% a Hacienda.

La amnistía en números

Los datos oficiales indican que la amnistía fiscal logró aflorar capitales por un volumen total de 40.000 millones de euros -casi el 4% del PIB-. Sin embargo, la recaudación sólo alcanzó los 1.200 millones, menos de la mitad del objetivo inicial de 2.500 millones. En total, 618 empresas y 29.065 personas físicas se acogieron a la amnistía.

La medida, aprobada por el Gobierno el 30 de marzo de 2012, establecía un gravamen especial del 10% para impulsar la declaración de las rentas no declaradas, por lo que la recaudación debería haber sido de 4.000 millones si la cantidad aflorada es de 40.000 millones.

Pero no. De ambas cifras se deduce que el gravamen medio ha sido del 3%. Esto se debe a que Hacienda flexibilizó las condiciones para que los evasores se acogieran al proceso de regularización debido a que no encontraban suficientes ventajas.

Por ejemplo, la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados al 10%, como figuraba en el decreto ley inicial, lo hizo sólo con los rendimientos generados. Además, sólo se tuvieron en cuenta los ejercicios no prescritos, en principio de sólo cuatro años (de 2007 a 2010) o de tres para quienes realizaron esta declaración especial después de junio del pasado año.

Por ello, ha habido casos en que a los evasores habrían pagado en torno al 1% de todo lo defraudado frente al 10% previsto inicialmente. El propio colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación a la prescripción del 70% del fraude aflorado.

La regularización coincidió con una subida generalizada de los impuestos que soportan los ciudadanos, como el IRPF y el IVA, con el objetivo de reducir el déficit público. Varias organizaciones, como la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) criticaron duramente esta amnistía fiscal, la tercera en democracia después de las dos que se hicieron bajo el Gobierno socialista de Felipe González.

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