JESÚS RODRÍGUEZ // La incesante concatenación de versiones oficiales de los hechos -contradictorias entre sí- en relación al caso Ester Quintana la han convertido en la actuación más controvertida de la historia de los Mossos d’Esquadra, más aún si nos atenemos a las destituciones, dimisiones y relevos en la cadena de mando policial que se han derivado. Tres años y medio después de que una bala de goma impactase en su ojo izquierdo -según mantienen la fiscalía y la acusación particular- los dos policías presuntamente involucrados en la agresión se sientan en el banquillo de los acusados.
La sección tercera de la Audiencia de Barcelona es el escenario en el que durante tres semanas veremos pasar a los principales testigos de la acusación, el conjunto de antidisturbios de intervinieron en aquel operativo y toda la cadena de mando, incluyendo al exdirector general Manel Prat, quien lo hará el 18 de abril si se mantiene el calendario previsto. Marta Marquina, fiscal del caso, considera que se produjo una imprudencia grave pero no voluntaria -es por eso que pide dos años de prisión-. Las abogadas Laia Serra y Carla Vall, en representación de Ester Quintana, argumentan que el autor del disparo y su superior jerárquico eran conocedores de las graves consecuencias de disparar y por eso solicitan hasta nueve años de prisión.
El juicio servirá para dirimir las responsabilidades penales, no las civiles, ya que la aseguradora de la Generalitat de Cataluña optó por indemnizar a Quintana con 260.000 euros, como muestra de «buena voluntad» antes de la vista oral. El resarcimiento económico de las víctimas es una obligación ejecutiva del Gobierno aprobada por el Parlamento de Cataluña ahora hace dos años, pero a día de hoy sólo se ha materializado en los casos Quintana y Nicola Tanno.
La estrategia de defensa de Olga Tubau y Lidia Lajara -abogadas de los policías, implica reconocer que Quintana fue lesionada por un proyectil disparado por la policía, pero que los autores materiales del disparo no son el subinspector Eduardo Casas Pascual ni el escopetero Llorenç Benjumea Blanco, sino que se trataría de un tercer agente que realizó un disparo con una escopeta de proyectiles de foam y no con una escopeta de balas de goma.
Esta tesis es precisamente la que descartó el conseller Felip Puig durante su tercera y última comparecencia parlamentaria en relación a los hechos, el 13 de diciembre de 2012: «Los proyectiles de foam en ningún caso ni por la hora ni por el lugar pueden haber causado una lesión a una persona que se encontraba antes de las 20.52 horas, que es cuando entra en el registro del 112 una llamada notificando esta situación de emergencia, entre la Gran Via y la calle Casp en la calzada central del Passeig de Gràcia», aseguró Puig. El entonces conseller de Interior entregó a los grupos parlamentarios un detallado informe de todos los proyectiles de foam disparados por los Mossos d’Esquadra la noche del 14 de noviembre de 2012, porque, según el, estos proyectiles -a diferencia de las balas de goma- iban «numerados y precintados», y no era posible que se disparasen sin que quedase un registro.
La estrategia para exculpar a los antidisturbios implica asumir que se disparó un proyectil no contabilizado entonces, un extremo que desmentirían por enésima ocasión las palabras que Felip Puig pronunció en sede parlamentaria. El caso Quintana puso contra las cuerdas a los mandos policiales y políticos del departamento de Interior, hasta el punto de producirse destituciones y dimisiones. Sergi Pla fue fulminado de su plaza como comisario general de Recursos Operativos y trasladado a la Región Policial Central, con sede en Manresa. Manel Hermida, legendario inspector de la Brigada Mòbil que destacó por su contundencia en el marco de las manifestaciones contrarias al plan Bolonia y durante el desalojo de la acampada indignada de plaza Cataluña fue reemplazado por el subinspector Marc Caparrós, quien recibió el encargo de reorganizar de arriba a abajo la Brigada Mòbil. Manel Prat, director general de la Policía, presentó la dimisión al día siguiente de que se iniciase la operación fallida de desalojo de Can Vies.
Felip Puig, a pesar de todo, no fue destituido, pero sí apartado del departamento de Interior en la pasada legislatura y del conjunto del gobierno en el actual. Josep Lluís Trapero, comisario en jefe de los Mossos d’Esquadra, recientemente ha reconocido de manera explícita la autoría policial de la mutilación de Ester Quintana, pero sin poder concretar cuáles serían el arma y el policía que dispararon. Este lunes 11 de abril se resolverán las cuestiones previas del juicio y se visionarán los archivos que conforman el principal material probatorio audiovisual del caso. Ester Quintana prestará declaración el martes 12 de abril y al día siguiente lo harán los testigos. Del 18 al 20 de abril testificarán -con la obligación legal de decir la verdad- una veintena de policías que viajaban la noche de los hechos en las furgonetas E-40, E-403 y E-414 de la unidad 4 de la Brigada Mòbil.
Todos ellos estuvieron en la confluencia del Passeig de Gràcia y la Gran Via de les Corts Catalanes entre las 20.48 y las 20.50 horas, el momento exacto del impacto en el ojo de la vecina de la Verneda. El 25 y el 26 de abril se presentarán los informes periciales, uno de ellos realizado por los Mossos d’Esquadra y uno complementario elaborado por la Guardia Civil. Si se mantiene el calendario previsto, el juicio quedaría visto para sentencia el 27 de abril.
[Artículo publicado originalmente en catalán en La Directa]
