“¿Qué oficina de asilo? ¿Una oficina de asilo en Beni-Ansar? ¡Pero es imposible, no podemos llegar a la frontera! Eso es para los sirios”, explica J., un guineano que lleva meses viviendo en el bosque de Nador. “La situación de los negros es distinta. Si te acercas a la frontera te van a pegar como a una serpiente. La oficina de asilo es un sistema racista”, dice V, nigeriano. Los testimonios, recogidos por Elsa Tyszler, del Grupo antirracista de defensa y acompañamiento de extranjeros y migrantes de Marruecos, evidencian la falsa oposición entre “migrante económico” y “refugiado” institucionalizada por las autoridades españolas en la frontera de Ceuta y Melilla, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su informe Frontera Sur 2016.
“Existe realmente una cuestión de blancos y negros. Eso es política, se le da prioridad a algunos y no a otros. ¿Por qué la problemática se centra en algunas personas de color y no en las otras? La verdad es que ninguna persona negra va a pedir asilo porque no la van a dejar acercarse por el simple hecho de ser negra, mientras que si es siria… La oficina de asilo en la frontera es sólo para acallar a la gente. ¿Para qué abrir una oficina de asilo en la frontera si no puedo acercarme? Volved dentro de cuatro años a preguntar si un negro ha podido solicitar asilo. Todo esto es una gran mentira, esto no se resuelve así”, responden a los investigadores desde la Asociación de Guardias Civiles (AUGC).
Según el informe, hasta mayo de 2015, se produjeron 252 entradas de personas subsaharianas en Melilla: 134 por la valla -frente a las más de 2.200 del año anterior- y 118 escondidas en coches. En el caso de las personas sirias, las entradas se elevaron a 3.525, a través del puesto fronterizo. “Las oficinas de asilo en la frontera parecen constituir una manera adicional de criminalizar las migraciones subsaharianas, intentando demostrar que estas personas no pasan por las vías legales puestas a su disposición. Las autoridades españolas en el lugar no las consideran como personas necesitadas de una protección internacional y justifican así los rechazos en frontera”, sostiene Tyszler.
El estudio, que también destaca el bloqueo de las personas sirias y la violencia ejercida en la política de asilo, pone el acento este año en la institucionalización de la violación de los derechos humanos en las fronteras con España a la cabeza. “Cuando se han cumplido ya dos años de los sucesos de El Tarajal, que en febrero de 2014 acabaron con la vida de 15 inmigrantes como consecuencia directa o indirecta de la acción de las fuerzas de la Guardia Civil, nos asaltan las imágenes de las actuaciones policiales de enorme violencia contra los refugiados en Turquía, Grecia o en los Balcanes. De nuevo España marcó el rumbo de la ignominia. Las expulsiones a Turquía, por más maquilladas que estén, ya se habían patentado en España en forma de devoluciones en caliente”, afirma Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad de la APDHA.
En este proceso, además, las instituciones europeas y españolas han pasado de mantener una “apariencia” genérica de supuesto respeto de los derechos fundamentales -que la práctica reventaba- a abandonar esa máscara, reflexiona Carlos Arce, coordinador de Inmigración. «Desde la aprobación de la ley mordaza, que trata de dar cobertura legal a las conocidas como devoluciones en caliente, España reconoce abiertamente unas prácticas negadas sistemáticamente en el pasado y enarbola que éstas respetan estrictamente la legalidad nacional e internacional”, explica. Lo mismo ha ocurrido -señala Arce- con el acuerdo entre la UE y Turquía: intenta dar respaldo legal a las expulsiones.
Lara compara ese reciente pacto sobre las personas refugiadas al acuerdo de readmisión entre España y Marruecos de 1992: “Es a partir de 2006, con la llamada crisis de los cayucos cuando se generalizó el proceso de externalización: se puso en marcha el Plan África con un amplio despliegue diplomático para conseguir la firma de acuerdos de cooperación condicionada al control de sus fronteras por parte de países terceros africanos, así como acuerdos de readmisión de inmigrantes”.
Casi 200 muertos en su intento por llegar a España
Aun así, continúan llegando inmigrantes. Según las cifras de las que dispone la APDHA, en 2015 llegaron 16.111 personas a España, un 34% más que el año anterior. De ellas, el 23% eran menores: magrebíes no acompañados y subsaharianos de corta edad que venían con sus familias.
En la ruta de Canarias, que había dejado de ser utilizada, se ha producido también un incremento de interceptaciones: de las 296 de 2014 a las 874 de 2015. Casi el triple. La APDHA atribuye este aumento a la situación en el Sahel, la inestabilidad por la guerra y ataques terroristas de las rutas que atraviesan el desierto del Sáhara y la creciente inseguridad alimentaria en la zona.
Según el seguimiento efectuado por la organización, el pasado año murieron 195 personas intentando llegar a España, frente a las 131 contabilizadas en 2014: de ellas se localizaron 64 cadáveres y el resto quedaron desaparecidas. “Ciertamente esta cifra parecerá minúscula frente al inmenso drama que en 2015 se llevó la vida de 3.770 personas en el mediterráneo central y en el Egeo. Pero sigue siendo moralmente intolerable para un país democrático y respetuoso de los derechos humanos”, concluye Lara.
