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Isla Mayor rechaza la sentencia de especies invasoras: “Con el cangrejo rojo come un pueblo entero”

El pueblo sevillano vive en la incertidumbre después de que el Supremo haya prohibido la cría, posesión y comercialización de esta especie introducida hace más de 40 años. El sector mueve en torno a los 20 millones de euros. Los ecologistas piden un plan de reconversión.

Olivia Carballar

15 abril 2016 Una lectura de 5 minutos

Los cangrejos están a dos metros bajo tierra, señala Antonio Valdepérez desde su viejo coche. No hay agua en los arrozales. Están secos. “Mira, esos son los agujeros que hacen en busca de la humedad”, continúa conduciendo por los laberintos de Isla Mayor -la isla mínima de la película- como si fuera la palma de su mano. Nació allí hace 70 años. En el maletero guarda siete redes, aún sin terminar: “Ahora estamos cosiendo todos en la familia, aunque mi mujer anda un poco fastidiaílla. Unos 500 o 600 euros que nos gastamos para la temporada, que empieza a finales de agosto”. De lejos parecen cadenetas de feria pero, a medida que el coche se va acercando, las redes se hacen visibles sobre los cables del alumbrado, en los bares, en las tiendas, en los balcones y ventanas de las casas de este pueblo de Sevilla. «El Estero, con el sector del cangrejo», reza un cartel en un restaurante donde la mayoría de las mesas, un miércoles cualquiera, ha pedido arroz caldoso con colitas. «Esto es una ruina. El pueblo se vendría abajo. Aquí todo el mundo vive del cangrejo. Mi mujer trabaja en la fábrica», cuenta un camarero.

En la fachada del Ayuntamiento, donde Antonio se reúne con varios compañeros, las redes, vacías, también llevan varios días colgadas. «Que nos dejen comer. Aquí no hay medios para vivir y con el cangrejo come un pueblo entero«, pide Antonio Domínguez, 63 años. “Yo estoy pescando ahora anguila, pero voy a seguir pescando cangrejo mientras me lo compren», afirma Francisco García, 55 años. “No te lo van a comprar”, le responde Francisco Galera, de 57. Todas sus familias y unas 250 más viven de la pesca del cangrejo americano en esta localidad de 6.000 habitantes.

Varios grupos ecologistas -Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos- recurrieron un decreto del Gobierno sobre especies invasoras y ahora el Supremo les ha dado la razón. En una sentencia, prohíbe su cría, posesión y comercialización por considerar que supone una amenaza grave sobre las especies autóctonas, el medio ambiente y los hábitats y ecosistemas: «La introducción de esta especie ocasionó, además de la desaparición del cangrejo autóctono, la disminución de las poblaciones de invertebrados, anfibios y gran número de aves como la cercetas pardillas, las malvasías y los patos buceadores ya que el cangrejo elimina la vegetación acuática base de la alimentación de estas especies. También la pesca del cangrejo ha supuesto un importante impacto por muertes en las nasas de pollos de distintas aves acuáticas, de galápagos y culebras, y se ha llegado a dar por extinguido el galápago leproso en el Brazo del Este por este motivo”. Los ecologistas atribuyen a la pesca la base de la expansión invasiva y expansiva en numerosos arroyos, ríos y embalses de buena parte de la Península Ibérica.

“¿Pero qué especie autóctona? El cangrejo que dicen que es autóctono vino de Italia hace 300 años”, se enfada Antonio Domínguez. “Y el cangrejo rojo lo trajo aquí el Grau, un empresario, hace más de 40 años, en 1973”, afirma José Alcaraz, ya jubilado. “El cangrejo rojo es más español que los ecologistas”, concluye Antonio Valdepérez, que recuerda los tiempos en los que no había limitaciones en Doñana: “Yo tengo los papeles de cuando se podía pescar en todo el parque. En la época de Franco. Dos reales por kilo pagábamos”.

Arsenio Romero, hoy dueño de un vivero familiar que da empleo a unas 80 personas con la temporada a pleno rendimiento, nació después de la llegada de esta especie a Isla Mayor. Su padre, Antonio, lleva toda la vida pescando. Acaban de cargar un camión con destino a Europa. “Estos están en salsa de eneldo, que les gustan mucho a los suecos y a los finlandeses”, detalla la recepcionista de Seafood, con un par de envases en bandejas de plástico. “Aquí también hacemos precocinados, palitos, tortillitas de camarones…”, explica Antonio, visiblemente preocupado por el futuro de la empresa que creó con esfuerzo. “El cangrejo ya está dentro de la cadena. Las aves se alimentan de él. ¿Qué va a pasar si se deja de pescar? ¿Se va a fumigar? ¿Cómo?”, se pregunta.

Los ecologistas reconocen, no obstante, que la presencia del cangrejo benefició a las poblaciones de especies que lo han incluido en su dieta, como las cigüeñas y los ardeidos, fundamentalmente las garzas. Y piden un plan de reconversión a la Junta de Andalucía: “Son las administraciones las que tienen que trabajar por conjugar los derechos constitucionales al trabajo y a vivir en un medio ambiente saludable, que no es aceptable ni afectar a la naturaleza por razones económicas ni poner como excusa la conservación de la naturaleza para justificar no tomar medidas a favor del empleo. Los habitantes del bajo Guadalquivir tienen derecho a empleos dignos en su territorio, y hacerlo sin afectar al medio ambiente”.

20 millones de euros al año

Los cinco viveros del pueblo, que facturan unos 20 millones al año y generan unos 200.000 jornales según sus cálculos, han pedido al Constitucional que declare nula la sentencia. “Primero, porque no se ha contado con el sector. Y segundo, porque la sentencia es un error. Son ecologistas de corbata que han convencido a unos jueces desde el desconocimiento”, explica Arsenio, que insiste en que lo fundamental es que el cangrejo rojo no hace daño: “Es una especie que está controlada porque nosotros llevamos dos años y medio sin poder abastecer todo lo que nos piden”. En el sector, sobre todo, existe miedo a la incertidumbre: gastar dinero en los preparativos de la campaña sin saber qué va a ocurrir. “Si esto se confirma, nosotros tendremos que coger los bártulos y tirar para Portugal, donde no existe industria”, asegura Arsenio. La mayor parte de la producción va al extranjero, sobre todo, a Estados Unidos. “Ya me han pedido hasta de China y algunos clientes nórdicos me han llamado preocupados. Es que aquí hemos pasado la crisis muy bien”, añade. Su padre matiza: “Es que aquí no ha habido crisis”.

Todas las administraciones -el Estado, la Junta y el ayuntamiento- han mostrado su respaldo al sector. “El dentista me decía el otro día, mira, Juan, es que hasta a mí me va a afectar esto, porque la gente no va a venir a arreglarse los dientes”, cuenta el alcalde, Juan Molero (PSOE), en una sala llena de fotografías de pescadores en blanco y negro. “Y el taller, con lo que se averían los coches, y el bar y las tiendas…”, relata José Alcaraz. “Este es un sector muy padecido, lleno de gente obrera que se queda sin trabajo y recurre a la pesca”, resume José Antonio Muñoz, de 62 años. Francisco Galera coge su móvil y muestra la foto de su hijo pescando: “Yo tengo un hijo de 32 años y una hija de 28, que pela colitas en la fábrica. Si nos quitan el cangrejo, nos tendremos que ir todos de la isla”.

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#pesca

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20 millones de euros al año

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