Cuando escuchó decir a un diputado del PP que la ley de memoria es innecesaria, casi se pone a gritar. Gabriel Fernández asistió este miércoles al debate de totalidad de la ley de memoria andaluza. Tiene 86 años y una carpeta llena de recortes de prensa y fotografías. En algunas está su padre, Juan, asesinado cuando él era un niño. En otras, él mismo, ya mayor, acompañado de distintos políticos. «Ahí está, cómo se puede ser así», dice en la cafetería del Parlamento con la mirada fija en Juan Ramón Ferreira, el diputado del PP que intervino momentos antes en el pleno.
«Rechazo sin paliativos el régimen del general Franco y apoyo a las víctimas. Pero hay votantes, también de izquierdas, que ven innecesarias las leyes que despiertan rencor. ¿Cómo traéis aquí la derogación de la ley de amnistía? Si hasta Zapatero dijo que formaba parte del ADN de la democracia?», preguntó Ferreira al PSOE. «Venga ya, hombre», se escuchaba en la tribuna de invitados. «Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Nosotros los comunistas hemos enterrado nuestros muertos y nuestro rencores. ¿Quién se siente con autoridad moral para revisar eso que dijo Marcelino Camacho?», cuestionó Ferreira a Izquierda Unida. Aun así, la ley sigue su curso parlamentario sin ninguna enmienda a la totalidad.
«Mira cómo estamos, esto ya no sirve, qué va a pasar, con 86 años que tenemos ya», susurra Paco Matarán, cansado de pelear. A él le asesinaron a su padre, maestro, por retirar un crucifijo de la escuela. ¿Qué le ha parecido el debate? Mueve de un lado a otro la cabeza sin hablar, como el que ya nada espera. La ley, una de las normas que quedaron en el aire tras la ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE e IU, acumula un par de años de retraso desde la aprobación del anteproyecto, en marzo de 2014. «Es nuestra obligación mirar al pasado y asentar una verdadera cultura democrática. Tenemos una oportunidad histórica», destacó la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de cuyo departamento dependen ahora las políticas de memoria.
En la tribuna de invitados, el exvicepresidente Diego Valderas atendía sin pestañear. «Estoy emocionado, es un proyecto con mucho sentimiento y una carga de profundidad histórica», afirmó al lado de la presidenta andaluza, Susana Díaz. Ambos pasearon este miércoles por el Parlamento como en los viejos tiempos del pacto. En la sala de usos múltiples, mezclados de nuevo los diputados del PSOE y los diputados de IU, expresaron a familiares de víctimas y miembros de asociaciones su máximo apoyo. «Hoy hemos dado un paso importante. No es una ley de un gobierno ni de un partido, es una ley del trabajo de muchos de vosotros, de quienes hace muchos años hablabais de una ley de memoria histórica», afirmó Díaz.
Más allá de la ley estatal
Con la futura norma, sustentada en las recomendaciones de la ONU, será la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, la que asuma como una política pública las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las asociaciones y familiares. En los últimos años, han sido exhumadas 3.600 víctimas en más de 70 intervenciones, según los datos aportados por la consejera de Cultura. En Andalucía hay más de 600 fosas localizadas. Este aspecto, que es el que venían reclamando durante años familiares y asociaciones no termina de convencer a algunas personas que integran el movimiento memorialista. «Estoy en contra porque deja fuera del proceso a los familiares», insiste Paco Pimentel, que protagonizó en noviembre de 2014 una huelga de hambre a las puertas del cementerio de Ronda (Málaga).
Más avanzada que la ley estatal de 2007, la ley abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia. Ninguna de estas dos ampliaciones gusta al PP: «Es un disparate, Franco murió en el 75», alegó el diputado Ferreira.
La norma también obligará a las administraciones a retirar los símbolos franquistas -también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público- y eliminará las razones artísticas que la ley de Zapatero admitía para mantenerlos, que es lo que ocurrió con el polémico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros. La ley también incluirá en el currículo escolar la memoria histórica, que no será una asignatura específica.
Esa será otra de las cuestiones por las que el PP no pasará: «Rechazamos el intento de incluir en primaria, eso y bachillerato un contenido controlado desde el poder político». La diputada de IU Inmaculada Nieto, que incidió especialmente en la importancia de la educación y en lo inaudito que resulta tener tiradas en las cunetas a decenas de miles de personas que defendieron la República, recordó al PP, con una bandera en la mano, que ya es hora de que empiecen a hablar de ella como un icono constitucional y democrático. Desde el PSOE, la María Márquez mencionó varias barbaridades lanzadas por miembros del PP: «Buscan excusas para no mirarse en el espejo de la historia», espetó la diputada socialista.
Ciudadanos mostró su apoyo a las víctimas, pero sin desprestigiar ni menospreciar la transición: «En ese debate no nos van a encontrar. No nos vamos quedar atrapados en el pasado», defendió el diputado Sergio Romero. Podemos centró su intervención en las críticas al Gobierno de Susana Díaz por enmarcar la ley en Cultura y Patrimonio Histórico, en vez de hacerlo en Justicia: «Las víctimas serían objetos arqueológicos«, denunció Lucía Ayala.
Para Cecilio Gordillo, un referente en el movimiento memorialista, el debate parlamentario fue pobre: «Aunque al menos ya sí se contempla en la tramitación la participación de asociaciones y familiares». Otras asociaciones, como la Unidad Cívica Andaluza por la República consideran que la ley comienza a satisfacer «las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad». Gabriel y Paco terminaron su café en el bar del Parlamento y pusieron rumbo a Granada.
