Beatriz Plaza* // En el istmo de Tehuantepec, en México, han proliferado en los últimos años un sinfín de proyectos de parques eólicos, de la mano de grandes multinacionales que se han visto favorecidas por la última reforma energética promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aprovechando esta coyuntura, se han servido del acaparamiento de tierras y el expolio de recursos naturales (agua) para implementar sus negocios con la etiqueta de “energía verde” y la supuesta justificación de contribuir al desarrollo, el empleo y la transferencia de tecnología. Frente a ello, diferentes comunidades del istmo se han venido articulando y organizando a nivel regional, nacional e internacional para defender su vida, la de sus comunidades, la tierra y el territorio.
Para conocer más de cerca esta lucha, hemos hablado con Bettina Cruz: mujer indígena del pueblo binni’zaa (zapoteca), activista defensora de los derechos humanos y miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, que desde 2009 viene denunciando las graves violaciones cometidas por las multinacionales que se encuentran en su territorio. De entrada, nos comenta que no es fácil encontrar alianzas con organizaciones internacionales que les apoyen en sus reivindicaciones, porque pareciera que están en contra de la “energía renovable”. Cruz explica, sin embargo, que el objetivo de su lucha no es ir contra las renovables sino denunciar el modo en que las multinacionales han impuesto sus proyectos en las comunidades, y cómo han construido los parques eólicos sin tener en cuenta los impactos sociales ni ambientales que han generado.
¿Cuales son sus reivindicaciones?
Nosotros no rechazamos la energía eólica, que en un momento determinado sí que podría ser una alternativa energética; lo que sí rechazamos son las multinacionales que controlan esos proyectos y las prácticas que están detrás de la construcción de parques eólicos. Primero, porque son proyectos que llegan impuestos a nuestras comunidades. Segundo, porque se sirven del desconocimiento de las propias comunidades, cuya lengua materna no es el castellano, para lograr y legitimar sus licencias. Y, tercero, porque en el ciclo de vida de la energía eólica se necesitan recursos que no son precisamente renovables ni ecológicos, como las estructuras metálicas, el cobre, el agua o el aceite que se usa tanto en su construcción como para su funcionamiento.
¿Quiénes forman parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio?
Somos comunidades indígenas que el mismo Estado ha querido desaparecernos durante mucho tiempo pero no lo ha logrado. Sin embargo, sí nos ha ignorado e invisibilizado diciendo que estadísticamente somos pueblos y comunidades que estamos en pobreza extrema, y que tenemos unos índices muy bajos de educación y empleo. Este ha sido, justamente, uno de los argumentos que han utilizado para promover la entrada de los proyectos eólicos en nuestros territorios. A la gente de las comunidades la convencen prometiéndole empleo y luego, cuando el parque eólico se construye, vemos que apenas dan trabajo a las personas de la región y que los empleos ofrecidos son los de menor calidad.
En cambio, sí que hemos visto y sistematizado los impactos generados por estos proyectos. Y se trata de impactos dañinos contra nuestra población y territorio: deforestación, desplazamiento de nuestras actividades económicas, desvalorización y progresiva pérdida de nuestra cultura, ocupación y profanación de nuestros lugares sagrados, pérdida de fauna y flora, acaparamiento de tierras, contaminación y desvío de ríos… En definitiva, prácticas que afectan directamente sobre nuestra visión del mundo y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y la tierra.
¿Cuáles son las multinacionales que promueven el desarrollo de estos proyectos?
Las primeras que llegaron fueron Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec, Peñoles, Iberdrola, Renovalia Energy y Abengoa. Ahora mismo hay muchísimas más empresas: también están Acciona, que es de las más fuertes, EDF y otras que se disfrazan con nombres propios de la región para que no se les vincule fácilmente con las grandes multinacionales. Están poniendo nombres en nuestra lengua materna a los parques eólicos: Unión Fenosa, por ejemplo, tiene un parque que se llama “Bií Hioxo”, que en nuestra lengua significa “el viento fuerte” y “el viento viejo”. Y estas multinacionales son las promotoras, pero además se relacionan con otras como Gamesa, que aportan maquinaria y se encargan de la construcción, o Grupo México, que es una compañía minera y la tercera productora de cobre más grande del mundo.
¿Se puede contrarrestar el discurso empresarial basado en promesas sociales a la población?
Nosotras analizamos palabra por palabra lo que ellos prometen; cuando dicen empleo, por ejemplo, analizamos a ver qué tipo, qué duración y qué calidad de empleo es el que prometen en sus proyectos, porque para 10-15 turbinas se necesita una sola persona trabajadora. Lo otro que hacemos es analizar los impactos que van a tener sobre la tierra y el control territorial. Esto es muy importante porque, allá donde se establecen, controlan la totalidad del territorio. Donde están los parques instalados, ellos tienen caminos que están cerrados, controlados por cámaras y vigilados por policía y empresas de seguridad privadas, a los que no podemos acceder. Además vemos el desequilibrio y la asimetría que hay entre las multinacionales y las comunidades. Por ejemplo, se tenía previsto que uno de los parques fuera protegido por las fuerzas armadas mexicanas, con lo que le iban a quitar el control del mar a las personas de la comunidad que se dedican a la pesca. Con toda esta información vamos e informamos a la gente; la información es poder y organización.
¿Cómo están organizado la resistencia frente a este tipo de proyectos?
Cuando empezaron a entrar las multinacionales, nos formamos y empezamos a buscar información. Luego pasamos a analizar las restricciones que tenían los contratos de cesión de territorio que algunas personas habían firmado, y nos topamos con que en los mismos figuraban prohibiciones sobre muchas cosas (caza, quema de rastrojos, construir pozos, etc.). Ahí formamos la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán y logramos anular cerca de 200 contratos de Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec y otras empresas. A partir de ese momento, el movimiento se extendió y conformamos la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Una de nuestras últimas luchas es con las altas tarifas de la energía eléctrica. Ahora mismo, hay ocho comunidades que están en resistencia por esta cuestión y eso es paradójico, porque en los mismos territorios donde se está produciendo energía los costes de las tarifas eléctricas para las comunidades son elevadísimos. Nos estamos coordinando en la Red Nacional de Resistencia Civil, que reivindica la energía como un derecho humano y no como una mercancía. A lo largo de esta lucha hemos tenido y seguimos teniendo amenazas directas contra la vida de diferentes personas de las comunidades y sus familiares. Amenazas que se han denunciado, pero ahí siguen. Pensamos que, tras lo ocurrido con Berta Cáceres, nos puede ocurrir lo mismo a cualquiera de nosotros. Pero ahí seguimos: mientras podamos, seguiremos defendiendo nuestro territorio porque es nuestra vida.
* Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
