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La justicia universal, herida de muerte en España

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) presenta en Madrid un informe en el que analiza la situación con la ley de 2014 de fondo.

Los responsables del informe, este jueves en Madrid.

Dani Cabezas

29 abril 2016 Una lectura de 3 minutos

Cuando se cumplen dos años de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOP), y más en concreto los apartados referentes a la justicia universal, un grupo de juristas encabezado por Baltasar Garzón presentó este jueves en el Colegio de Abogados de Madrid el Informe sobre el estado de la jurisdicción universal en España 2016, que firma la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

«El informe analiza la situación de 14 casos de los que todavía sobreviven en el estrecho margen que dejó la ley de 2014 sobre jurisdicción universal», explicó Garzón en la presentación del documento. Entre esos casos, el exjuez de la Audiencia Nacional citó los referentes a cuestiones como el Sáhara Occidental, Boko Haram, Guantánamo, Falun Gong, el Tíbet o el caso Couso, entre otros.

Para los responsables del informe, cualquier país tiene el derecho, cuando no la obligación, de investigar y en su caso juzgar a los responsables de crímenes internacionales sin necesidad de contar con ningún punto de conexión entre el delito y el estado que se declare competente: ni la comisión del crimen dentro de su territorio, ni la nacionalidad de las víctimas. Tampoco es necesario que exista un legítimo interés del Estado para que investigue o juzgue los hechos. Para FIBGAR, la jurisdicción universal se presenta como un instrumento con vocación de defender a las víctimas y luchar contra la impunidad cuando los damnificados no encuentran justicia en sus propios países.

Garzón fue muy crítico contra el auto del Tribunal Supremo del pasado 18 de abril. A pesar que dicho auto ponía en entredicho la reforma del PP, de la que se aseguraba que «restringe el derecho a la justicia de los ciudadanos españoles en el extranjero víctimas de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra», Garzón explicó que el Alto Tribunal «ha tenido mucho tiempo para pronunciarse y no lo ha hecho hasta ahora, de forma sorpresiva. Sólo ha dicho lo evidente: olvida su carácter de cúspide del sistema judicial español, así como el hecho de que tiene la posibilidad de hacer algo más para proteger a las víctimas».

Cesión de soberanía

Vidal Martín Hernando, coautor del informe, explicó que la reforma del PP de 2014 fue «fruto de la improvisación y de la falta de rigor técnico a nivel político». Para Martín Hernando, aquella reforma «implica un incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de España. Los responsables fueron avisados, y aun así siguieron adelante porque respondían a intereses económicos. Se trata de una cesión de soberanía por parte de España en materia de derechos humanos, lo que es verdaderamente grave, pues desprotege a los ciudadanos españoles y a las víctimas españolas en el extranjero»

Entre los intereses que llevaron a la reforma de la ley, los ponentes destacaron de manera muy especial los de China. Carlos Iglesias, autor de las querellas contra el gobierno del gigante asiático por la persecución de Falun Gong, denunció que «más de 100 millones de chinos son perseguidos desde 1999 por practicar esta religión. Los intereses ecnomómicos de China en España, publicados en su día por los medios de comunicación y de sobra conocidos por todos, han provocado que uno de cada 13 chinos queden desprotegidos». Marruecos, incómodo con el caso por el Sáhara Occidental, y Estados Unidos, implicado en el caso Couso, se sumaron a las presiones al Gobierno para llevar a cabo la polémica reforma.

Los miembros de la mesa y responsables del informe recordaron, asimismo, el carácter pionero de España en materia de justicia universal, e hicieron un llamamiento a dar marcha atrás y recuperar lo que fue «una verdadera ‘marca España’: el compromiso con los derechos humanos». Del mismo modo, también se dirigieron de manera directa al Tribunal Supremo para que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional.