“El sector eléctrico es un sector que no funciona bien en manos privadas”. Desde luego, el exceso de centrales de ciclo combinado instaladas en España, las continuas subidas de la factura de los suministros energéticos y el aumento del número de familias con dificultades para pagarlos son una buena confirmación de la afirmación inicial, sobre la cual cada vez hay más consenso en nuestro país. Sin embargo, el entrecomillado corresponde a declaraciones de un antiguo ejecutivo de una de las grandes eléctricas alemanas, en noviembre de 2015. Un poco antes, en mayo de 2015, leíamos el siguiente titular: “RWE, camino de convertirse en propiedad del Estado”. RWE es la segunda eléctrica más grande de Alemania, y efectivamente en el artículo citado se discute su nacionalización.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? (1) El hecho que disparó todas las alarmas fue el compromiso del Gobierno alemán de cerrar todas sus centrales nucleares antes del año 2022, como parte de su plan de transición energética (Energiewende). Esa decisión, tomada en 2002, revertida en 2010 por una recién elegida Merkel, y retomada un año más tarde tras el desastre de Fukushima, suponía limitar la vida de las centrales nucleares alemanas a 32 años. No obstante, no son los plazos -una decisión política (con base técnica)- el origen de todos los problemas, sino un aspecto intrínseco a una central nuclear: que antes o después hay que cerrarla y desmantelarla. Un proceso que resulta extremadamente complejo y caro.
No existen estimaciones completamente fiables sobre cuánto costará desmantelar el parque nuclear alemán. Las compañías eléctricas alemanas dan cifras de entre 1.000 y 2.000 millones de euros (M€) por cerrar una central nuclear, un proceso que dura décadas (2). Sin embargo, eso es sólo una parte del coste del apagón nuclear, puesto que hay que hacerse cargo de los residuos radiactivos: almacenarlos temporalmente, buscar localizaciones para depósitos definitivos, construir estos, llenarlos y mantenerlos durante mucho tiempo. Una de las últimas estimaciones del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación, Construcción y Seguridad de los Reactores es un coste total de 65.000 M€ para todo el parque nuclear alemán. De ellos, 40.000 M€ corresponden a desmantelamiento de las centrales, almacenamiento temporal y transporte posterior, 15.000 M€ a los almacenes de residuos de baja y media actividad y 10.000 M€ a los almacenes de residuos de alta actividad. Se tratan de estimaciones muy complicadas: en palabras de investigadores del DIW (Instituto Alemán de Investigación Económica), “falta tanto experiencia técnica como económica para valorar cuánto costará realmente el desmantelamiento de las centrales nucleares”.
¿Quién va a pagar esa inmensa cantidad de dinero? Los citados 65.000 M€ se repartían entre el estado federal, propietario de algunas de las centrales, y eléctricas privadas; de los 40.000 M€ asociados a desmantelamiento, almacenamiento temporal y transporte de residuos, 34.000 M€ corresponderían a las eléctricas privadas (principalmente E.ON, RWE, Vattenfall y EnBW). Éstas, para cumplir con sus obligaciones, han ido ahorrando hasta 38.000 M€ de sus ingresos anuales (ingresos que vienen de los consumidores de electricidad, obviamente). Sin embargo, la incertidumbre sobre cuánto tendrán que pagar finalmente las eléctricas es alta, y los tests de stress realizados hace medio año a instancias del Ministerio de Economía manejaron escenarios con costes entre 25.000 y 77.000 M€: las provisiones realizadas por las compañías serían suficientes para el escenario más optimista, pero no lo serían en absoluto para los más pesimistas.
Aunque tanto las compañías como el Ministerio decidieron interpretar públicamente estos resultados como positivos, sus acciones apuntan en otra dirección. Las eléctricas llevan tiempo proponiendo la creación de una fundación pública a la que transferirían los 38.000 M€, quedando el Estado como responsable único de los residuos. Esta propuesta da una idea de cuál de los escenarios anteriores es visto como más probable por las compañías, y por el mismo motivo el estado alemán se resiste a aceptarla. Pero ni siquiera esta alternativa resultaría fácil para las propias compañías: RWE, por ejemplo, debería trasferir 10.000 M€; su valor en bolsa (en continua caída desde Fukushima, igual que el de otras empresas del sector) es sólo ligeramente superior a esta cantidad. Es en este contexto donde se empezó a hablar de nacionalización, como contraposición al rescate que significaría hacerse cargo de los residuos. Cerrada por un tiempo esa vía, compañías como E.ON trataron de separar de la empresa matriz las actividades nucleares, a lo que el Ministerio de Economía alemán tuvo que reaccionar con una ley destinada explícitamente a impedir que las reestructuraciones de las empresas les permitan librarse de su responsabilidad nuclear.
En la actualidad existe una comisión, formada por técnicos y abogados de los partidos de gobierno y oposición y sindicatos, estudiando el asunto; sus conclusiones se harán públicas este mes de abril (si no hay nuevos retrasos, ya que la anterior fecha prevista era febrero). Aunque las reuniones no son públicas, los borradores filtrados apuntan a que habrá fundación pública y los hipotéticos sobrecostes del cierre nuclear irán a cargo de los contribuyentes alemanes. Obviamente, a estas filtraciones han seguido subidas en bolsa de las eléctricas en cuestión.
Pero, más allá del caso alemán, no hay que olvidar que estamos hablando de un problema mundial: de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, 200 reactores cerrarán de aquí a 2040. También el Reino Unido y, especialmente, Francia, tienen un extenso parque nuclear que cerrar. Consultoras como Capgemini, en su informe anual sobre mercados eléctricos, han denunciado la falta de transparencia en la estimación de costes: por ejemplo, Reino Unido estima unos costes totales (3.400 M€) algo menores a Alemania (4.700 M€, incluyendo almacenamiento definitivo) por reactor cerrado; Francia, la cuarta parte (1.200 M€).
¿Y España? El peso de la energía nuclear en la última década en España ha sido comparable al que ha tenido en Alemania, generando consistentemente alrededor del 20% de la electricidad demandada anualmente. En España existen cinco centrales nucleares activas, con un total de 7 reactores y con una antigüedad de entre 28 y 35 años, a las que hay que sumar Garoña. Estas centrales cerrarán antes o después: si no se renuevan sus permisos de explotación, la mayoría a comienzos de la siguiente década. Las cifras que hemos manejado en este artículo son espectaculares (y cuestionan seriamente otra vez el lugar común de que la energía nuclear es barata). Son de hecho comparables a las del rescate bancario español, así que cabe preguntarse por cuáles son los planes en España. Al fin y al cabo, ya tuvimos que rescatar a las empresas eléctricas privadas (3) en los años ochenta, debido precisamente a los excesos que cometieron al planificar y construir el parque nuclear español. La electricidad española es cara desde entonces, y estas mismas centrales han obtenido después enormes beneficios caídos del cielo. Que, después de todo esto, hubiera que rescatarlas una vez más sería ya triplemente escandaloso.
José Luis Velasco es miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaboran con el Círculo Economía, Ecología, Energía de PODEMOS.
