El 14 de abril, el Parlamento Europeo votará sobre una nueva directiva de la Comisión Europea que pretende proteger a las empresas del espionaje industrial pero que, en la práctica, podría convertirse en un arma para demandar a periodistas y cualquier persona que revele y difunda información secreta. Medio centenar de organizaciones civiles, como Attac, Corporate Europe Observatory, Lobbycontrol, Transparency International France, Tax Justice Network o Xnet, han hecho un llamamiento a los eurodiputados para frenar un plan que consideran una amenaza para la libertad de expresión y el control democrático del sector privado.
Esta medida también va en línea con los requerimientos del acuerdo de libre comercio entre la UE y EEUU, más conocido con sus siglas en inglés TTIP. Al otro lado del Atlántico se está trabajando en algo parecido.
La «Directiva sobre la protección de conocimiento no revelado e información comercial (secretos industriales) contra su adquisición, uso y revelación ilegal» ya sólo requiere de la luz verde de la Eurocámara. El propósito original de la Comisión Europea era armonizar las diferentes leyes en los países miembros que protegen a las empresas del robo de información sensible, un problema que provoca daños considerables para la industria. Sin embargo, los abogados del lobby industrial que han asesorado a Bruselas para elaborar la directiva han logrado que el texto final sea lo suficientemente ambiguo para que la ley pueda ser usada también contra medios de comunicación, o empleados que revelan secretos, en opinión de los firmantes del documento contra la directiva.
El principal problema para los críticos es que la definición de «secreto industrial» es muy vaga. Las condiciones que se esbozan en la directiva son que la información no sea «conocimiento común o fácil de acceder para personas en los ámbitos donde se suele trabajar con información de este tipo», que «tenga valor comercial porque es secreta» y que la empresa en cuestión haya tomado «medidas razonables para mantenerla en secreto». Informes internos sobre abusos o malas prácticas de una compañía, que pueden tener interés general (como por ejemplo el fraude de las emisiones de Volkswagen) se adaptarían perfectamente a esta definición.
La Comisión es consciente del peligro que supone la medida para el llamado Cuarto Poder y, por ello, se especifica que la directiva «no debe afectar al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información tal como está establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluyendo el respeto para la libertad y la pluralidad de los medios de comunicación».
Pero en opinión de los críticos esa garantía no es suficiente. «Las empresas tendrán el derecho de demandar a cualquiera que publique informaciones que ellas consideran como secreto industrial y será el juez quien tendrá que ponderar entre este derecho económico y el derecho a informar de los periodistas», se comenta en el mencionado llamamiento contra la directiva. Los periodistas y sus medios, pues, quedarían expuestos al peligro de acabar atrapados en largos y costosos proceso legales cuyo desenlace depende del criterio del juez o jueza. «El acoso judicial de empresas privadas e individuos adinerados contra los medios con las leyes anti-difamación ya es muy extendido. La protección de secretos industriales será un argumento adicional en los procesos», razona el documento.
La directiva se dirige también contra los posibles informantes: los famosos whistleblowers –normalmente empleados de una empresa- que se atreven a levantar la alfombra para que se conozcan abusos. Ahí está el caso de «LuxLeaks» en 2014, cuando un grupo de periodistas de investigación sacó a la luz la colaboración entre el Estado de Luxemburgo y muchas multinacionales para que éstas pudieran eludir el pago de impuesto en los países donde operan. La noticia se basó en documentos secretos filtrados desde la consultora PriceWaterhouseCoopers, que, como sus competidores, obtiene un suculento negocio de diseñar para sus clientes sofisticados sistemas para reducir su carga tributaria gracias a los paraísos fiscales. PwC ha demandado a dos exempleados y al periodista francés Edouard Perrin por el caso LuxLeaks.
Es en Francia donde la campaña contra la directiva sobre secretos industriales es más fuerte -el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) está entre los firmantes de la petición-, porque hay precedentes. A principios del año pasado, la presión de los periodistas y organizaciones civiles logró que el gobierno socialista retirase el plan de castigar la publicación de secretos industriales, conseguidos sin autorización del ente afectado, con multas de hasta tres años de prisión y 375.000 euros. Fue una gran victoria para la libertad de expresión, aunque quizás sólo fuera temporal, en el caso de que el Parlamento Europeo dé el visto bueno a la nueva directiva.
