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Lo que nos cuentan de las pensiones

"Es la lógica de la austeridad, que reduce cotizantes y cotizaciones, la que pone en verdadero peligro nuestro sistema de pensiones", sostiene la economista.

Bibiana Medialdea

26 febrero 2016 Una lectura de 3 minutos

El sistema público de pensiones ha de garantizar unas condiciones de vida mínimas para todas las personas, independientemente de que alguna contingencia (como la jubilación) limite su capacidad para generar ingresos. Es un elemento central del Estado de bienestar, un mecanismo de cohesión social y solidaridad intergeneracional elemental que pocos se atreven a cuestionar abiertamente. Sin embargo, en las últimas décadas la oportunidad de negocio que ofrece la cobertura de esa necesidad se ha convertido en un filón apetitoso. Como siempre, entre el derecho y el negocio surge un inevitable conflicto, que hay que tomar en cuenta para entender el diagnóstico y las reformas de pensiones que se proponen en nuestro país.

Así se entiende, por ejemplo, que instituciones nacionales e internacionales reiteren mensajes alarmistas sobre la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones ¿Los responsables de su sostenimiento proclamando la inminente quiebra del sistema? ¿Acaso hacen alarde de su incompetencia? ¿Reconocen el fatídico efecto de sus propias políticas? Más bien se dedican a generar un miedo que se convierte en contrataciones de planes de pensiones privados, a la vez que legitiman su subvención con dinero público, fundamentalmente vía incentivos fiscales.

Con este objetivo, lejos de la presunta objetividad de las comisiones de “expertos”, se difunde un discurso sencillo y falso que logra el estatus de verdad incuestionable. En síntesis, se apoya en el siguiente axioma: la creciente proporción entre personas jubiladas y personas en activo, junto con la también creciente esperanza de vida, determina la insostenibilidad del actual sistema público de reparto. Es imposible que cada trabajador pueda financiar las pensiones de cada vez más jubilados que además viven cada vez más años. La única alternativa, sigue el discurso oficial, es asumir un recorte en las prestaciones, tanto en su importe como en su duración (retraso de la edad de jubilación). Una lógica aparentemente aplastante, pero falsa.

La secuencia se plantea como si de un asunto técnico (irrefutable) se tratara. Las cuentas no cuadran, no hay margen de decisión. Dos más dos son cuatro, y punto. Pero es tramposa porque obvia un dato decisivo: a lo largo del tiempo la productividad aumenta; está ampliamente constatado que en las últimas décadas lo ha hecho en los países desarrollados. Por tanto, cada trabajador genera cada vez más riqueza, por lo que la proporción de pensionistas a las que puede financiar no se mantiene constante, sino que crece. Pequeño detalle…. Obviarlo, supone eludir la discusión sobre a qué se dedican los incrementos de la productividad, si a aumentar la participación de los beneficios empresariales, como viene sucediendo, o por ejemplo a ampliar las cotizaciones que sostienen el sistema. Defender que el sistema público de pensiones es por naturaleza insostenible supone ocultar el conflicto distributivo subyacente, resolviéndolo a favor de una minoría social.

En la misma línea, se identifican mecánicamente los desequilibrios en el sistema de pensiones con un exceso de los gastos. “Fortalecer la viabilidad del sistema” es, siempre, reducir el gasto.
Por ejemplo, en los últimos años se viene registrando un desacople sistemático entre ingresos y gastos: desde 2011 las cotizaciones son insuficientes para pagar las pensiones, por lo que se ha ido reduciendo el Fondo de Reserva (ha pasado de 66.815 millones a finales de 2011 a 32.485 al cierre de 2015). En vez de asumir directamente, como hace el Gobierno y Bruselas, que esta situación obliga a recortar las pensiones, lo lógico es cuestionarnos: ¿El consumo de reservas se debe a un gasto excesivo o a unos ingresos insuficientes? Los datos no apuntan, de ningún modo, a un gasto excesivo.

Según Eurostat, el gasto público en pensiones sobre el PIB en España está más de dos puntos porcentuales por debajo del promedio de la UE, lo que supone que la pensión contributiva media anual en nuestro país esté en torno a un 25% por debajo de la europea, y que la no contributiva suponga casi un 50%. La raíz del problema, por tanto, está en la escasez de ingresos: el desempleo, la política de devaluación salarial, así como las múltiples medidas que rebajan las cotizaciones empresariales, son los elementos que minan las bases financieras del sistema. Es la lógica de la austeridad, que reduce cotizantes y cotizaciones, la que pone en peligro nuestro sistema de pensiones.