Una década después del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por el que el doctor Luis Montes y su equipo fueron acusados injustamente de 400 homicidios, ha llegado a los tribunales otro caso insólito según la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), fundamentado en el artículo 143 del Código Penal, que castiga el suicidio asistido y la eutanasia. Tres personas han sido acusadas de un delito de cooperación al suicidio, de otro en grado de tentativa y de uno más contra la salud pública por la muerte de dos personas. La Fiscalía solicitaba seis años y cinco meses de prisión para dos de ellos, socios de Derecho a Morir Dignamente (DMD) -un médico que atiende en domicilio a enfermos terminales y una voluntaria que hacía labores administrativas en la asociación-; y para el tercero, otro médico que pidió ayuda para sedar a su hermano, un año y medio de cárcel. Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y ninguno entrará en prisión.
La historia, relatada por DMD, es rocambolesca: “María Luisa D. tenía 49 años cuando en diciembre de 2011 envió un correo a la asociación DMD Madrid en el que pedía la misma ayuda que tuvo Ramón Sampedro [el hombre con el que se empezó a hablar de eutanasia en España]. Su estado mental y los dolores que padecía le habían llevado a cometer al menos cinco intentos de suicidio, con gas butano y con pastillas. Así resumía su relación familiar: Cuando les digo a mis hermanos que quiero morir dicen que están hasta los cojones y que no quieren saber nada«. La asociación le respondió que ofrece asesoramiento, dentro de la legalidad, sobre decisiones al final de la vida cuando se dan –además de ser socio– tres requisitos: deterioro irreversible de la salud, sufrimiento intolerable y libertad para tomar decisiones: “Hablas de Ramón Sampedro, pero tu situación es muy distinta a la de una persona tetrapléjica que depende para todo de los demás, también para morir. En caso de que tu situación fuera irreversible y tu voluntad de morir seria e inequívoca, la ayuda que solicitas depende de que tu familia respete tu decisión”.
María Luisa acabó contactando con un socio de Barcelona, José María. Éste, sin el conocimiento y, por tanto, sin el consentimiento de la asociación -según alega DMD- estableció una relación de confianza con ella al margen de la organización. “Tras unos meses, José María y María Luisa decidieron verse el 17 de mayo en Valladolid y viajar después a Avilés (Asturias). Según el escrito de la Fiscalía, el objetivo era enviarle un bote de pentobarbital sódico -una sustancia que causa la muerte sin dolor- a cambio de 6.000 euros”. Ella dejo una nota de suicidio y falleció ese mismo día en un hotel de Avilés. Su hermana denunció su desaparición y la Policía abrió una investigación. José María declaró el 29 de junio y se suicidó días después, el 10 de julio. La Fiscalía relacionó esos hechos con los dos socios de DMD acusados de la siguiente manera: “José María estaba en contacto con Fernando M., que se encargaba de suministrarle los medicamentos necesarios para ello, a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que produciría. Junto con Mercedes C., procedían a conseguir el pentobarbital sódico por Internet en México y luego ambos indistintamente procedían a distribuirlo”.
El doctor Luis Montes explica a La Marea cómo llegó el pentobarbital hasta el entonces socio de Barcelona: «La DMD australiana empezó a relatar en sus páginas que la gente hacía viajes a EEUU y se acercaba en coche a Tijuana. Entrabas en cualquier farmacia y lo comprabas. En 2010, la asociación Exit lanzó un correo en el que advertía que se estaba vendiendo por Internet y daba dos correos seguros y un listado de más de 50 que eran un fraude. Nosotros tenemos una guía de muerte voluntaria en la que hemos ido incorporando todo lo que aprueban otros países y damos los métodos mejores para quien quiera autoliberarse. Teníamos, por tanto, la obligación de ponerlo en nuestra guía para el socio que quisiera adquirirlo y queríamos comprobar que no fuera un fraude, que lo que recibía el socio era realmente pentobarbital sódico, que no recibía otra cosa o menos dosis, con lo que sería peor el remedio que la enfermedad. Pedimos cuatro y cuatro, uno de ellos se rompió y nos quedaron siete. Se envió el pentobarbital a este socio de Cataluña [que era enfermo de párkinson y lo había solicitado para cuando la dolencia evolucionara a una etapa más avanzada] y los que no habíamos distribuido los tiramos después dada la situación. Ahora los socios lo piden ellos directamente. El pentobarbital es de las drogas más baratas que existen. No cuesta más de 20 euros y, según el el distribuidor, entre 200 y 300 euros».
Confuión entre sedación y eutanasia
El tercer acusado también se llama Fernando y, como en aquella época no estaba ejerciendo como médico, pidió al otro médico acusado, Fernando M., los medicamentos para poner fin a la vida de su hermano Álvaro, que sufría VIH, hepatitis C crónica, con metástasis en varios órganos vitales, estado terminal y había expresado su voluntad de acabar con ese sufrimiento. «Quería ser el dueño de su vida hasta el final y peleó hasta lo indecible por ella. Se sometió incluso a un trasplante hepático. Eso no lo hace ninguna persona que quiera morirse. Pero hubo un momento en que ya no podía más», rememora en conversación telefónica. Su hermano, que era un «cabezota», quería decidir cuándo morir y esta circunstancia, según Fernando, había dinamitado su relación con el equipo de cuidados paliativos.
“Lo que yo haría es un tratamiento convencional, una sedación paliativa profunda, aunque el proceso durará horas (8, 12, 24 horas…). A partir de la primera hora no sufriría, tarda más, pero es convencional, de protocolo, vía subcutánea con una palomilla”, le sugirió el otro médico acusado por el caso de Avilés. Ahí fue cuando la Policía, que tenía pinchado su teléfono, relacionó lo que iba a ser una sedación paliativa con eutanasia. Los fármacos nunca llegaron porque fueron interceptados en Seur. «Álvaro falleció de forma natural unas 24 horas después, habiéndosele impedido que descansara, que la agonía terminara. Lo único que se consiguió fue ayudar a un pobre moribundo a que sufriera más», lamenta Fernando. Mientras el coche fúnebre trasladaba el cadáver de su hermano al tanatorio, lo llamaron para declarar. A veces siente frustración al no poder hacer comprender la diferencia entre sedación terminal y eutanasia: «Es difícil que alguien fuera de la profesión logre entender la diferencia desde el punto de vista médico. La Organización Médica Colegial hace hincapié en la intencionalidad. Y si yo lo que busco es acortar la agonía de un paciente, estoy acelerando su muerte. Pero no lo estoy matando, esa no es la intencionalidad. Es una diferencia muy sutil, pero entenderla nos daría idea del absurdo que es este caso».
Según DMD, la Policía interpretó que todo lo que hacía esta asociación era presuntamente delictivo: «Por ese motivo, llegaron a detener a una funcionaria de la Generalitat en su centro de trabajo acusada de inducción al suicidio de su madre, una anciana de 91 años, en pleno uso de sus facultades mentales, preocupada por que se respetara su testamento vital. Se la llevaron al calabozo, le tomaron declaración e interrogaron a su madre en la residencia donde vivía. No había nada, porque esa acusación, como el resto de las que se hacen en la instrucción, era absurda”.
La Policía también registró la sede de DMD en Madrid e incluso interrogó a la madre de un joven paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que había fallecido unos días antes, cuyo certificado había firmado el socio médico acusado: “Le comentaron que estaban investigando a un médico que iba matando a sus pacientes en sus domicilios, según comentó la madre a DMD con mucho pesar unas semanas después”. Fernando M. fue detenido en la puerta de su domicilio, ingresó en la cárcel durante 14 días y fue liberado tras pagar una fianza de 30.000 euros. “Lamentablemente, una década después de la infamia contra el Hospital Severo Ochoa de Leganés, nos encontramos con un nuevo ataque contra la libertad”, concluye la asociación.
Por el delito de cooperación al suicidio, la Fiscalía ha modificado la participación de autoría a cómplice, y reduce la pena de tres a un año de cárcel. Por el delito contra la salud pública, ha rebajado la pena de dos años de prisión a seis meses y multa de seis euros diarios por seis meses, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de dos años y seis meses para los dos socios de DMD. En el caso del delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa, rebaja la pena de un año y medio a seis meses.
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